ESTADO, EMPRESA PRIVADA Y SECTOR SOCIAL: UNA RELACIÓN ENTRE SECTORES QUE FORTALECE LA SOCIEDAD CIVIL
Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magister en Ciencias Sociales
Magister en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Introducción:
En años recientes venimos asistiendo en Occidente, a un cambio de paradigma en la concepción y en la relación entre los tres sectores: El Estado, la empresa privada y el sector social, llamado también el Tercer Sector.
Hasta hace pocas décadas el Estado se concebía como el responsable primario del desarrollo económico, de los Derechos Humanos y de la prestación de los servicios sociales a la población, independiente de si cumplía o no con esta función. El Estado no sólo debía formular las políticas públicas sino que, además, debía atender directamente a la población por medio de sus entes administrativos y territoriales. Lo público era sinónimo de lo estatal.
Por otro lado, la empresa privada demandaba del Estado la creación y el mantenimiento de un entorno propicio para la inversión, la acumulación de capital y el concurso de los factores de la producción, así como medidas legales, aduaneras, laborales y fiscales que favorecieran sus intereses, pero las políticas y los programas sociales no estaban en la órbita de su acción.
En cuanto al sector social, en la práctica, aún no había sido reconocido como sector; existían las entidades sin ánimo de lucro, de origen religioso o civil, que asumían la donación de bienes y la prestación de servicios a los pobres desde un enfoque asistencial. Estas entidades se financiaban por auxilios del Estado y donaciones de la empresa privada y personas naturales en un contexto de filantropía y caridad.
La confluencia de múltiples factores, cambió el libreto y el escenario de los tres actores: La participación, las alianzas, el cambio en la relación público- privado deja efectos benéficos en los tres sectores fortaleciendo el capital social. El propósito de este artículo es dar cuenta de la manera como estos sectores empezaron a redefinir sus relaciones y a considerarse como actores sociales[2], a generar convergencias entre ellos, a pesar de los conflictos.[3] De igual manera se analiza cómo la empresa privada y el tercer sector hacen parte de la Sociedad Civil y como ésta se articula con el Estado, generando convergencias y conflictos. Por último se expone cómo las alianzas público-privadas y la formación de capital social incrementan las relaciones entre los tres sectores y fortalecen la sociedad civil.
LOS TRES SECTORES: ROLES, FUNCIONES E INTERRELACIONES
Acogiendo la propuesta del profesor norteamericano Lester Salamon[4] en el sentido de la existencia de tres sectores, se desarrollará una descripción analítica de cada uno de ellos, alcances y limites en sus interrelaciones.
§ Primer sector: Lo estatal
Hace mención al Estado como aquel sistema organizado de normas, leyes, instituciones y organizaciones que portan la representación legal y legitima de los intereses públicos de una sociedad particular asentada en un territorio específico. Además de ejercer el monopolio de las armas, administrar justicia y asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento de una economía de mercado, al Estado le compete la producción de los bienes públicos y de ciertos servicios sociales como la educación y la salud. Lo público es entendido como aquello que es de todos y a lo cual se puede acceder en forma libre y gratuita. En las democracias liberales occidentales los partidos políticos son quienes regulan el ejercicio del poder estatal por la vía de la elección, nombramiento y ejercicio de los cargos públicos. El Estado tiene como función principal la administración de lo público estatal de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política y en los programas y planes de desarrollo. [5].
Entre los fines del Estado aquí nos interesa resaltar los de asegurar e incrementar el capital físico, el capital humano y el capital social; así como el de posibilitar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades con el propósito de mejorar la calidad y el nivel de vida de la población de un país.[6]
Para que se cumplan las funciones del Estado en el campo social, este debe acoger el enfoque del Buen Gobierno, en el sentido de ser receptivo a las demandas de la comunidad, del sector empresarial y del sector social. En palabras de la socióloga Isabel Licha:
“Esto requiere dos transformaciones fundamentales: una en el Estado, para alcanzar la eficiencia, eficacia y equidad en sus acciones, lo cual significa modernización pero a su vez democratización. Por otra parte, se requiere fortalecer la Sociedad Civil, entendiéndose por esto la creación de condiciones para que la sociedad se organice en distintos grupos que representen sus intereses y a partir de los mismos se produzcan asociaciones, articulaciones, reclamos, afirmación y reafirmación de derechos. (...) La idea es pues que la política social no depende exclusivamente de las ideas que se formulen, sino que depende de la fuerza de la comunidad, del desarrollo de la Sociedad Civil, en sus relaciones con el Estado, ante la cual éste tiene que canalizar dichos intereses y darles respuesta. Mediante esas nuevas relaciones la sociedad crea y legitima al Estado y éste atiende, regula, protege y defiende los intereses de la comunidad”.[7]
§ Segundo sector: Lo empresarial
La democracia liberal es el régimen político vigente y legitimo del sistema de producción y acumulación capitalista, siendo el proceso de globalización (mercados, informática, comunicaciones, homogenización cultural) un resultado de su desarrollo histórico. La empresa es la expresión material y social de la relación entre el capital y el trabajo asalariado. La propiedad privada sobre los medios de producción es la norma jurídica, reconocida y garantizada por el Estado, la cual asegura el acceso y disfrute particular de las ganancias. Estas se obtienen de la producción de bienes y servicios privados para su distribución, circulación y consumo mediante el mercado. El dinero es el medio legal por el cual los consumidores acceden a ellos. El fin que se persigue al producir una mercancía o servicio, no es el de satisfacer una necesidad humana o material sino el de obtener un lucro personal, el cual es legal y legitimo en una democracia liberal. Otros resultados de la actividad productiva privada son los de incrementar el capital (financiero, comercial e industrial), y contribuir al desarrollo económico y tecnológico de la sociedad. El ámbito natural de actuación del sector empresarial es el mercado.
