viernes, marzo 27, 2015

Un rápido vistazo a la situación de las ONG y las familias colombianas

Un rápido vistazo a la situación de las ONG y las familias colombianas


Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magíster en Ciencias Sociales
Magíster en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano


  
Decíamos en la presentación del Balance Social del 2012: “En los tiempos que corren hay un consenso generalizado  en el mundo de las ONG: estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cambio tanto en el entorno como de puertas para adentro”. Hoy, año 2015, la situación no se ha despejado, todo lo contrario, se ha vuelto más compleja.  El entorno se ha vuelto cada vez más hostil, menos habilitante para el desarrollo y funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales, en especial las que denominamos de “primer piso”, que son las que atienden en forma directa a las personas, familias, grupos y comunidades.

Relación con el Estado:

Para el Estado las ONG solo existen como “operadoras contratistas”, así las denomina, cuya único objeto es ejecutar programas y proyectos oficiales, presupuestos, suministrar bienes, servicios, elaborar listas de asistencia y presentar informes detallados a los interventores. Para la obtención de los recursos públicos las ONG se deben someter a licitaciones que ponen en riesgo la situación financiera, a convenios de asociación que demandan contrapartidas en dinero, a criterios de desempate donde lo decisivo es quien ofrezca la mayor contrapartida, al no reconocimiento de la trayectoria y experticia, a comenzar siempre de cero, a la competencia desigual con universidades y cajas de compensación, a tener que dar la cara a las comunidades ante la falta de pago oportuno del ente gubernamental, a realizar alianzas con organizaciones que, sin tener conocimiento del objeto, solo aportan patrimonio y liquidez, y, lo más grave de todo: a firmar contratos laborales precarios y mal pagos a los empleados que ejecutan los proyectos gubernamentales.

Y en el activismo desesperado por la búsqueda y consecución de contratos nos hemos olvidado de  asuntos tan importantes como la gestión del conocimiento, de la evaluación, de la gestión humana, de los riesgos sicosociales de los equipos profesionales  y del bienestar laboral al interior de nuestras organizaciones.  Como decían antaño los mayores: nos hemos convertido en “farol de la calle,  y oscuridad de la casa”. La paradoja absurda de todo esto es que para cumplir con los fines nobles de la solidaridad debemos acudir a los medios despiadados de la competencia y el mercado.

Y el estado de cosas descrito se agrava a al no contar con un gremio fuerte en lo nacional, lo regional y lo local.  Pocas organizaciones, de las miles y miles que están reportadas, están afiliadas, son conscientes y activas de la importancia de reunirse, de tener una voz colectiva, de demandar del Estado el mandato constitucional de reconocer y fortalecer la gestión de las organizaciones sociales.  No ha sido posible que el Estado central, que el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín legislen y establezcan una política real de apoyo y fortalecimiento no solo a las ONG sino a todas las organizaciones de la sociedad civil. Como tampoco ha sido  posible establecer tanto con la Alcaldía de Medellín  como con la Gobernación de Antioquia una Mesa Permanente de Entendimiento.  Para el Estado contratista son iguales una empresa de obras civiles que una organización social, teniendo ventaja la primera por cuanto  el Estado no le exige contrapartida y le reconoce, sin justificaciones, el justo derecho a percibir una utilidad.

Otro aspecto del entorno no habilitante en el cual las ONG desarrollamos nuestra gestión es la percepción, parcialmente cierta, que tiene el Estado del abuso de la figura de entidades sin ánimo de lucro para crear fundaciones, de origen personal, familiar y empresarial, que tienen como fin evadir impuestos y hacerle trampas al fisco:

“El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el Gobierno Nacional presentará el 20 de Julio de 2015 un proyecto de ley que busca “poner en cintura” a las entidades sin ánimo de lucro ESAL que utilizan esa figura para evadir impuestos”.

“El estimado que existe es que ese sector sin ánimo de lucro recibe ingresos anuales por $130 billones y paga impuestos por $200 mil millones, esa es una tarifa del 0.15%.”, afirmó al concluir su intervención en las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República.  (Revista Dinero: 11/12/2014)

Y lo que dice el señor Ministro es cierto. A falta de una política de auto regulación y de una acción limitada de inspección, control, vigilancia y sanción sobre los miles y miles de ESAL en el país, el Estado se ve obligado a tomar medidas extremas donde, como siempre ocurre, pagaran justos por pecadores, a pesar que el Ministro ha expresado que “se mantendrán las que hacen bien su trabajo”.  Ya está nombrada una comisión de notables expertos para que estudien y recomienden un proyecto de reforma al régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro que hasta la fecha nos rige.  ¿Y que pueden recomendar estos notables? Pueden recomendar, por ejemplo, la creación de una Superintendencia de Entidades sin Ánimo de Lucro, a semejanza de la creada recientemente para las instituciones de educación superior, a raíz de los escándalos, fraudes y manos manejos de los directivos de algunas universidades privadas. Ya los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, han manifestado su inconformidad. ¿Qué riesgos hay en una medida como esta?  Una. En mi concepto muy grave, la pérdida de autonomía y libertad de acción al hacernos exigibles, en forma permanente y periódica de informes y visitas de funcionarios públicos en nuestras instalaciones.  Toda organización quedará bajo sospecha y deberá dedicar más tiempos y recursos a responder a  las innumerables y crecientes medidas que se inventen dichos funcionarios, so pena de desviaciones de poder, tener que pagar multas, y sanciones por inexactitudes o faltas a la debida diligencia.  Ante el aumento del déficit fiscal el Gobierno ve en  que las entidades sin ánimo de lucro un sector para aumentar el recaudo tributario. ¿Y si gravan con más tributos a las ONG de segundo piso, o sea a las que cofinancian, vía donación, nuestros programas y proyectos? ¿Y si se reduce o elimina el beneficio tributario por donaciones del sector empresarial a las ESAL? El resultado no será otro que la disminución en la cuantía de los ya escasos recursos disponibles para operar y financiar programas y proyectos. El panorama no es, pues, alentador. Característica histórica del Estado Colombiano es la de ser “fuerte con el débil y débil con el fuerte”. Ya estamos notificados…

Relación con los medios de comunicación, la Opinión Pública y las redes sociales:

Otra condición no habilitante y de la cual los primeros responsables somos las ONG es la percepción, otra, que tienen los medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad sobre nuestro que hacer.  Si bien hemos tomado la iniciativa y dado  ejemplo con la implantación de la buena práctica de la rendición pública de cuentas esta ha sido hasta ahora insuficiente y no acogida en su totalidad por todas las ONG, federadas o no.  Buena práctica que no vemos replicada por otros sectores de la sociedad. Como el Estado nos invisibiliza en los contratos ante las comunidades estas solo ven los logos de las entidades oficiales en los chalecos por cuanto el nombre del operador no puede mencionarse y mucho menos aparecer.

Las buenas noticias que generamos no impactan a los medios oficiales de comunicación, no merecen ningún titular, cuando más una nota “humana y social” en los minutos finales de algún noticiero.  Tampoco acudimos, en forma masiva, a las nuevas herramientas de las tecnologías de información para informar, para dar a conocer el trabajo en pro de las comunidades.  No reaccionamos a tiempo y con contundencia ante las generalizaciones y los ataques de nuestros contradictores público-privados.  La respuesta más común es el silencio, silencio que siempre otorga…De ahí que sea tan bajo el reconocimiento y la credibilidad que la ciudadanía y la opinión pública nos otorga. 

