COMUNICADO PÚBLICO
RED
SOLIDARIA DE ONG DE ANTIOQUIA
Somos un Colectivo de Organizaciones No Gubernamentales-ONG de Antioquia,
Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC, constituidas y reconocidas legal y
socialmente como Entidades Sin Ánimo de Lucro-ESAL; nos hemos
conformado como Red con el propósito de sumar conocimientos, experiencias y
capacidades para abordar la difícil situación de sobrevivencia por la que
atravesamos en la actualidad.
Históricamente hemos tenido objetos sociales amplios, los cuales nos han permitido desarrollar iniciativas que atienden a grupos poblacionales con las mayores desventajas sociales en derechos humanos, educación, salud, vivienda, nutrición, empleo, recreación, cultura, primera infancia, familia y en temáticas medio ambientales, entre otras.
Hemos sido reconocidas en la sociedad por la participación en la gestión del desarrollo local y regional, y por apoyar el fortalecimiento de las comunidades para que autónomamente puedan incidir en la realización de sus necesidades básicas.
Las normas nacionales que se han promulgado en la última década (Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1851 de 2015, Ley 1819 de 2016, Decreto 092 de 2017, Decreto 2150 de 2017, Resolución DIAN 000019 de 2018, Decreto 1778 de 2021) han llevado a la desaparición de aproximadamente un 70%1 de las OSC en el país y a debilitar la capacidad administrativa de las que subsistimos para poder participar en procesos afines a nuestras opciones misionales, realidad contraria a lo establecido por la Constitución Política de 1991, que señala: “El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (Art. 103).
A la situación anterior se suma el nuevo rol que vienen asumiendo las principales Organizaciones de la Cooperación Internacional al desempeñarse como operadoras que contratan directamente con el gobierno colombiano, cambiando su mandato y reemplazando los conocimientos, experiencias y capacidades desarrolladas por un importante número de Organizaciones Sociales de la región y del país.
Anteriormente, la Cooperación Internacional financiaba proyectos para la superación de la pobreza y la inclusión social que les eran presentados por Organizaciones Sociales; pero desde el 2010 los países desarrollados y sus Agencias de Cooperación consideran a Colombia como un país de renta media alta y, por tanto, ya no es prioritario para la ayuda no reembolsable. Así, lo que antes se constituía como una certeza en las fuentes de ingresos para las Organizaciones Sociales, ya no lo es.
De otro lado, el Estado ha vuelto costumbre presionar para que los recursos económicos del apoyo internacional al desarrollo sostenible, la solidaridad con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, la garantía y defensa de los Derechos Humanos Universales, la mitigación del cambio climático y, en general, el cuidado del medio ambiente, sean encauzados hacia las instituciones públicas, impidiendo en gran medida que esos recursos puedan ingresar a las Organizaciones Sociales que mantienen posturas críticas y proponen alternativas viables al modelo de desarrollo económico promovido desde el gobierno de turno.
Los Convenios de Asociación entre Entidades Estatales y las Organizaciones Sociales nos exigen el aporte económico del 30% del valor total del convenio, en dinero propio o proveniente de cooperación nacional o internacional; ya no puede ser en especie o en capacidad instalada. Esta exigencia deja por fuera a la mayoría de las Organizaciones que, por lo general y dada su naturaleza, no cuentan con recursos económicos en caja disponibles. Sin mencionar que el acceso a los créditos bancarios no es la mejor alternativa para cumplir ese requisito.
La estigmatización a la que hemos sido sometidas las Organizaciones por parte de distintas instancias/sectores de la vida nacional y funcionarios públicos por las denuncias que hacemos de atropellos oficiales a los Derechos Humanos y la defensa de los derechos políticos y ambientales de sectores excluidos de la sociedad hace que el cumplimiento de nuestra misión se torne más difícil y genere desconfianza en algunas poblaciones y comunidades que atendemos.
Las Organizaciones Sociales que firmamos el presente comunicado compartimos el proyecto político de la Constitución (Art. 1): “Construir un Estado Social de Derecho fundado en el interés general y en la dignidad humana.” Por política entendemos contribuir a la construcción colectiva de un orden social, económico, político y cultural en el que todas las personas puedan realizar su dignidad. Nuestro campo de actuación ha sido y seguirá siendo la sociedad civil fortaleciendo liderazgos democráticos, generando organizaciones que le permitan a la ciudadanía auto-determinarse, promover sus intereses y construir su futuro. En nuestra práctica hemos elaborado y validado estrategias, metodologías y técnicas para la comprensión y solución participativa de diferentes problemas, reconociendo a la vez el aporte de la institucionalidad pública, así como vigilando y apoyando la actuación de funcionarios públicos y de los políticos que tienen representación legítima de la sociedad.
En concordancia con la Constitución, promovemos en la sociedad civil la democracia participativa, valoramos y fortalecemos la democracia representativa en las instituciones y poderes de la sociedad. Por lo mismo, propiciamos el debate y la deliberación pública de los principales temas que tienen que ver con el desarrollo local, regional y nacional, educando en el conocimiento de las instancias democráticas y en el uso de sus instrumentos. Así mismo, informamos sobre la oferta de servicios públicos y la importancia de fortalecer y cuidar los espacios de deliberación, concertación y desarrollo legislativo.
En virtud de lo expuesto, y con el propósito de encontrar los mejores caminos para la superación de los principales problemas de las OSC y sus consecuencias sociales, nos permitimos proponer la conformación de una Mesa Permanente de Entendimiento entre el sector público, el sector privado y las Organizaciones Sociales con el propósito de revisar y ajustar la normatividad vigente que nos está afectando negativamente y a los grupos poblacionales destinatarios de nuestra acción, así como emprender, en la medida de lo posible, tareas conjuntas en favor del desarrollo de las comunidades con mayores desventajas sociales en nuestro país, en el marco del respeto a las diferencias de sus integrantes.
Estamos convencidos que sólo un sector social fuerte y cohesionado podrá ser un actor relevante para el fortalecimiento de la democracia en el país y en procura de ello trabajamos; mientras esto no ocurra, se corre el riesgo de desperdiciar una potente energía social que ha sido clave en los momentos de polarización de nuestro país y ante la necesidad de avanzar en el afianzamiento de un horizonte de reconciliación y paz para todos los colombianos y colombianas.
Junio de 2022
Organizaciones firmantes:
- Corporación Pro Romeral
- Corporación Ingenios
- Corporación Educativa CLEBA
- Corporación Concurrente – Proyecto Manada Libre
- Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental
- Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional
- Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental
- Fundación ConVida
- Fundación Educativa Soleira
- Corporación Biocahuana
- Corporación Región.