Las luchas sindicales y la presión de diversos movimientos sociales como el feminismo, las ligas de consumidores y los ambientalistas, por ejemplo, obligaron a los Estados, en las democracias liberales, a expedir normas y a crear órganos de control al sector empresarial con el fin de mitigar los efectos perversos del capitalismo salvaje. Lo anterior, unido a una mayor información de los consumidores y de la opinión publica, mediante los medios de comunicación, ha obligado a las organizaciones empresariales, (OE), a realizar acciones de tipo social. Herramientas como el balance social y estrategias innovadoras como el mercadeo social dan cuenta de la responsabilidad social empresarial.
La responsabilidad social implica la generación de empleo, el cumplimiento de la legislación laboral o el pago de impuestos al gobierno, e involucra además, tomar decisiones de inversión para el desarrollo social de comunidades marginadas, incrementar el capital social, establecer alianzas estratégicas con el Estado y el social para canalizar recursos y ampliar la producción de bienes públicos y de servicios sociales. Los investigadores Constanza Jaramillo y Juan Alejandro Ángel afirman:
“Responsabilidad social es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, sus familias y la comunidad en general.” [8]
Como puede colegirse de lo anterior, el auténtico concepto de la responsabilidad social empresarial supera las acciones puntuales de tipo moral, asistencial, paternalista, de mercadeo social o filantrópico, prácticas arraigadas de larga tradición de las elites empresariales y exige la extensión de programas y proyectos sociales a personas y familias por fuera de sus empresas.
La creación de fundaciones empresariales que aportan y apoyan procesos de autogestión comunitaria en poblaciones vulnerables es una respuesta concreta a la responsabilidad social de los empresarios y se enmarca en la esfera de “lo público no estatal”.[9] Estas fundaciones no desarrollan una acción dirigida a “privatizar lo público”, ni presuponen quitar responsabilidad al Estado en los compromisos oficiales y constitucionales de hacer efectivos los derechos sociales de la población; ellas hacen parte del conjunto de organizaciones sociales privadas sin fines de lucro dedicadas a la producción de bienes y servicios públicos y responden al reto de contribuir a la solución de los problemas del país.
Otra forma de asumir la responsabilidad empresarial es el abordar la dimensión de lo político, tal como lo plantea Carlos Arturo Ángel, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales- ANDI-:
“Pero de todas las novedosas responsabilidades que se han señalado, tal vez la más compleja y exigente es la que tiene que ver con la dimensión política, puesto que alude directamente a la capacidad de intervención de sus organizaciones en la definición de un proyecto de sociedad, ausencia significativa en nuestro medio”.[10]
§ El Tercer Sector: Lo social
El Tercer Sector lo conforman las organizaciones civiles sin ánimo de lucro, de iniciativa privada, que propenden por el desarrollo humano y social de personas, grupos, familias y comunidades, tal como: asociaciones, corporaciones, fundaciones, partidos políticos, entidades eclesiásticas, gremios, cooperativas, ONG, cajas de compensación familiar, sindicatos y juntas de acción comunal entre otras.
El fin de la guerra fría, la incapacidad de los Estados por cumplir las metas del desarrollo, la crítica al neoliberalismo, la resistencia a los fenómenos de la globalización (exclusión social, integración perversa), la consolidación de regímenes democráticos en Occidente con énfasis en los procesos de participación ciudadana, han contribuido al empoderamiento y reconocimiento del Tercer Sector, en los escenarios nacionales e internacionales. Al constituirse éste en actor social y protagonista, redefinió sus fuerzas ante el Estado y fue adquiriendo conciencia de su poder en el desempeño de su rol y responsabilidades.
Las organizaciones sociales del Tercer Sector no solo se han incrementado, además han conformado redes de comunicación e integración. Su fortalecimiento institucional tiene manifestaciones en diversos frentes: El gremial, en lo relativo a la representación y defensa de sus intereses sectoriales; el de la gestión social, por llevar a la práctica propuestas innovadoras de desarrollo social; y el político, en la medida que sus acciones gremiales y programáticas tienen efectos en el diseño, formulación y ejecución de los planes de desarrollo establecidos por los Gobiernos.
El objetivo del Tercer Sector es procurar la vigencia de la ciudadanía social promulgada por el Estado Social de Derecho, es decir que además de los derechos civiles y los derechos políticos, los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, y la recreación entre otros. El valor que moviliza sus acciones es el de la solidaridad, entendido este como el interés real de un grupo de personas por alcanzar un objetivo común de beneficio colectivo, sin que medie imposición u obligación legal. La solidaridad nace del querer no del deber, es espontánea, no puede ser forzada.