Relación con la cooperación internacional al desarrollo:

Un hecho más que agrava el entorno no habilitante es en el cambio de orientación de la cooperación internacional.  Sabido es que Colombia ya está clasificado en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas como un país de de desarrollo medio alto en cuanto ingresos.  Ya no somos considerados como un país receptor sino más bien como donante.  Este no es el único cambio. Resulta que las agencias de cooperación y las ONG donantes del primer mundo han establecido que los recursos disponibles para el desarrollo, ya menguados por cierto, no son un “bien público” sino un “bien meritorio”.  Ya no es suficiente con que el proyecto sea pertinente y se adecue a los intereses y deseo del cooperante. No. Ahora hay que competir con los pares.  Hay que someterse a criterios de eliminación, a que competir, a muerte, para ser merecedor de la ayuda. Concursar por méritos es la nueva política para acceder a recursos de la cooperación internacional.  Muchos los llamados, cientos, miles los que concursan, solo uno es el escogido…

Relación con el gobierno corporativo:

¿Y, ante este panorama tan inquietante, en que andan gran parte de los Consejos, de las Juntas  Directivas, de las direcciones ejecutivas, lo que se conoce como el gobierno corporativo de las ONG colombianas?  Andan sin norte, extraviadas, transitando rumbos perdidos.  En busca de la rentabilidad económica per-se, olvidan, subvaloran la rentabilidad social. Creen que es más importante blindar la organización de todo avatar económico que cumplir la misión y preservar los valores y principios misionales.  No alcanzan a comprender el alcance, la dirección siniestra  de las aguas turbulentas que corren  hace rato.  No aprecian, mejor dicho, no quieren ver lo que viene sucediendo.  Todavía, y no son pocos, los que siguen pensando que sus organizaciones son de beneficencia y que su misión es otra que “aportar lo que se pueda a la sociedad”. Muy débil es el gobierno corporativo de las ONG colombianas.  Hace falta más conciencia de su papel, más compromiso, más liderazgo compartido, más procesos de cualificación y fortalecimiento de sus integrantes en todas las áreas del que hacer misional de las ONG.

¿Y las soluciones?

No son solo de tipo económico: vender más, crecer más, contratar más, ser más innovadores, como si nunca lo hubiésemos sido.  Las soluciones de fondo son POLÍTICAS, son de SECTOR, son de GREMIO.  La razón de ser de las ONG son la de contribuir al cambio humano y social, pero no basta, no es suficiente trabajar solo en esas dos dimensiones dejando de la lado la incidencia política en las decisiones colectivas que nos atañen a todos y todas.. La política, en el buen sentido del término es la que transforma, en verdad, a las personas y a las sociedades. El poder social, el cual detentamos y que la mayoría de las veces desconocemos que lo tenemos, es importante más no suficiente ante los retos y desafíos al que nos vemos enfrentados. 

No podemos seguir muy cómodos encerrados en nuestro respectivos camarotes mientras el barco hace agua y naufraga. Si no actuamos como un colectivo organizado y con liderazgo se cumplirá el principio darwiniano de la sobrevivencia del más fuerte.  Pregunto.  ¿Conviene esto al país? ¿Pueden el Estado y el sector privado atender y responder a la solución de los ingentes e innumerables problemas sociales de las comunidades?  El tiempo, que es inexorable y que apremia, se agota en espera de decisiones, valientes y acertadas, del gremio, de las juntas y direcciones ejecutivas.  

80 años de vida institucional con y para las familias

El 2014 fue un año muy especial para nosotros al poder celebrar  ocho décadas continuas de trabajo con las familias colombianas.  En 1934 la señora Mercedes Restrepo de Bernal, con un grupo de amigas, crea en Medellín el Comité de Damas de la Caridad con la misión de “atender a las personas y a las familias necesitadas en sus propios domicilios”. 80 años después el Comité de Damas de la Caridad es hoy la Fundación Bien Humano.

Ya no tenemos la legión de damas voluntarias, ni atendemos a las a las personas y a las familias necesitadas en sus propios domicilios” Dejamos de ser una entidad confesional y asistencial para convertirnos en una organización de desarrollo social que nunca ha dependido de otra organización nacional o extranjera

Lo que si hemos mantenido y mantenemos es el trabajo con y para las familias como objeto misional. El reto ha sido conocer, investigar, apoyar y acompañar a las familias y a sus integrantes en los cambios y transformaciones hacia la contemporaneidad. No partimos de un ideal tipo de familia, lo que nos importa no son tanto las tipologías, la composición, si son completas o incompletas, lo más importante es que las familias, independiente de su configuración, cumplan con las funciones que el Estado, la sociedad y la cultura les asigna. Lo que las familias no hagan o se encarguen en la formación, protección y cuidado de sus miembros le toca asumirlos, después, al Estado, la sociedad y las comunidades
    
Aceptando y reconociendo que no es posible dar una definición completa, totalizante y universalmente aceptada de familia, en la FBH afirmamos que ella es “un grupo de personas de distintas generaciones unidad por vínculos de parentesco, afectivos, de apoyo y solidaridad, que nos acompañan por siempre y para siempre, en todo el ciclo vital de la existencia”.

Afirmamos la importancia del afecto entendido como la aceptación emocional y sentimental del niño por parte de los padres, madres y la familia, unido a la posibilidad de contar con adecuadas figuras de identificación para el proceso socializador, constituyen el mayor compromiso y responsabilidad que le compete a la familia en relación con la infancia. Sigue siendo vigente aquello de que “la palabra enseña pero el ejemplo arrastra”.

El establecimiento de un fuerte vínculo afectivo entre padres e hijos se convierte en un factor de protección no solo para prevenir la soledad, el maltrato, y el abandono físico y emocional hacia la niñez sino, además, para contrarrestar el riesgo del fenómeno de la des-responsabilización de los progenitores con la crianza y los cuidados. El establecimiento de vínculos afectivos pertenece a la esfera de la vida íntima de las familias; ante su ausencia o disfuncionalidad poco pueden hacer el Estado y la sociedad. Es una función que compete exclusivamente a las familias. El vínculo afectivo es el que asegura los contactos, la comunicación y los encuentros de por vida entre padres e hijos; sin vínculo afectivo se instala la indiferencia, la incomunicación, el olvido dando lugar a una vejez muy triste y desolada de los progenitores.

Consideramos que los padres y madres biológicos o adoptantes, o quienes hagan sus veces, son las personas más importantes para los infantes. Es con ellos con quien gustan de pasar la mayor parte del tiempo, con quien quieren caminar en la calle tomados de la mano. Y sin embargo cuantos padres y madres desaprovechan este tiempo esencial en la vida de sus pequeños hijos para amarlos, para formar, para establecer lazos de confianza, para dar ejemplo. Cuando esto sucede los años siguientes de la crianza se vuelven más dolorosos y difíciles para todos en la familia.

No pueden, padres y madre, ser considerados como otros agentes educativos de más. Su ausencia, presencia, interés y deseo de estar con los hijos es determinante. Los otros agentes educativos pueden y de hecho apoyan pero no los sustituyen. 

Las familias no son las causantes ni las responsables de todos los males que les acontecen a las personas y a la sociedad pero si podemos decir que en toda problemática social de cualquier grupo poblacional la familia está asociada y que para su solución es indispensable contar con su concurso. No vemos a la familia tanto como una célula, como núcleo fundamental de la sociedad, sino como agencia fundamental de la formación del ser humano.   

En Antioquia sus habitantes siguen afirmando que la familia es la institución más importante y en la que más confían y con la que más interactúan, según reciente estudio de la Universidad EAFIT denominado “Creencias, representaciones y capital social en Antioquia”. Padres y madres, no abandonantes ni maltratadores, se precian de decir que todos sus esfuerzos y sacrificios son motivados por “sacar los hijos adelante”.

El Estado y la sociedad no pueden prescindir de la familia en cuanto a los cuidados domésticos de las personas. Es lo que se conoce como la “familiarización de la crianza y los cuidados. La llamada economía del cuidado contabiliza en las cuentas nacionales el tiempo no remunerado que la familia y especialmente las mujeres realizan en la vida doméstica. Según cifras del DANE en Colombia su aporte se estima en cerca del 20% del Producto Interno Bruto del país, lo que equivale a 75.000 mil millones de dólares, cifra nada despreciable. Así que las familias colombianas no solo mueven la economía con el consumo de los bienes de la canasta familiar sino que contribuyen con sus vínculos afectivos, no remunerados, al bienestar de toda la sociedad y a menores costos para el Estado.