Dos distinciones son fundamentales de tener en cuenta entre el Tercer Sector y los otros dos sectores: Con el Estado, el origen no oficial y con la empresa privada la no obtención de lucro y la práctica de la solidaridad en la producción de bienes y servicios. Este sector demanda del Estado, su reconocimiento legal y de la empresa privada recursos económicos. Como fortaleza del Tercer Sector, mundialmente, se reconoce su número creciente y magnitud; como debilidad su excesiva heterogeneidad, atomización y dispersión, lo que impide la construcción de consensos, la concertación y la unidad de enfoques, criterios y metodologías de intervención.
Las organizaciones sociales requieren de la democracia como el requisito para la expansión y el fortalecimiento, de de ahí que ellas estén alineadas en su defensa y garantía. Su acción política, en general, no está enmarcada en competir o suplantar al Estado, las comunidades, o los partidos políticos. La acción política del Tercer Sector reside en la construcción y mantenimiento de espacios colectivos y democráticos para hacer posible la participación social en los debates y las políticas públicas acerca del desarrollo humano y social.
Mediante la participación, el sector social puede y debe ampliar la capacidad de influencia sobre el proceso de toma de las decisiones públicas, las cuales se dan en la formulación de políticas, programas y proyectos de desarrollo social. Cuando los intereses sectoriales se articulan en el plano de lo intersectorial e interinstitucional, con unidad de criterios y de acción, se ejercita una práctica benéfica de “construcción de lo público” desde lo no estatal.
Desafortunadamente en Colombia y en el resto del mundo, la heterogeneidad y la complejidad de intereses en conflicto del Tercer Sector, inciden en forma negativa en esta unidad. Cuando los intereses de las organizaciones del Tercer Sector no traspasan el ámbito de lo gremial y de lo sectorial y estos se limitan a defender o a imponer, a ultranza, prerrogativas y beneficios la acción de estas organizaciones se inscribe en la práctica nociva de “privatizar lo público”.
Se ha descrito hasta aquí los roles y funciones que desde la teoría deberían desempeñar el Estado, la empresa privada y el Tercer Sector, en la búsqueda de objetivos como el desarrollo, el bienestar, la democracia y la participación. En cuanto a la interrelación entre estos sectores, la realidad colombiana y en buena parte, la latinoamericana, difiere de los postulados arriba enunciados, en la medida en que existen vacíos, déficit, incongruencias en cada sector así como tensiones, conflictos de intereses, problemas de comunicación, generación de confianza que afecta la relacione entre ellos.
La filósofa Beatriz Restrepo Gallego señala al respecto:
“…la sociedad bien ordenada (es) aquella en la que se dan interrelaciones e interacciones armoniosas y productivas entre los distintos sectores, y nosotros vemos que eso no sucede aquí. Como consecuencias, las cargas y los beneficios de la vida social, también se distribuyen de manera desigual: el sector político recurre al sector social cuando le conviene, buscando bases clientelares para las votaciones, el sector empresarial recurre al sector político cuando quiere hacer lobby, cuando quiere evitar la promulgación de alguna ley que no convenga a sus intereses, el sector social duda mucho del sector político, no quiere tener nada con la política, el sector empresarial duda del sector social, cuestiona el trabajo de las ONG y las ONG a su vez no recurren al sector productivo sino cuando necesitan dinero.
Es, entonces, una sociedad que sufre de desarticulación, de desintegración, y de prevención entre los sectores, cuando al contrario, una sociedad bien ordenada debería marchar de conjunto y de manera armoniosa”.[11]
La cita anterior referencia alguna de las dificultades que obstaculizan un curso fluido de intercambio, acuerdos y consensos entre los sectores. Las dudas, la desconfianza y el recelo son percepciones subjetivas que los distintos actores manifiestan entre si, todo lo cual halla soporte en las tensiones que se generan debido a la diferencia de intereses y a los prejuicios y prácticas de discriminación y exclusión.
LA SOCIEDAD CIVIL Y SU ARTICULACIÓN CON EL ESTADO
La revisión bibliográfica y el acumulado histórico disponible dan cuenta de la existencia de un debate académico e ideológico acerca del origen, definición e interpretación sobre el concepto de Sociedad Civil. No existe un discurso unificado que de cuenta de una conceptualización compartida por los diversos autores y tendencias de la teoría política. Sin embargo, hay un acuerdo con relación al momento histórico en el cual surge: el fin de la edad media y el comienzo de la modernidad, es decir el inicio del desarrollo del capitalismo en Occidente. Coincide con el ocaso de los estados monárquicos absolutistas y la formación de los estados nacionales democráticos.
La consolidación del Estado capitalista hizo necesario para su gobernabilidad el reconocimiento de la legalidad y legitimidad de las instituciones que se fueron creando tales como, el parlamento, el voto, la Constitución Política, el sistema judicial, el mercado. El nuevo Estado no requería de esclavos, siervos o vasallos sino de ciudadanos declarados libres y en igualdad de condiciones frente a la Ley. A cambio, los ciudadanos expresan su aprobación explícita y se subordinan a las nuevas instituciones. El Estado se configuró como el lugar de los intereses y las decisiones públicas, mientras que la sociedad civil se erigió como el espacio por excelencia, de la vida privada de las personas, de la familia, del vecindario, de la comunidad y de las actividades económicas y culturales.
Al Estado solo le está permitido hacer lo que las leyes, las normas escritas le permiten, a la sociedad civil le esta permitido hacer todo lo que las leyes y las normas escritas no le prohíben. Esta diferencia jurídica define, de manera esencial, los campos de actuación y las competencias de ambos actores. Si el Estado no actúa conforme a la Ley, al derecho, pierde legitimidad, gobernabilidad y cae en la ilegalidad. La Sociedad Civil debe ser respetuosa de la Ley pero es más libre en definir sus acciones de acuerdo a sus particulares intereses.
Otro elemento constitutivo de la Sociedad Civil es la existencia de un tejido denso de organizaciones sociales y corporaciones gremiales que aglutinen y representen los intereses individuales y colectivos privados frente al Estado, el cual, si es democrático debe garantizar, promover y proteger los derechos de libre asociación y participación en los asuntos públicos. Es necesario entonces, definir, con precisión, el alcance del concepto de participación.
“Es una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos”.[12]
Se señalan dos tipos de participación: la que operan desde la esfera privada y la que lo hace desde la esfera de lo público. A la primera pertenecen la participación social y la comunitaria; a la segunda; la participación ciudadana[13] y la política[14].
La participación, en todas sus formas, solo es posible si confluyen tres condiciones simultáneas: un marco legal amplio y sin regulaciones excesivas,[15] una voluntad política gubernamental de apoyo, estímulo, que ofrezca oportunidades reales y una sociedad civil organizada dispuesta al debate y la movilización para el logro de cambios.
Es necesario tener presente que inherente a todo proceso participativo está el ejercicio de poder y la constelación de diversos intereses de los actores sociales, los cuales pugnan por su reconocimiento y aceptación. El alcance real y efectivo de un proceso de participación depende, también, del contexto y del nivel en el que se presenta ya sea este local, regional o nacional. El ámbito privilegiado de la participación reside en lo local: barrio, vereda, comuna, municipio; es en lo local donde se entrecruzan las tramas de la vida cotidiana de las personas, de los grupos y de las mayoría de las organizaciones de la sociedad civil.[16]
En la Sociedad Civil, por la diversidad de intereses, la dinámica de los actores sociales se caracteriza por la concurrencia del conflicto y el consenso:
“La existencia de actores sociales en conflicto y su clara confrontación pública son elemento indispensable en una Sociedad Civil fuerte y bien constituida. Podemos decir que, en buena medida, son la Sociedad Civil. Generan la dinámica indispensable a toda verdadera democracia. Sin actores colectivos coherentes, bien organizados, provistos de una identidad y una ética propias, capaces de representar y defender sus propios intereses en el ámbito público; sin conflictos definidos que puedan ser canalizados y resueltos, no hay “pueblo” sino simple “masa”, multitud atomizada de intereses individuales, utilizada por minorías poderosas para su propia legitimación y fortalecimiento”.[17]
Además de la existencia de organizaciones sociales, gremios y actores, una Sociedad Civil no puede concebirse sin la voluntad libre y conciente de los individuos por afiliarse y tener membresía. La fuerza vinculante no reside en la obligatoriedad o la imposición sino en el deseo subjetivo y manifiesto de pertenecer y participar, de adquirir identidad colectiva frente a los demás.
El profesor Salamon Lester propone entender la Sociedad Civil como una relación entre sectores:
“En el presente se encuentra muy difundida la idea que identifica a la Sociedad Civil con el tercer sector. Esta idea es inadecuada, porque asimilar al sector solidario con un monopolio y definir a la Sociedad Civil por un sector es una contradicción. La nueva reconceptualización de la Sociedad Civil propone que ésta no debe ser concebida como un sector específico sino como una relación entre sectores, relación en la cual dichos sectores se respetan entre sí, valoran su derecho de existencia y cooperan y asisten mutuamente. Según esta reconceptualización, en la Sociedad Civil puede verificarse la existencia de al menos tres sectores distintos: el gubernamental que promueve las leyes; el económico, que promueve la rentabilidad de los negocios; y el social, compuesto por las personas y organizaciones que persiguen objetivos comunes. La Sociedad Civil se encontraría determinada entonces por la existencia y la cooperación entre los sectores y por el trabajo en conjunto para promover sus capacidades de respeto mutuo y mejoramiento de la calidad de vida”.[18]
Como puede colegirse la tesis del profesor Salamon es de por sí polémica al equiparar al Estado como parte de la Sociedad Civil en cuanto acepta unirse y cooperar con la empresa privada y el sector social. A falta de más argumentación que la sustente mantenemos vigente la relación Estado-Sociedad Civil.
El CAPITAL SOCIAL Y LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS COMO EXPRESIÓN DE LA CONVERGENCIA ENTRE LOS SECTORES
El capital social.
En las relaciones humanas se establecen vínculos o se rechazan de acuerdo con una percepción subjetiva de confianza o desconfianza. La categoría de capital social es un hallazgo reciente de las ciencias sociales para denotar la existencia de confianza, tejido social y asociación entre personas, familias, grupos, comunidades y organizaciones, siendo la libre asociación no solo un derecho humano sino, además, un factor que impulsa el desarrollo económico e institucional. De acuerdo con criterios del Banco Mundial, el capital social es junto con el capital natural, el capital físico y el capital humano elementos constitutivos de la riqueza o pobreza de un país. Al igual que los otros tipos de capital, el capital social puede crearse, fortalecerse o destruirse. El Estado, la empresa privada y el Tercer Sector no son ajenos a la existencia del capital social, requieren de él para afianzar sus relaciones y sus objetivos comunes.