Soñamos, y trabajamos para ello, que lleguen los días en que las familias colombianas dejen de ser las receptoras de las limosnas, de la beneficencia, del asistencialismo estatal y privado para convertirse en actoras de su propio desarrollo y destino. Nos complace mucho que el tema de familia se esté, en el buen sentido, “desfemenizando”, y que ya empiece a estar en el primer orden de la agenda pública y política del país y de las organizaciones internacionales.  Nos complace, también, que temas como la adopción por parte de parejas del mismo sexo promueva el debate público y generen opiniones y conceptos acerca del papel de la familia en la crianza y formación de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Vemos con beneplácito que el Estado, por fin, reconozca y repare a las familias víctimas del conflicto armado y empiece a valorar la contribución de las familias rurales en la agenda del posconflicto.   

Líneas de trabajo actuales con y para las familias:

1.  Promoción y prevención: su objetivo es proporcionar a las familias y a los agentes educativos contenidos y metodologías para una mejor vida en familia y comunidad. Las series radiales, Vivamos en Familia, Familia Siglo XXI y Construyendo con las familias, los talleres reflexivos, los encuentros de niños, de pareja y familia, y los diplomados de prevención del embarazo en adolescentes y el ciclo vital familiar conforman esta línea. Hemos hecho presencia en 32 departamentos y 524 municipios del país.

2. Alfabetización de adultos: leer y escribir la realidad para ser libres: su objetivo es contribuir a elevar el nivel educativo de padres y madres de familia desde una perspectiva de inclusión social y de apoyo sicosocial. Los hijos viven y padecen la pobreza de sus progenitores. Elevar su nivel educativo es posibilitarles una mejor calidad de vida, de empleo, de ingresos y de dignidad.

3. Prevención del embarazo en adolescentes: su finalidad es disminuir la prevalencia de embarazos en adolescentes entre los 11 y 18 años. Influir en los jóvenes, de ambos sexos, para que sean personas más conscientes de sí mismas, capaces de decidir autónoma y responsablemente sobre el momento propicio para optar por la maternidad y la paternidad. Este programa se realiza en instituciones educativas oficiales con la participación de los docentes, padres y madres de los jóvenes.

4. Empresa Familiarmente Responsable: esta iniciativa tiene por fin sensibilizar, asesorar y acompañar a las organizaciones para que adopten medidas voluntarias, con sus empleados y trabajadores en la conciliación de los tiempos personales, familiares y laborales. Las medidas de conciliación son las que permiten el disfrute del trabajo, de los logros e interés personales y el disfrute de la vida en familia.

6. Política Pública de Familia: la Ley 1361 de 2009, de protección integral a la familia, ordena a los entes territoriales a formular y ejecutar la política pública de familia a nivel nacional, departamental y municipal. Esta ley reconoce a la familia como sujeto colectivo de derechos, posibilitando reclamar del Estado y la sociedad un tratamiento distinto a la condescendencia y los favores del clientelismo. En este sentido hemos participado, bajo un convenio de asociación, con la Gobernación de Antioquia, en la construcción del documento de marco estratégico para la formulación de la política pública en el departamento de Antioquia. Hacemos parte, además de la Mesa Departamental de Familia. Con las instituciones colegas del Comité Interinstitucional de Familia CIF, a saber, Centros de Formación Familiar, Centro Persona Y Familia y la Corporación Presencia Colombo Suiza, participamos, desde hace 22 años, de la política pública de familia de Medellín, la cual es reconocida en todo el país por su finalidad, objetivos y resultados.

6. Investigación social y en familia: Desde hace 40 años la Fundación Bien Humano adelanta estudios, diagnósticos, evaluaciones, sistematizaciones y publicaciones en torno a la realidad de las familias, sus integrantes y problemáticas. Solo conociendo la génesis, las causas, las motivaciones y las consecuencias de los fenómenos que atañen a las familias y su entorno es posible diseñar y realizar programas y proyectos que impacten y posibiliten cambios de actitud y de comportamiento. Para tal fin la Fundación dispone para su servicio y el de la comunidad un centro documental especializado en temas de familia, género, grupos poblacionales y políticas sociales.

En el 2014 fueron formulados dos proyectos de investigación con el concurso de varias universidades públicas y privadas del país, de las cuales ya se está realizando la gestión de los recursos:

“La organización social del cuidado de niños y niñas menores de 12 años en grupos familiares de seis ciudades colombianas. Una mirada desde el género y la posición socioeconómica”

“Relaciones familiares y actividades económico-productivas en Antioquia”.

Iniciamos, también, un nuevo proyecto denominado “Hablemos de empleadas domésticas” el cual pretende visibilizar y empoderar el trabajo remunerado y formal que llevan a cabo miles de mujeres en las tareas domésticas de los hogares y familias del país.

Permanencia y cambio son factores clave en la sostenibilidad de una organización. Permanencia de los ideales, de los principios, de la buenas prácticas, de las lecciones aprendidas; cambio para enderezar el rumbo, para conocer otras miradas, para emular a los que saben, para no perder vigencia. En la FBH lo permanente ha sido el trabajo con las familias; han cambiado las modalidades de atención, el enfoque, el tipo de programas. Cambiamos de nombre pero permanece la convicción de que sin las familias no es posible aportar a la construcción de una sociedad más justa, pacífica y democrática.

¿Y del futuro que…?

¿Y que podríamos decir de sociedad y de las familias, de la Fundación Bien Humano y de nosotros mismos dentro de 80 años, en el 2094? Solo un imaginativo ejercicio de ciencia ficción podría aventurar hipótesis de cómo se conformaran las familias, de cómo asumirán las tareas de los cuidados, crianza y formación de los hijos, lo único seguro es lo inevitable e inatajable de los cambios; de nosotros mismos si podemos decir, por anticipado, que ya no viviremos para contar el cuento porque otras generaciones se encargaran de hacerlo.

Nos complace que la celebración de estos 80 años haya  coincidido con la proclamación, por parte de las ONU, del Año Internacional de la Familia. Agradecemos el legado de las damas fundadoras, a los socios y socias activas del presente, a los empleados por creer, soñar, resistir, persistir y nunca desistir en el cumplimiento de la misión institucional.


Texto leído en la Asamblea General de Socios
Fundación Bien Humano

23/03/2015

domingo, julio 20, 2014

La contribución de las ONG y el Tercer Sector colombiano en la creación de instituciones políticas y económicas incluyentes


Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magíster en Ciencias Sociales
Magíster en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Medellín - Colombia



El presente ensayo argumentativo tiene como propósito exponer tesis,  planteamientos e incitar al debate acerca del papel que tienen y deben tener, en Colombia, el llamado Tercer Sector y, en especial, las ONG en la creación estatal de instituciones políticas y económicas incluyentes. Para cumplir dicho propósito trataremos asuntos como: lo que se entiende por exclusión social, las cifras y magnitud de la exclusión social en Colombia, las nuevas formas de exclusión, el tipo de Estado que tenemos y sus implicaciones, la caracterización de las ONG y el Tercer Sector, sus relaciones con el Estado y la definición e importancia de las instituciones políticas y económicas incluyentes para el desarrollo del país.

¿Qué se entiende por exclusión social?
  
En la cancha de futbol de una institución educativa, un viernes por la tarde, después de terminar la jornada escolar. Alumnos del grado quinto, salón A y salón B, se reúnen para jugar un partido de futbol amistoso. Carlos del salón A y Jorge del Salón B obran como capitanes de equipo, ambos  delanteros y goleadores natos, tienen el poder de seleccionar los jugadores de cada equipo y de imponer las reglas del juego. Los criterios de selección de los jugadores son una mezcla de amistad, conveniencia, interés y talento. A Pedro, Mauricio, Sergio,  Antonio y Julián  les gusta el futbol pero nunca son elegidos por Carlos y Jorge. No juegan porque Pedro es bajito,  no es capaz de cabecear con el balón, Mauricio, porque es miope, usa gafas, Sergio, por obeso, se cansa al correr, Antonio es tartamudo, se impacientan con cuando habla, y  Julián tiene fama de conflictivo, discute por todo. A Este quinteto de niños diferentes le toca ver los partidos en las gradas, no tienen cabida en los equipos, se los excluye siempre; al igual que un grupo de niñas que ha manifestado el deseo de jugar con los niños. Los niños se resisten y no les permiten hacer parte del juego.