Bernardo Kliskberg amplía el concepto de capital social al incluir como elementos constitutivos de éste, el asociacionismo, la construcción de valores culturales, el clima de confianza social y la conciencia civil.[19]
John Sudarsky en su investigación: El capital social en Colombia, la medición nacional con el Barcas, afirma que el concepto de capital social comporta cuatro elementos teóricos fundamentales para su análisis y comprensión, ellos son: el desarrollo de la Sociedad Civil, la participación ciudadana, el capital cívico institucional y la confianza, este último como elemento preconceptual del orden social. Para Sudarsky:
“La Sociedad Civil es el ámbito de mayor impacto en la generación de capital social y la posibilidad de su desarrollo a través de organizaciones voluntarias no religiosas es un camino claro para hacerlo”.[20]
La convergencia entre sectores.
El capital social propicia la relación entre los tres sectores mencionados y la integración social; cuando es fuerte significa que la confianza entre las personas y las organizaciones es alta, y éstas participan e incrementan sus relaciones y sus alianzas para mejorar las condiciones de vida, sus redes formales e informales y la Sociedad Civil. La ausencia de capital social se convierte en un factor de riesgo que incide en situaciones de desintegración social, violencia, anomia y criminalidad.
Otra clave importante para comprender la dinámica de relaciones entre los tres sectores la constituye el desplazamiento de la matriz estadocéntrica a la matriz sociocéntrica. En la primera el Estado regula la economía, sustituye parcialmente al sector empresarial en la producción de bienes y servicios e interviene en el mercado con la fijación de subsidios y precios. El Estado se erige en la doble condición de interventor y proteccionista del sector empresarial; es el único que formula y es responsable de la política social y el bienestar de la población, entendida esta como la satisfacción de sus necesidades básicas.
En América Latina la adopción de la matriz estadocéntrica aseguró las condiciones para el despliegue del modelo cepalino de sustitución de importaciones y creación de mercados internos en los países de la región.[21] El agotamiento de este modelo y la crisis de gobernabilidad de los Estados latinoamericanos, particularmente en la década de los años 80 del siglo XX con el problema de la deuda externa, hace emerger la matriz sociocéntrica y a dar un cambio en las relaciones de lo público y lo privado. Según la socióloga Maria Teresa Uribe:
“En el viejo modelo de la matriz estadocéntrica los ámbitos de lo político y lo público eran más visibles y reconocibles, no sólo porque estaban delimitados jurídica e institucionalmente sino porque las identidades políticas se aglutinaban unívocamente en torno al sistema de partidos, con sus modelos de acción y representación de intereses colectivos. (...) Bajo este modelo (sociocéntroco), entonces, lo público y lo privado terminaron por coincidir.[22]
La matriz sociocéntrica se caracteriza por la irrupción de los movimientos sociales y de la participación ciudadana en el escenario público, el cual deja de considerar lo público como una prerrogativa del Estado. La politización de la Sociedad Civil se manifiesta en la movilización de las organizaciones sociales en torno a nuevos espacios de participación diferentes a lo electoral o burocrático, y a la actuación de los(as) ciudadanos(as) como sujetos libres e iguales.
El sociólogo Cándido Grzybowaski[23] enuncia los siguientes campos de actuación y mecanismos de acción política de los nuevos actores sociales: Las campañas cívicas, la construcción de redes, foros y plataformas, los debates públicos, el lobbying (cabildeo), presión de despachos, participación en comisiones y consejos paritarios, monitoreo independiente de políticas públicas, veedurías ciudadanas, la movilización social.
Otro factor que estimula la relación entre los tres sectores es el de las alianzas público – privado. El Banco Mundial en el programa Alianzas para la superación de la Pobreza señala lo siguiente sobre las alianzas:
“(…)las alianzas como una relación abierta entre socios distintos, cuya fortaleza radica en los aportes diversos pero complementarios que cada uno hace para alcanzar un objetivo común acordado por todos. Los rasgos constitutivos implícitos o explícitos en esta definición son: (...) un objetivo común, socios activos, interdependencia de aportes, autonomía de los socios, y relaciones abiertas”[24]/[25]
Escribe Guillermo Carvajalino:
“Por fortuna, están ocurriendo cambios en el entorno socioeconómico y político que facilitarán el afianzamiento de las alianzas como instrumento de gestión: cada vez más se reconoce que la complejidad de nuestros problemas requiere una combinación de capacidades y fortalezas diversas y por lo tanto, una mayor participación de distintos actores. Los gobiernos buscan aliados para hacer frente a la progresiva escasez de recursos financieros y la necesidad de aligeramiento de la estructura pública. El sector empresarial incrementa su participación en el desarrollo social. La descentralización avanza y, con ella, se amplían las oportunidades de relacionamiento y cooperación entre gobiernos, ciudadanos y empresarios locales”.[26]
El establecimiento de las alianzas entre los tres sectores ha implicado algunos cambios parciales en el desempeño de los roles de cada uno de ellos. Cambia, por ejemplo, la noción de lo público. El reconocimiento y empoderamiento de las organizaciones sociales tanto del Estado como de la sociedad escindió el concepto de lo público en dos áreas complementarias: Lo público estatal y lo público no estatal. La primera como escenario del poder y de los intereses oficiales y partidistas en la conducción del Estado y la segunda como expresión de los ideales, utopías e intereses de la Sociedad Civil.