Todos en algún momento y circunstancia de nuestra vida hemos sido excluidos, como personas, de participar de una fiesta, de un paseo, de una celebración, de un viaje, de acceder a un trabajo, de hacer parte de un grupo de pares. Todos sabemos lo que se siente ser discriminado rechazado, desaprobado o negado. La exclusión, en el sentido sicológico  es un ejercicio de poder que hiere la dignidad, baja la autoestima, aísla a las personas y debilita su confianza básica.  La exclusión tiene su origen en creencias de superioridad y prejuicios de raza, de cultura y de clase. En momentos históricos de algunas sociedades, como Sudáfrica y los Estados Unidos, la exclusión política y social hacia determinados sectores de la población estuvo refrendada por la Constitución y las leyes.

El diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al desarrollo define el concepto de exclusión social como el:

“Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” (European Foundation, 1995:4). Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social y político”

La exclusión social se relaciona con otros factores próximos y asociados como la pobreza, el índice de desarrollo humano, las capacidades y titularidades, la vulnerabilidad,  el capital social y la ubicación urbana y rural de la población en el territorio.  En las áreas rurales vive la población más pobre  y excluida del país.

¿Quiénes excluyen e impiden la participación plena de individuos y grupos en la sociedad? La exclusión como fenómeno visible es la concurrencia de estructuras socieconómicas, instituciones políticas,  colectivos y actores sociales cuyos intereses particulares priman sobre el bienestar general.

Las causas de la  exclusión no solo son internas de un país obedecen también a factores externos. Con la globalización los centros financieros de poder, las multinacionales y los mercados no regulados excluyen países y regiones enteras de los beneficios de la integración social.  Estos agentes se sitúan fuera de la órbita de control de los gobiernos imponiendo sus condiciones y los términos de intercambio comercial afectando así las condiciones de producción y vida de amplios sectores de la población mundial.

Las políticas públicas para la superación de la pobreza extrema tienen como finalidad sacar a los individuos, familias y grupos excluidos y colocarlos en el umbral de la pobreza mediante la ejecución de programas y proyectos de intervención directa y con subsidios condicionados.  Sin embargo no todos ellos logran salir siempre y en forma permanente de la pobreza.  En el programa chileno Ingreso ético Familiar, por ejemplo, una de cada tres familias vuelve a su situación inicial de pobreza extrema.  Es lo que se conoce como reversibilidad.
  
La pena privativa de la libertad, la reclusión y el confinamiento solitario son medidas legales de exclusión que un Estado de Derecho impone a las personas que infringen la ley. En otras esferas de la vida como en el futbol, por ejemplo, las infracciones a la norma se sancionan con medidas de exclusión, como las de  no permitir a un jugador jugar varias fechas.

Las prácticas deliberadas de exclusión son un riesgo latente en cualquier relación humana, en cualquier grupo u organización. Afecta y vulnera tanto los Derechos Humanos como los Derechos de los Pueblos.  La inclusión, en todas sus manifestaciones, se alcanza como objetivo superior de una sociedad cuando se emprenden procesos de transformación de las creencias e imaginarios colectivos, con leyes antidiscriminación que combatan prejuicios arraigados y con mayores niveles de educación y de oportunidades.
 
Además de la dimensión social y  económica de la exclusión, está también puede ser política.  En Colombia durante la época conocida como el Frente Nacional 1958 – 1974 solo podían participar en las elecciones y ocupar cargos públicos personas pertenecientes a los partidos liberal y conservador.  Cualquier otra opción política no estaba permitida por la ley, situación que dio justificación ideológica a la lucha armada en el país.

La inclusión, como concepto antagónico a la exclusión, es todo acto o manifestación de ser aceptado, de hacer parte de un grupo, familia, asociación o comunidad.  El llamado sentido de pertenencia es una percepción subjetiva, individual y colectiva, de compartir con otras personas valores, principios, creencias, costumbres y modos de ser comunes.  La  inclusión es sinónimo de integración.  Es un referente de identidad. En un Estado Social de Derecho la inclusión es un deber ético que tiene que concretarse en políticas públicas de cohesión social.

El economista Ricardo Hausmann ha señalado que en la era digital y de las tecnologías de información el no tener acceso a las redes es una nueva forma de exclusión. La conexión y permanencia a las redes implica pagar la conectividad y sufragar costos fijos, o sea tener capacidad de pago.  Una política de inclusión debe hacer posible que la vinculación y permanencia a las redes para la población de más bajos ingresos sea subsidiada por el Estado.

Las cifras de la exclusión social en Colombia

Disponemos de cifras y de fuentes confiables para dar cuenta de la magnitud cuantitativa de la exclusión social:

  • Pobreza y pobreza extrema: De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP desde el 2010 hasta el 2013 la pobreza por nivel de ingreso cayó 4.5% al pasar del 37.5% al 32.1%.  La pobreza extrema pasó del 12.3% al 10.4%.  En números absolutos Colombia tiene 14.600.000 personas en situación de pobreza y 4.500.000 personas en situación de indigencia. Todos los gobiernos que se precian de democráticos quieren acabar con la pobreza extrema pero no dicen, ni proponen acabar con la riqueza extrema…
  • Concentración del ingreso: el índice GINI de concentración del ingreso que mide la desigualdad entre ricos y pobres es de 0.58 en una escala que va de 0 a 1, siendo uno el mayor valor. (Banco Mundial, 2012). Colombia está considerado uno de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.
  • Concentración de la tierra: 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15 de la población.  (Informe de Desarrollo Humano. PNUD. 2014).
  • Propiedad accionaria: 2.280 accionistas son dueños del 93% de las acciones de las sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Valores, mientras que 7.430.365 de personas solo son propietarias del 7% del total de acciones.  (Comisión Nacional de Valores, 2014).
  • Concentración de la tierra: 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15 de la población.  (Informe de Desarrollo Humano. PNUD. 2014). Se estima que son 250.000 familias de campesinos sin tierra.  (Alejandro Reyes  Posada.  La paz territorial posible. El Espectador,  22/06/ 2014).
  • Analfabetismo: La tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años es del 5.9%, esto representa alrededor de 2.300.000 de personas que no han tenido acceso al derecho a la educación.  Es como si toda la población de Medellín fuese analfabeta. En el sector rural la tasa  de analfabetismo es del 13.6%.  Personas que son también analfabetas digitales. El analfabetismo impide el reconocimiento de la Dignidad Humana y los demás  Derechos Humanos. El analfabeta es excluido y se autoexcluye de participar a plenitud de la vida política, social y económica. Es de anotar que Colombia fue el último país de América Latina en garantizar la gratuidad en la educación básica y media.
  • Vivienda: Reconociendo los esfuerzos oficiales en el tema de construcción de vivienda, el déficit cuantitativo es de 5.540.087 hogares. (Diario La República, abril, 2014)
  •  Desempleo e informalidad laboral: Desde el 2010 se ha pasado al registro de un digito en la tasa de desempleo. Para el mes de junio del 2014 era de 8.97%.  2.929.770 de la población económicamente activa no disponen de un empleo formal. (Boletín de indicadores económicos del Banco de la República). El 49% de los empleos son informales. Todavía estamos muy lejos de cumplir con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT en lo que respecta al Trabajo Decente. (Revista Dinero, edición 448, 2014).


Las anteriores cifras nos muestran un panorama de las dimensiones cuantitativas de la exclusión social en Colombia. A estas cifras debemos sumarle  las que ha generado los 50 años continuos  del conflicto armado interno.  Después de una investigación de seis años el Centro Nacional de Memoria  Histórica presentó el informe ¡Basta Ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad. El estudio narra acontecimientos y presenta cifras de la magnitud del fenómeno que ha afectado el 90% de los municipios del país, ha desplazado de su lugar de residencia a 5.700.000 personas, que representan el 12% de la población total, convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo, después de Siria, con el mayor número de personas desplazadas. 220.000 han sido los muertos causados por los actores armados: guerrilla,  paramilitares, narcotraficantes y miembros de las fuerzas armadas. A este registro hay que sumarle las estadísticas de los secuestros, las desapariciones,  las masacres, los atentados terroristas, las víctimas de las minas antipersona, las violaciones y el reclutamiento de menores. (Las cifras exactas se encuentran en el mencionado informe).

Las dificultades de integración para la población desplazada continúan en las ciudades a donde llegan para instalarse y preservar la vida luego de haber perdido su patrimonio.  En un diagnóstico realizado por la Unidad de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, en el 2014, de 1.361 declarantes jefes de hogar, 1.097 de ellos no percibe ningún ingreso.  Solo 33 tenían un empleo formal. Los empleadores  no los contratan porque creen que siguen involucrados en el conflicto armado y son un riesgo para la empresa. Ni  a Ley 387 de atención a los desplazados, ni la Ley de  Víctimas pueden garantizar la restitución del trabajo o cuantificar la pérdida del negocio o patrimonio. El desplazado y su familia quedan atrapados en el círculo de la exclusión social. Su única alternativa es depender de la beneficencia o la mendicidad. (Al desplazamiento de víctimas se suma una vida sin empleo.  Periódico El Colombiano. 1/06/ 2014.  Pág. 23).

El Instituto para la Economía y la Paz IEP,  una ONG internacional  independiente, sitúa  a Colombia en su Índice Global de Paz en la posición 150 entre un grupo de 162 países.  Este Instituto calcula en $96 billones, US 50.670 millones de dólares,  al año el costo en pérdidas económicas para el país.  Según Steve Killela del IEP:

“El potencial de paz de un país se determina por muchos factores positivos, entre ellos la solidez de sus instituciones, la funcionalidad de su gobierno, los bajos niveles de corrupción y  un entorno  favorable a las empresas…construir la paz es un prerrequisito del desarrollo económico y social”  

(La violencia le arrebata a Colombia $96 billones. Periódico El Colombiano, 23/06/ 2014.  Página: 17).

La importancia de las organizaciones e instituciones políticas y económicas incluyentes para el desarrollo de un país.

Los economistas y profesores de la Universidad de Harvard Daron Acemogli y James A. Robinson son autores de un libro revelador: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza: Por qué fracasan los países. Dicen en la contra solapa del libro: “Por qué fracasan los países responde a estas y otras cuestiones con una nueva y convincente teoría: la prosperidad no se debe al clima, a la geografía o a la cultura, sino a las políticas dictaminadas por las instituciones de cada país.  Debido a ello, los países no conseguirán que sus economías crezcan hasta que no dispongan de instituciones gubernamentales que desarrollen políticas acertadas”.
 
Los países que han prosperado y salido de la pobreza son porque han creado instituciones políticas y económicas incluyentes: “las instituciones económicas inclusivas que hacen respetar los derechos de propiedad crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías…Denominamos instituciones políticas inclusivas a aquellas que están suficientemente centralizadas y que son pluralistas. La iniciativa privada, la libertad de contratación e intercambio, los mercados, los servicios públicos, la creatividad, la educación, los seguros, el acceso a la tecnología y las redes operan como incentivos en la sociedad para crear instituciones inclusivas.  Cuando falle alguna de estas condiciones, nos referiremos a ellas como instituciones políticas extractivas”…Estas impiden el desarrollo económico y son extractivas porque tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto.(Op. Cit. Páginas: 96, 100, 103, 106 y 501).
El economista, historiador y premio Nobel de economía Douglas C. North es el autor fundante de la teoría del nuevo institucionalismo. Para North las instituciones son el enlace entre el régimen político y la estructura económica, son: “las reglas del juego en una sociedad, o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones que le dan forma a la interacción humana”. La teoría de las instituciones explica porque un conjunto de instituciones favorece el desarrollo económico, al ser instituciones inclusivas y otro no, por ser instituciones extractivas.

North hace una distinción conceptual entre instituciones y organizaciones: “Las instituciones son normas formales e informales que definen y limitan las elecciones de los individuos, mientras que las organizaciones son grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacia ciertos objetivos”.

Para North: “el origen y la evolución de las organizaciones depende del marco institucional, así las organizaciones son creadas, justamente, para aprovechar las oportunidades generadas en el marco institucional (un ejemplo es, en Colombia, la ley 100 de 1993 que creó el sistema de seguridad social integral; la ley es la institución, las empresas promotoras de salud EPS y las instituciones prestadoras de salud IPS son las organizaciones prestadoras de servicios de salud). Así mismo, conforme las organizaciones evolucionan, van modificando a las instituciones y organizaciones, siendo diferentes se retroalimentan mutuamente y coinciden en proporcionar estructuras para la acción humana”.
    
(Instituciones, cambio institucional y desempeño económico.  Douglas C. North. Fondo de Cultura Económica. México. 1993. Pág.: 190)
 
Entre las instituciones económicas y políticas se establecen relaciones sinérgicas,  de doble vía, ya sea para crear o mantener instituciones incluyentes o extractivas que pueden repartir el poder y la riqueza para unas élites o para la sociedad en general.  Instituciones políticas incluyentes dan origen a instituciones económicas incluyentes.  Instituciones políticas extractivas crean instituciones económicas extractivas. 
   
Un tipo de institución extractiva es la corrupción.  En Colombia, la Contraloría General de la República la define como:

“El conjunto de actos mediante los cuales los funcionarios públicos y sus asociados en el sector privado, utilizan su poder institucional y económico para hacer un uso indebido de los recursos públicos en beneficio propio”

La misma Contraloría estima, para el 2011,  en $10 billones las pérdidas que deja la corrupción en el país.  Funcionarios públicos y asociados en el sector privado se ponen de acuerdo, fijan unas reglas de juego ilegales, para apropiarse de dineros públicos  para su beneficio particular.  Dineros que se dejan de invertir en proyectos sociales y de infraestructura.  He ahí la importancia de las instancias de control, las veedurías y la rendición pública de cuentas para denunciar y sancionar a los corruptos.  El principio de la transparencia, entendido como aquella cualidad del poder que deja ver su ejercicio, es clave para combatir toda práctica ilícita entre actores público privados por capturar ingresos y rentas producto de actividades ilícitas como el contrabando, la falsificación de facturas, las exportaciones ficticias, el lavado de activos, el descuento ilegal de costos, la sobrefacturación, la evasión al IVA, entre muchas otras modalidades extractivas contra los ingresos y patrimonio del Estado.   

¿Qué tipo de Estado es el colombiano?

El actor más importante en la creación de instituciones políticas y económicas incluyentes en un país es el Estado. Como bien lo expresan Acemoglu y Robinson:

La política es el proceso mediante el cual una sociedad elige las reglas que lo gobernarán…las instituciones políticas determinan quien tiene el poder en la sociedad y para que fines puede utilizarse. En lugar de concederlo a un individuo o a un pequeño grupo, el poder político debe residir en una amplia coalición o pluralidad de grupos”. (Op. Cit. Pág.103)  

El liderazgo en la orientación y guía del desarrollo económico y social  de un país corresponde al Estado, en todos sus niveles territoriales.  Mediante la fijación de políticas públicas y planes de desarrollo el Estado fija  y determina en qué áreas, territorios y poblaciones ejecutará los recursos, programas y proyectos.  El marco jurídico, la institucionalidad, el capital social e institucional también son factores que influyen y determinan el desarrollo económico de un país.  En una real democracia la ciudadanía ejerce su derecho a manifestar y participar en la construcción de las políticas públicas; no se limita a avalar o legitimar aquello que los partidos políticos y los funcionarios oficiales creen que es lo más conveniente para la sociedad. Los Estados “fallidos” o donde campea la corrupción no son aquellos que cuentan con una sociedad civil fortalecida y organizada, como tampoco lo son las sociedades donde la abstención electoral supera el 50%.

Las instituciones políticas y económicas de una sociedad dependen del tipo de Estado que la regula.  Veamos que ocurre con el Estado colombiano.

La constitución política de Colombia afirma que nuestro país está regido por un Estado Social de Derecho.  Alguna de las características y atributos de dicho Estado son:

Respetar y hacer respetar la Dignidad Humana como principio fundamental de la convivencia.