Lo público, tanto estatal como no estatal, se convierte en un espacio común de mediación e interlocución de todos los actores en la medida en que el Estado deja de considerarse como el “actor principal y único representante de lo público”, rol desempeñado en la matriz estadocéntrica, y se equipara, en igualdad de condiciones, a los otros actores. Por su parte las organizaciones de la Sociedad Civil se vinculan a la dimensión pública y a la gestión social orientada por definiciones públicas. De esta forma la Sociedad Civil se convierte en sinónimo de lo público, de lo que pertenece a todos.
Pero en los gobiernos no todos están de acuerdo con este tipo de propuestas; existen fuerzas políticas y tecnocráticas que se resisten al cambio y que ven la participación ciudadana y el fortalecimiento de la Sociedad Civil una amenaza a sus intereses y su supervivencia. En consecuencia se oponen, soterradamente, a dejar de ser “el actor principal”.[27] Pero, en la medida en que la Sociedad Civil organizada toma conciencia de la influencia y el poder que proporciona el reconocimiento y la legitimidad de sus acciones públicas, es cada vez más difícil para estas fuerzas, políticas y tecnocráticas, gobernar bajo un estilo autoritario y excluyente.
Las alianzas también implican, necesariamente, una relación abierta y democrática entre los actores sociales donde se ejercen liderazgos y responsabilidades de acuerdo a los aportes, conocimientos, experiencia de cada uno de ellos:
“Así, las organizaciones no gubernamentales traen con frecuencia una perspectiva gerencial; los actores privados, buena administración de recursos escasos; los académicos y grupos especializados, soluciones técnicas efectivas; y las comunidades y sus pobladores, fuerza, talento y saber acumulado”.[28]
El incremento del capital social mediante la conformación de alianzas público-privadas contribuye al logro de una igualdad política de los actores sociales donde priman las relaciones horizontales de reciprocidad, superando las asimetrías del poder vertical mediante la cooperación voluntaria, la autorregulación normativa y la ampliación de las bases de la institucionalidad pública. El Estado en estas alianzas se despoja de su papel coercitivo y dominante y se convierte en un actor social que aporta conocimientos, experiencia y recursos a la consecución de un objetivo común. Sin embargo el rol del Estado como ente regulador sigue siendo necesario para el cumplimiento de funciones indelegables como la administración de justicia, la defensa del territorio, el monopolio de las armas y la conciliación de intereses de sectores antagónicos. A una Sociedad Civil fuerte le correspondería un Estado fuerte con legalidad, legitimidad y gobernabilidad[29].
Los tres sectores tienen la misión de trabajar por la construcción colectiva de lo público democrático. De ahí que el asunto a considerar no sea el de marcar las diferencias o defender a ultranza los intereses sectoriales, sino, por el contrario, el de propiciar la convergencia, las alianzas y el mutuo fortalecimiento con miras a conseguir una sociedad de bienestar, conformada por ciudadanos libres, autónomos, solidarios con todos sus derechos garantizados; donde haya democratización del ingreso y de la propiedad; políticas públicas para enfrentar la pobreza; programas sociales específicos para grupos sociales y regiones más afectadas por la pobreza y la exclusión social; fortalecimiento del aparato productivo en una economía mixta, sostenible y competitiva; y, adecuaciones institucionales que permitan la vigencia del Estado Social de Derecho, con participación, concertación, descentralización y desarrollo social integral.[30]
Tarea común a los tres sectores es también la creación y distribución justa de los llamados bienes sociales:
“Las sociedades cuentan con bienes que podrían llamarse materiales, como el alimento, el vestido, la vivienda, las prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad, pero también con bienes que cabría calificar de inmateriales o espirituales como la educación, la cultura, el cariño, la esperanza, la ilusión y la gracia divina. Son todos éstos bienes que nadie posee en exclusiva, como si alguien fuera capaz de producirlos por sí mismo, sino bienes de los que disfrutamos por recibirlos de la sociedad, incluso de la gracia divina, que se distribuye a través de la familia y la comunidad creyente.(...) De ahí que para distribuir unos y otros con justicia resulte indispensable la aportación de los tres sectores de la sociedad: del sector social, del económico y del político. Sin el concurso de todos ellos la distribución será irremediablemente injusta”. [31]
El principio de la corresponsabilidad en la creación y distribución justa de los bienes sociales es de suma importancia por cuanto deja sin piso los argumentos de que a los sectores político y empresarial no les compete asumir las consecuencias negativas y excluyentes de un modelo económico que genera acumulación y ganancias para unos pocos y pobreza para la mayoría asignándole al Tercer Sector la mitigación del sufrimiento y el acceso a unas condiciones mínimas de vida para los marginados de la propiedad, el conocimiento, la riqueza y las oportunidades. El Estado pierde legitimidad al pretender renunciar a la protección de los bienes sociales básicos; la empresa pierde reconocimiento, productividad y competitividad y deja de generar capital social si solo se ocupa de generar utilidades para sus accionistas renunciando a su compromiso de responsabilidad social. Sin el concurso de los otros sectores, el Tercer Sector sigue tentado a continuar con la práctica nociva del paternalismo y el asistencialismo impidiendo la autogestión y la autonomía de las personas, grupos y comunidades.