Respetar y garantizar la vigencia de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales del conjunto de una población asentada en un territorio definido por fronteras ciertas.

La preeminencia del interés general sobre los intereses particulares.

Propiciar la cohesión y la solidaridad entre la ciudadanía para reducir la exclusión y la marginación social y las desigualdades.

Fortalecer las instituciones democráticas en todas las instancias y espacios de la sociedad.

Redistribuir los ingresos y facilitar el acceso a la propiedad individual y colectiva.

Intervenir la economía y las reglas del mercado en beneficio de las mayorías. La consigna es: “tanto 
mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”  

Atender y regular el acceso de la ciudadanía a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la recreación y la seguridad social.

Proteger y reconocer los derechos de las minorías.

Una cosa es lo que la constitución política afirma del deber ser de nuestro Estado Social de Derecho y otra muy distinta la realidad concreta. Los atributos que se asignan a un Estado moderno como la legalidad, la gobernabilidad, la legitimidad y la soberanía son aún precarios. El Estado colombiano aún no tiene control político y militar sobre todo el territorio nacional, no tiene el monopolio de las armas, tiene grupos armados que impugnan su legalidad y legitimidad, tiene diferendos de fronteras con países vecinos y una repetida y alta abstención electoral cercana al 60% de su censo electoral. La corrupción y la falta de transparencia en el ejercicio del poder y la desconfianza de la ciudadanía ante sus partidos políticos son factores que debilitan su legitimidad.

Confluyen  y se oponen en el Estado colombiano instituciones políticas y económicas incluyentes y extractivas. El Estado colombiano, como formación política, es una república unitaria que alberga una democracia representativa restringida de corte presidencialista donde es, también, precaria el equilibrio entre las ramas del poder público. Es un Estado que guarda “las formas democráticas”, con algunas características de lo que se conoce como un “Estado fallido”, un Estado donde la ciudadanía es apática a la participación política y propensa a evadir y eludir la Ley, donde permea la ilegalidad en las relaciones y transacciones sociales y comerciales. Un Estado que es fuerte con el débil y débil con el fuerte.  Un Estado que en vez de partidos políticos de verdad es controlado por maquinarias clientelistas y electorales. Un Estado que incumple sus responsabilidades constitucionales, que falla en ser garante de los Derechos Humanos. Un Estado carente de una ciudadanía con formación política democrática. Un Estado permeado por todas las formas posibles de prácticas corruptas entre sus funcionarios y agentes del sector privado. Un Estado donde la justicia es ausente y selectiva en su aplicación. Un Estado incapaz de atender las demandas sociales, falto de liderazgo para propiciar y mantener alianzas con público privadas.  Un Estado acosado por la insurgencia y cooptado por mafias de todo tipo.  Un Estado con baja institucionalidad pública.  Resumiendo.  Colombia es un país con más territorio que Estado.

Muchos cambios y nuevas realidades son menester en el Estado colombiano para procurar un ambiente más habilitante en la creación y mantenimiento de un real Estado Social de Derecho  con instituciones políticas y económicas incluyentes y donde el poder resida en una más amplia coalición y pluralidad de grupos.  


¿Qué tipo de ONG somos?

Las ONG y el Tercer Sector cumplen un papel, ya sea por acción u omisión, en influir sobre el Estado y las instituciones políticas y económicas, sean estas incluyentes o extractivas.  Miremos quienes son, que hacen, que dejan de hacer y que deberían de hacer.

Las ONG hacemos parte del llamado Tercer Sector o sector social.  Nacemos de la iniciativa y la libertad de asociación entendida como un derecho humano que los Estados deben promover y respetar. El ámbito misional de las ONG reside en propiciar el cambio humano y la transformación social de personas, familias y comunidades. Los valores que promovemos son los de la solidaridad y la cooperación. Las ONG a las que pertenecemos son las que acatamos el ordenamiento jurídico y actuamos en la legalidad;  Nos consideramos un Bien Público.

Las ONG de primer piso*, que son la mayoría, somos pequeñas, de menos de 15 empleados y con dificultades permanentes de financiación y sostenibilidad.  Nuestro campo de acción es lo local, pocas veces lo regional y más escaso lo nacional.    Nuestras misiones son  o muy focalizadas o muy dispersas.

La integralidad que tanto pregonamos suele ser más un discurso que una realidad.  Estamos más preocupados en la consecución de los recursos que aseguren nuestra perdurabilidad, propósito loable, que en generar impactos sostenibles en las comunidades. Generalmente cuando cesa la intervención, cesan los efectos positivos en la vida comunitaria.

El Estado neoliberal logró alinear y cooptar a la mayoría de  ONG, de primer piso, como prestadoras incondicionales de servicios y operadoras obedientes de los programas y proyectos gubernamentales. A su vez ellas  encontraron en el Estado una fuente importante de recursos económicos para asegurar su funcionamiento ya que la gestión propia de recursos es insuficiente para sufragar los costos fijos. El Estado impone a las ONG  condiciones desventajosas en la contratación, las somete a oprobiosos términos de supervisión y auditoria. Por obtener dineros oficiales renuncian a soñar y realizar proyectos propios, alternativos.  Priman, entonces, los tiempos de la contratación sobre los tiempos de los procesos sociales. Ejecutar el proyecto firmado en el contrato así no se asegure la continuidad de los procesos es lo que, en últimas, importa; por eso la temporalidad de los proyectos es de corta duración, tres, seis meses, si acaso un año. La discontinuidad de los contratos aborta los efectos tempranos positivos de las intervenciones
.
El Estado privilegia la cobertura geográfica y poblacional sobre el cumplimiento efectivo de los objetivos. En muchas ocasiones la precariedad de los estudios previos, que realizan los funcionarios gubernamentales, como requisito de la contratación incide en la elaboración de términos de referencia que no apuntan a la solución de las problemáticas que se pretenden transformar.

Preocupadas como estamos, las ONG de primer piso, por el transcurrir del día a día y “la noche que llega” no hay tiempo, voluntad y recursos para realizar la gestión del conocimiento, los debates, la reflexión crítica al continuo hacer y deshacer. Registramos en forma copiosa, en los informes de gestión,  los resultados de los proyectos en sus cifras: monto de dineros invertidos número de beneficiarios, horas de capacitación, cobertura geográfica, productos entregados, pero poca es la evidencia real de la evaluación de los impactos positivos que generamos por la ejecución de los proyectos en las comunidades.

Por falta de conciencia gremial, que nos lleva a una baja afiliación, las ONG seguimos sin comprender que sólo con un gremio fuerte y de amplia base podemos hacernos oír del Estado y demandar de él políticas, legislación  y medidas que no lesionen nuestros intereses económicos y jurídicos.  Carecemos de un registro oficial calificado que acredite ante el Estado y la sociedad quienes somos, que hacemos, con quien y donde trabajamos, que cuantía de recursos movilizamos y de donde proceden.

Es de anotar que las ONG grandes, de primer piso, no son ajenas a la situación descrita de las pequeñas. En muchos casos su situación de dependencia de la contratación estatal es mayor por cuanto requieren para el sostenimiento de su abultada nómina de un flujo permanente de caja de los dineros oficiales. Se han convertido en una bolsa de empleo y han asumido para sí las cargas y los riesgos laborales que el Estado, sagazmente, les ha endosado. El riesgo mayor de ser solo operadoras-contratistas es pasar de ser organizaciones no gubernamentales a convertirnos en organizaciones neogubernamentales.

Muy pocas ONG de primer piso, tanto grandes como pequeñas, poco le apostamos a la continuidad y culminación de los procesos, al diseño y ejecución de programas propios, a la primacía de la autonomía programática y conceptual, a la gestión del conocimiento, a la retención del talento humano.  Las que insisten y persisten en dicho propósitos es porque se trata de ONG que han logrado constituir un patrimonio propio y la mayoría de sus ingresos proviene de la rentabilidad del mismo. Cuando en una ONG la prioridad y la estrategia están centradas más en asegurar ingresos públicos para sostener la estructura administrativa que incidir en el cambio, en desarrollar su propia propuesta, esa ONG pasa el umbral e  inicia la ruta del extravío y la desnaturalización de su  misión.

Aunque la cooperación internacional al desarrollo está en retirada y á disminuido sus cuantías monetarias, ella también impone no solo sus discursos ideológicos “primermundistas” sobre el desarrollo sino, además, sus prioridades de agenda temática a las ONG que buscan su financiación; financiación que logran, en el mejor de los casos, negociando su autonomía programática y conceptual.
Al respecto opina el profesor de la Universidad de Navarra, Nicolás F. Molina S., PHD:

Las organizaciones del Tercer Sector no pueden reducir su accionar a los meros hechos de apalancar recursos financieros para implementar proyectos en las comunidades, lo que les permite a ellas mismas seguir existiendo, implementar el proyecto, obtener unos resultados inmediatos, visibilizarlos, rendirle cuentas a los financiadores y cerrar el proyecto.  Si permanecen encerrados en este tipo de dinámicas, descuidando la generación de aprendizajes relevantes  y la generación de impactos significativos, fácilmente pueden ser calificadas de “maquilladoras” de proyectos”.

(Una mirada crítica a la responsabilidad social: un camino necesario para enfrentar sus retos. Nicolás F. Molina S. PHD. Centro de Pensamiento Social.  Documentos de trabajo.  N° 16.  Edición electrónica. 2013).

Cuando en el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) llegaron los dineros del Plan Colombia para ejecutar proyectos sociales en las zonas de conflicto se registraron en la Cámara de Comercio de Bogotá alrededor de 700 nuevas ONG.  ¿Qué queda de ellas? Y para ejecutar los proyectos socioeconómicos de restitución a las víctimas del pos-conflicto, una vez acordada y firmada la paz ¿Cuántas  ONG se crearan? ¿Conviene este fenómeno de oportunismo, por allegar recursos públicos, a la buena reputación organizacional y transparencia del Tercer Sector?  De ninguna manera; pero tampoco puede coartarse el derecho constitucional a la libre asociación. Es aquí donde debería operar la autorregulación del Tercer Sector y los criterios de reconocida idoneidad y experiencia de las ONG existentes por parte del Estado al adjudicar los contratos.

No se trata aquí de desconocer los valores humanos de las personas que trabajan con auténtica mística y sentido de pertenencia en las ONG; tampoco negar la importancia del beneficio que las ONG especializadas en prestación de servicios dan a la sociedad en los sectores de la educación, la salud, la cultura, la recreación, la vivienda y a los distintos grupos poblacionales como la infancia, la juventud, el adulto mayor, las mujeres entre otros.  Satisfacer necesidades colectivas y aportar al bienestar general son acciones positivas, necesarias, pero insuficientes mientras no se remuevan las causas que originan la pobreza y la exclusión. Las ONG, muy a pesar de sus discursos y misiones mesiánicas, actúan más sobre los efectos, procurando mitigar, no erradicar, los sufrimientos causados por las situaciones de  injusticia e inequidad de las instituciones extractivas. 

Triste destino a la que nos vemos sometidas las ONG de primer piso: pasar por alto la dignidad institucional y renunciar, por insuficiencia de recursos, a realizar nuestros propios ideales para llevar a cabo los intereses, deseos y caprichos de terceros…

¿Existe y opera un Tercer Sector organizado en Colombia?

El antropólogo Rodrigo Villar es quien más á investigado la dimensión, estructura y fuentes de ingresos del Tercer Sector colombiano.  El año que se toma como línea base es 1995.  A partir de esa fecha hasta el presente no disponemos de cifras actuales y confiables. Urge su actualización.

En las 135.599 entidades sin ánimo de lucro incluidas en el estudio encontramos que trabajan 286.861 empleados de tiempo completo o equivalente.  Esto representa un 2.38% del empleo total no agrícola del país.  En estas mismas organizaciones aportan su tiempo para el desarrollo de las actividades el equivalente de 90.756 voluntarios de tiempo completo.  Esto significa que entre empleados remunerados y voluntarios, el país contaba en 1995 con 377.617 personas trabajando de tiempo completo o equivalente de las entidades sin ánimo de lucro.  Este número corresponde al 3.11% del empleo no agrícola del país…Basados en esas cifras, estimamos el peso del sector en el la economía.  Los gastos operativos calculados para el conjunto de las organizaciones del sector nos arrojan una cifra aproximada de US 1.7 billones. Esto equivale a un 2-1% del total del PIB de 1995.  Si se valora el trabajo voluntario, este porcentaje asciende a 2.4%...predominan las entidades dedicadas a la educación.”

(El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimensión y tendencias. Rodrigo Villar. Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales. Bogotá. 2001. Pág. 96 – 98).

En Colombia el Tercer Sector** los conforman las fundaciones, las corporaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro, de origen privado, independiente del sector público, respetuosas de la ley y el ordenamiento jurídico y a las cuales tienen acceso libre las comunidades de acuerdo al estatuto tributario especial. El término ONG es ante todo sociológico no tiene reconocimiento jurídico.

El Tercer Sector hace parte de la sociedad civil pero no la representa en su conjunto.  La sociedad civil incluye todo tipo de organizaciones sociales no estatales con y sin ánimo de lucro. Su ámbito de actuación son los legítimos intereses privados tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas.  Lo público estatal es el campo de lo gubernamental, lo público no estatal es el campo del Tercer Sector.  En el derecho público el Estado y los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Ley les permite,  mientras que en el derecho privado las personas y la sociedad civil pueden hacer todo aquello que la Ley no les prohíbe. Esta diferencia en el pensar y el actuar del Estado, la sociedad civil y el Tercer Sector es esencial para no confundir las fronteras y las interrelaciones entre la institucionalidad y los actores.

No puede afirmarse que en Colombia existe un Tercer Sector fuerte, organizado que represente, defienda y controvierta tesis ante el Estado o el sector privado.  Es un conglomerado heterogéneo,  disperso, fragmentado donde voces aisladas y necesitadas de protagonismo tratan de expresar argumentos a favor o en contra de una tesis o propuesta. El Tercer Sector colombiano carece de una instancia articuladora que vincule a las universidades privadas, a las cajas de compensación, a los gremios sociales, a las ONG, a las organizaciones comunitarias y de base, una instancia que sea capaz de expresar ante otros actores sociales y políticos la unidad de la diversidad del Tercer Sector, como si lo tiene el sector privado.

¿Qué tanto contribuimos las ONG y el Tercer Sector  en la creación de organizaciones e instituciones políticas y económicas incluyentes?

Si bien la constitución política de Colombia ordena al Estado el fortalecimiento de las organizaciones sociales aún se carece de políticas públicas, territoriales y sectoriales, que den cumplimiento efectivo al mandato constitucional. Sin embargo hay que reconocer la incidencia política que sectores de la sociedad civil organizada han tenido frente al Estado en temas como los Derechos Humanos, el fin del conflicto armado, el marco jurídico para la  paz, el desplazamiento forzado, el derecho al reconocimiento y la reparación de las víctimas, la restitución de tierras, el acceso a los servicios públicos, la atención a grupos poblacionales, y los consejos territoriales de planeación, entre otros. Y  cuando la incidencia política y la acción pública logran su cometido frente al Estado, surgen nuevos temas y problemas sociales que ameritan del Tercer Sector su reflexión, pensamiento y movilización ante el Estado  para que este inicie la formulación de una política pública.  Como ya expresamos, las intervenciones que hacemos las ONG son generalmente de carácter local o regional, meritorias  para las comunidades que viven en esos territorios pero que no trascienden e impactan al conjunto de una sociedad o un país.  ¿En que contribuimos las ONG y el Tercer Sector, por ejemplo, a reducir el coeficiente Gini de la desigualdad en el ingreso nacional? ¿Habrá forma de medirlo acaso?

Ningún país del mundo, que se tenga noticia, ha superado la pobreza y reducido la desigualdad de su población por la acción única de las ONG, del Tercer Sector, de la empresa privada, de la cooperación internacional o del Estado. Es la acción conjunta, coordinada y constante de todos los actores la que evita el fracaso y asegura el éxito de un país.