CONCLUSION
No hay duda que el Estado, la empresa privada y el Tercer Sector son, por derecho propio, actores sociales de primer orden y sus escenarios se dan tanto a nivel nacional, regional, departamental y local. En el pasado era posible que cada actor asumiera su rol y desempeñara sus funciones encerrados en el que hacer de su propio sector y ámbito de influencia, por ello el establecer relaciones fluidas, permanentes y fijar objetivos comunes no estaba en la agenda de trabajo y en las acciones cotidianas.
Hoy está en el orden del día la propuesta de trabajar por el fortalecimiento de la Sociedad Civil y el incremento del capital social desde una opción de libertad y respeto. El trabajar por objetivos comunes y el propiciar alianzas entre sectores implica asumir, con conciencia y pleno conocimiento, que la corresponsabilidad es el mejor camino, la estrategia más conveniente y exitosa para garantizar el cumplimiento de una ciudadanía política, económica y social con acceso justo a los derechos y bienes sociales.
Por ello, tarea común a la empresa privada y al Tercer Sector es imprimirle a sus roles una dimensión política en sus relaciones con el Estado donde puedan darse acercamientos y propósitos comunes, de carácter más permanente, en los temas de la agenda del desarrollo, de la participación, de la formación de ciudadanía y de la reducción de la pobreza.
Para que estos propósitos sean efectivos, duraderos y se constituyan en oportunidades fundamentales del desarrollo social y de fortalecimiento de la Sociedad Civil, el Estado, la empresa privada y el Tercer Sector tienen que superar obstáculos:
El Estado: Mejorar sus niveles de credibilidad, legitimidad y gobernabilidad frente a la ciudadanía. Ejercer el mandato constitucional y el monopolio de las armas en todo el territorio nacional. Hacer presencia efectiva de sus instituciones y programas de gobierno en todas las regiones y localidades del país. Liderar y convocar con mayor voluntad política la participación ciudadana, social y comunitaria.
La empresa privada: Generar mayor conciencia y aplicación de la práctica de responsabilidad social entre los empresarios dejando de lado su asimilación con los propósitos utilitaristas del mercadeo social o de aportes según la voluntad de los consumidores. Entender que la responsabilidad social no es únicamente con las comunidades vecinas a las plantas o centros de operaciones sino que ésta debe extenderse a localidades y regiones ausentes de la inversión privada. Incrementar de manera progresiva la cuantía de los recursos en épocas de crecimiento económico y no disminuirlas en épocas de recesión.
El tercer sector: Unificar criterios de intervención, reforzar las acciones interinstitucionales, dejar de lado el protagonismo, el mesianísmo, la competencia por los recursos económicos, avanzar más en la construcción de identidad del sector.
El incremento del capital social sólo es alcanzable con el trabajo compartido, en convergencia y en alianza. Pero la búsqueda de las alianzas, el consenso y la convergencia es un trabajo no exento de conflictos, debido a la complejidad de los ejercicios de poder y a los diversos intereses en juego desplegados por los actores. La mayor dificultad no es la expresión legítima de los intereses sectoriales sino el intento de que el interés sectorial predomine siempre sobre el interés general, afectando la creación de capital social y el fortalecimiento de la Sociedad Civil.
[1] Sociólogo. Especialista y Magíster en Ciencias Sociales: Gerencia del Desarrollo Social, Universidad de Antioquia. Magíster en Ciencias de la Educación: Opción Desarrollo Social de la Universidad París XII, Val de Marne, Francia. Diplomado en Gestión de Proyectos de la Cooperación Internacional al Desarrollo, Universidad de Antioquia. Profesor universitario. Consultor e investigador en temas socioeconómicos, ambientales y de familia. Director Ejecutivo de la Fundación Bienestar Humano. bienhumano@une.net.co
[2] Actor Social: “Sujeto individual o colectivo que en una determinada situación controla recursos de poder (económicos, capacidad de representación, de movilización, de convocatoria, de influencia) suficientes como para influir en forma determinante sobre acontecimientos que nos interesan o afectan”. Rovere. Módulo II – Planificación Estratégica de política y programas Sociales. SIEMPRO . Argentina. 1999.
[3] Es necesario aclarar que en este artículo se hace un análisis teórico. Hacer un análisis de las relaciones entre los Tres Sectores en Colombia supera las posibilidades de espacio, por ello las referencias a Colombia son puntuales.
[4] Salamon, Lester, Helmuth Anheier y colaboradores. Nuevo estudio del sector emergente. Resumen. Fundación BBVA. Center For Civil Society Studies. Baltimore. USA. 1999
[5] En Colombia la Constitución Política de 1991 definió el país como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Esta Constitución abrió a las organizaciones del sector social un amplio espacio de participación democrática en las instancias de contratación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública. En cuanto a los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos y ciudadanas la Constitución los incluyó como servicios a cargo del Estado en cuya prestación pueden participar las organizaciones sociales.
[6] En el ordenamiento jurídico del Estado colombiano las Organizaciones Gubernamentales, OG, que producen bienes públicos y servicios sociales son: la Nación, los departamentos, los municipios, los institutos descentralizados y los establecimientos y empresas públicas. Las normas de descentralización y de competencias y recursos señalan las responsabilidades de cada OG en la producción de bienes y de servicios públicos.