El capital institucional del Tercer Sector y de  las ONG es ante todo simbólico, en términos económicos no supera el 3% del PIB nacional; pero es un capital simbólico que también es un poder ÉTICO, como nos lo dice la filósofa Beatriz Restrepo Gallego, son un patrimonio moral de la sociedad que se guía por los más altos valores e ideales humanos.  He aquí un elemento diferenciador de la acción del Tercer Sector y  las ONG frente a otros sectores. Prácticas como la rendición pública de cuentas y los ejercicios de transparencia son ejemplos para el Estado y otros sectores de la sociedad. Este poder y patrimonio ético y moral es el que nos autoriza para insistir en la creación de nuevas instituciones económicas y políticas incluyentes y en la reforma de las imperfectas instituciones que tenemos.

La construcción de viviendas, de equipamiento comunitario, de centros de salud, de colegios, etc., las debemos tomar como un pretexto, no un fin, de nuestros objetos sociales.  Un pretexto para empoderar a las comunidades, para construir ciudadanía participante y responsable en los asuntos públicos.  Que en ello diseñemos metodologías innovadoras y exitosos modelos de gestión, en buena hora, pero no son las tareas más trascendentes e importante. Continuar con el camino de seguir siendo ONG “operadoras” de los programas estatales tampoco es la vía.  Crear más ONG, tampoco. El asunto no es solo de gestionar más recursos para ejecutar más proyectos.  Mientras no impactemos en las causas que originan las problemáticas y las desigualdades nuestro impacto es limitado, contingente, transitorio  y residual. En el lenguaje del premio Nobel Amartya Sen de lo que se trata es de acompañar a las comunidades en la generación de capacidades y libertades antes que prestarles servicios pagados por terceros para tratar de disminuir situaciones de pobreza. Se hace imprescindible escribir un nuevo  guión que redefina el que hacer de las ONG.

La Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín 2013 entrevistó a 2.219 personas. Una de sus preguntas indagaba acerca de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones: la iglesia con el 54%,  los maestros con 53% y el ejército con  44% encabezan la lista de 20 instituciones. Las ONG registraron un 23% en el municipio, 24% en el promedio nacional, ubicándose en el puesto 11. Las cifras evidencian que existe una brecha significativa entre la percepción que tienen las ONG de su trabajo en las comunidades y la percepción que estas le asignan a  ¿Sobrevaloramos nuestras  acciones sobre las poblaciones y los territorios? ¿Si gozamos de suficiente credibilidad? ¿Por qué no estamos ubicadas en un mejor lugar? ¿Qué nuevas acciones, que nuevos replanteamientos deben acometer las ONG de Medellín y las del resto del país, para mejorar la confianza ciudadana? Son algunos interrogantes a los cuales las ONG deberíamos prestar más atención sí pretendemos aportar a la construcción de instituciones incluyentes.  (Periódico El Colombiano, 27/05/2014).

Los buenos padres son aquellos que acuden más al ejemplo que a las palabras para educar a sus hijos. “La palabra enseña pero el ejemplo arrastra”. ¿Qué tan” incluyentes” somos las ONG con respecto a promover el desarrollo y la conciliación de los tiempos personales, laborales y familiares de sus empleados? ¿Qué tan social y familiarmente  responsables somos? ¿Qué tanta coherencia hay entre los discursos misionales y su extensión a la vida institucional?  ¿La prédica de un mundo mejor que alentamos en las ONG se corresponde con el ejercicio de buenas prácticas internas? ¿Promovemos hacía adentro la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífica que tanto pregonamos hacía el Estado y la sociedad? ¿Aplicamos siempre los principios del trabajo digno y decente? Preguntas pertinentes que demandan de nuestra parte respuestas sinceras.

En cuanto al Tercer Sector es imperativo un mayor fortalecimiento, una mejor coordinación de objetivos y acciones entre sus organizaciones, y una mayor y mejor articulación con otros sectores, acordar por consenso unos mínimos de unidad en la diversidad para hacer conocer el pensamiento y escuchar la voz ante el Estado y otros actores sociales y políticos. Que no pierda su autonomía ni se deje cooptar, tanto sus organizaciones como sus dirigentes, por los ofrecimientos del Estado.  Que delibere más en los escenarios sobre los asuntos públicos. Que mantenga el pluralismo ideológico, la defensa de los bienes públicos  y la profundización de las instituciones democráticas.  El Tercer Sector debe entender que si no incide en la transformación de la concepción y el ejercicio de la política no aportará, en realidad, al cambio de las normas, reglas e instituciones extractivas del país.  Las instituciones no son creación divina, no son inmutables, las crea, las mantiene y las cambia la sociedad.  El Tercer Sector y las ONG tienen que ser más conscientes del poder que detentan y representan en cuanto a información, transparencia y opinión ilustrada. La timidez, los temores, la ausencia de liderazgo y la descoordinación nos impiden ejercer a fondo tal poder.

La pregunta general que nos debemos formular es si las ONG y el Tercer Sector contribuyen a que el Estado cree y preserve las suficientes  organizaciones e instituciones incluyentes que erradiquen la pobreza y aseguren el desarrollo socioeconómico y  prosperidad general.  ¿Cómo es posible preservar y crear organizaciones e  instituciones incluyentes, para todos, en medio de un prolongado conflicto interno que destruye vidas, infraestructuras, atenta contra el medio ambiente y desintegra la confianza y el capital social? ¿Cómo es posible que 15.000.000 millones de colombianos y colombianas que habitan en las regiones rurales  y ocupan la tercera parte del territorio del país vivan al margen de las instituciones incluyentes, sometidos al expolio de instituciones extractivas? ¿A quiénes interesa preservar las actuales organizaciones e instituciones extractivas que concentran el poder, mantienen la pobreza para una mayoría y limitan la prosperidad para unos pocos?
 
El crecimiento y desarrollo económico de un país  no es “per se” el objetivo principal del Tercer Sector y de las ONG. Tal como vimos no disponemos de los recursos necesarios, ni tenemos el mandato de la ley para ello.  Podemos, y de hecho lo hacemos, sumarnos a las iniciativas estatales y de otros sectores de la sociedad cuando participamos de  alianzas público privadas.

En mi concepto los aportes más significativos que el Tercer Sector y las ONG hacemos y podemos hacer al desarrollo del país  y a la creación de instituciones políticas y económicas incluyentes por parte del Estado, son en las áreas de la acción pública, de la  incidencia política y movilización de la sociedad, en la articulación programática con otros actores sociales, en la orientación de la opinión pública sobre los asuntos de interés general y frente a la formulación e implementación de políticas públicas. Con el poder ético y moral que portamos y como actores políticos, la tarea, en este sentido, es  mantener vigentes en la agenda pública nacional y en los planes de desarrollo territoriales los temas de los Derechos Humanos, la equidad, la convivencia pacífica, las veedurías, la preservación de los bienes públicos y la inclusión social. No bajar la guardia ni la atención ante los excesos del mercado, demandar más inversión y compromiso de la empresa privada y seguir defendiendo y fortaleciendo el Estado Social de Derecho que nos legó la constitución política de 1991.   En palabras de Rodrigo Villar:

Las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC tienen un papel sociopolítico fundamental al retar, recrear e influir en la orientación del sistema político, el Estado y el mercado.  La ubicación del papel central de las OSC en el modelo de gobernabilidad, implica aceptar su rol como actores políticos y sociales y de agentes copartícipes en el rediseño institucional”. (Op.Cit. pág: 140).

*ONG de primer piso: son aquellas entidades que ejecutan en forma directa los proyectos acudiendo a la cofinanciación del Estado, la empresa privada, la cooperación internacional y la filantropía.  ONG de segundo piso: son aquellas entidades que no ejecutan en forma directa los proyectos sino que cofinancian a las ONG de primer piso.

**En Colombia las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales no hacen parte del Tercer Sector sino del Sector de la Economía Solidaria. Para el 2012 este sector estaba conformado por alrededor de 8.263 organizaciones que representaban el 5.1% del PIB  del país, equivalente a $29 billones. Diario La República. Domingo 12 de enero de 2013.

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