[7] Isabel Licha. Gerencia Social: ámbitos y perspectivas. En: Políticas Públicas y Gestión Social: Una mirada desde la Gerencia Social. Municipio de Medellín. 1997. Pp: 124 y 125
[8] Constanza Jaramillo, Responsabilidad social empresarial en Colombia: resultados de una investigación. Juan Alejandro Jaramillo. Centro Colombiano de Filantro-pía. Universidad de los Andes. ANDI. Bogotá.1995. P. 60
[9] En Colombia las fundaciones empresariales inician sus actividades en los años 60 del siglo XX, con la Fundación Carvajal (1961), la Fundación Corona (1963); otras fundaciones importantes son: Fundación Social, Fundación ProAntioquia, Fundación Dividendo por Colombia, Fundación Bancolombia, Fundación Exito, Fundación Compartir, Hocol. En Colombia existen 97 fundaciones empresariales, Ver: El caso de las Fundaciones Empresariales Filantrópicas en Colombia. Resultados preliminares. Rojas, María Cristina y otros. Corporación Centro Regional de Población. 1999.
[10] Carlos Arturo Ángel. La responsabilidad de los empresarios colombianos frente al desarrollo de la sociedad. En: Empresa Privada y Responsabilidad social. Centro Colombiano de Filantropía. Bogotá. 1996. Pp. 27 – 28.
[11] Beatriz Restrepo Gallego. La gobernabilidad requiere de una sociedad participante. Cátedra Héctor Abad Gómez. Periódico Alma Mater. Edición 552. Universidad de Antioquia, Medellín. 2007. p 8.
[12] Esperanza González. Manual de participación y organización para la gestión local. Ediciones Foro por Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá. 1996. P. 17
[13] La Corporación Región y la Fundación PARCOMÚN fueron coautoras de la investigación: Visión panorámica de la participación ciudadana en la ciudad de Medellín 1990 – 1999. En ella se exponen las estrategias más relevantes y los temas de la movilización ciudadana de ese período en Medellín. Se destacan como ejes de movilización: opinión ciudadana sobre asuntos de interés público; movilización contra la violencia o por la paz; la participación ciudadana en la gestión pública; la promoción de la organización juvenil y comunitaria; y, las iniciativas de participación electoral.
[14] Para una definición detallada de dichos conceptos, véase: Manual sobre participación y organización para la gestión local. Op.Cit. Pp 18 y 19.
[15] La Ley 134 de 1994 y el decreto 2629 de 1994 desarrollaron los artículos de la Constitución política de 1991 en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana tales como: la iniciativa legislativa, la solicitud de referendos, las acciones populares, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto. Además de los anteriores mecanismos se cuenta con el sufragio universal, la tutela, el derecho de petición y las veedurías ciudadanas. En la investigación adelantada por Fabio Velásquez y Esperanza Gonzalez: ¿Qué ha pasado con la Participación Ciudadana en Colombia? Fundación Corona. Bogotá. 2003, se realiza un balance exhaustivo del tema en el país desde 1991 hasta el 2003 y se analiza el alcance de las normas e instituciones de la participación ciudadana, sus actores y sus motivaciones.
[16] En Colombia, los planes departamentales y municipales de desarrollo así como los consejos territoriales de planeación y los consejos municipales de política económica y social son espacios y oportunidades para promover la participación social y comunitaria.
[17] Luis Alberto Restrepo. Relación entre la Sociedad Civil y el Estado. En: Análisis Político N° 9. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1990. Pág: 70.
[18]Replanteamiento del concepto de Sociedad Civil. Lester Salamon. En: Empresa privada y responsa-bilidad social. Ediciones Útopica. Bogotá. 1996. P.117
[19] Capital social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo. Bernardo Kliskberg y Luciano Tomassini. Santiago de Chile. 2000
[20] El capital social en Colombia, la medición nacional con el Barcas. John Sudarsky. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 1998. Pp. 170 y 171.
[21] María Teresa Uribe de Hincapié. El Ciudadano y la política, en: Nación, Ciudadano y Soberano. Corporación Región. Medellín. 2001. Pp. 126-141.
[22] Ibid, pág:137
[23] Candido Grzybowfi. Presión política, movilización social, lobbying. Ibaje. Documento. 1996.
[24] Banco Mundial. Alianzas para la Superación de la Pobreza. Fundación Corona. Fundación Interamericana, Universidades y Centros Regionales de Investigación. Bogotá. 1998. Pp. 25 y 26.
[25] En Colombia el programa Alianzas entre Sector Empresarial, Gobierno y Organizaciones Ciudadanas para la Superación de la Pobreza se viene realizando desde 1996 con la documentación de casos exitosos para su premiación, reconocimiento y divulgación.
[26] Guillermo Carvajalino. En Banco Mundial. Op.cit, p. 16.
[27] Un ejemplo claro de esta tendencia fue la intención de la administración del alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, de modificar el acuerdo 43 de 1996 sobre planeación participativa con el pretexto que la comunidad ya había participado, en su elección, con el voto programático a su programa de gobierno. Afortunadamente la movilización de las organizaciones sociales logró que dicho proyecto fuera retirado del Concejo Municipal.
[28] Ibid. Pág: 27
[29] No es esta la realidad colombiana. Nuestro Estado es débil, sin presencia en grandes porciones del territorio nacional; y así como hay vacío de Estado hay, también, vacío de Sociedad Civil en esos mismos territorios.
[30] El desarrollo Social: una mirada intersectorial. Sector ONG. Jorge Bernal. 7° Jornada de Reflexión. Octubre 11 de 2000. Federación Antioqueña de ONG.
[31] Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de a ciudadanía. Op.Cit. Págs: 257 y 258
