sábado, octubre 05, 2002

EL DESARROLLO SOCIAL DESDE EL SECTOR SOCIAL

Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magister en Ciencias Sociales
Magister en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano



1. Antecedentes históricos

En Occidente la producción y reflexión de conocimiento acerca de lo social lleva varios siglos. Desde la Grecia antigua, el imperio romano, el medioevo, el iluminismo francés, los filósofos y sus escuelas se ocuparon por definir y comprender lo social.
El régimen esclavista de producción al concebir al hombre como mercancía e instrumento de trabajo hizo impensable e imposible una visión y gestión de lo social. El cristianismo constituyó un cambio radical en la concepción del género humano, al predicar el amor a los semejantes. La posibilidad de ver y sentir al otro como sujeto de amor permitió la aparición y práctica de valores humanos como la caridad, la justicia y la solidaridad. Además los mandamientos divinos promulgaban las ventajas de ser bueno y de hacer el bien a otros. Mucho antes de que se conformaran los Estados Nacionales y la Sociedad Civil moderna fue la Iglesia Católica la única organización, de Occidente, que se ocupó de hacer gestión social. Desde la edad media órdenes religiosas como la de San Vicente de Paúl hicieron de la caridad y de la misericordia su razón de ser. La influencia de la doctrina católica en los asuntos sociales no se limitó a sus ordenes religiosas sino que, además, fomentó la creación de multitud de organizaciones laicas con fines de beneficencia y asistencia social.
Como efecto combinado de la revolución francesa y de la revolución industrial surge la sociología como la disciplina científica que pretendía conocer las leyes positivas del funcionamiento de la sociedad. En el siglo XIX lo social también fue objeto de estudio por parte del socialismo utópico, el marxismo y la Iglesia Católica; en 1981 el Papa León XII publica la encíclica “Rerum Novarum” fija el pensamiento oficial de la Iglesia en el tema de lo social. La revolución francesa avanzó al concederle al hombre el estatus de ciudadano y como sujeto de derechos y deberes pero la revolución industrial inglesa impuso el capitalismo salvaje el cual fue responsable de la pauperización y condiciones extremas de vida, las cuales fueron denunciadas por Federico Engels en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra; condiciones narradas, también, en las obras literarias de Charles Dickens.
Solo fue hasta 1870 cuando, por primera vez, un Estado, el prusiano, se ocupó de lo social e hizo gestión pública. La Prusia de Bismark concibió y puso en práctica el primer modelo de seguridad social. Pero la época en Europa era aún de inestabilidad política y de guerras entre los Estados nacionales, lo cual impedía ocuparse en forma de la gestión social. Sin embargo, fueron los efectos devastadores de las guerras entre los soldados y la población civil los que dieron origen a la organización social, sin ánimo de lucro, más grande del mundo: la Cruz Roja Internacional, la cual se haya presente en 176 países y dispone de 200.000 voluntarios. La misión humanitaria de socorrer víctimas militares y civiles de los conflictos armados se inscribe bajo el concepto, ya no de la caridad y la misericordia, sino de la filantropía.
Para principios del siglo XX los estados occidentales fueron asumiendo la gestión social mediante las reformas constitucionales y la expedición de leyes sociales, si bien su aplicación fue un proceso lento y gradual, presionado por la movilización de fuerzas sindicales y feministas, en el caso de la protección al trabajo y al derecho al sufragio. El denominado “Estado del Bienestar”, tuvo su origen y máxima expresión en los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental; su objetivo fue el de asegurar y prestar servicios sociales en forma pública, subsidiada o gratuita a la mayoría de la población. Esto ocurrió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,1945, hasta mediados de la década del 70. En los países del Caribe y Latinoamérica no se dio un verdadero “Estado del Bienestar” como en los países arriba mencionados, en razón de que su desarrollo industrial, político e institucional fue insuficiente para generar riqueza y mucho menos redistribuirla equitativamente.
El prolongado período de auge económico de la posguerra sumado a la estabilidad política de regímenes socialdemócratas, facilitó la consolidación del “Estado del Bienestar”. Fue la crisis del petróleo y el consiguiente encarecimiento de sus derivados, base de la sociedad industrial, quién puso fin al largo ciclo de prosperidad, debilitando los ingresos tributarios de los gobiernos y las condiciones estructurales de pleno empleo. A principios de los años 80 el neoliberalismo hizo su aparición como respuesta política y administrativa a la crisis, disminuyendo la inversión social y desmontando servicios públicos creados por el “Estado del Bienestar”. Si bien este modelo de gestión social contribuyó a elevar el nivel y la calidad de vida de amplios sectores de la población generó, a su vez, efectos perversos sobre ellos. Los lazos de solidaridad, cooperación y mutua ayuda sobre las personas, familias y comunidades, en especial las urbanas, fueron remplazados por los trámites impersonales y burocráticos de acceso a los servicios. El resultado generalizado fue el aislamiento social y la pérdida de las redes de apoyo. La vida en soledad y la muerte en solitario de ancianos en sus casas se convirtieron en la expresión deshumanizada del “Estado del Bienestar”.
En América Latina, por el contrario, se aplicaban las teorías y recomendaciones de la CEPAL; se afirmaba que lo prioritario era destinar recursos al desarrollo económico, a la construcción de carreteras, embalses hidroeléctricos y a sustituir importaciones. El crecimiento económico, per-se, se convirtió en dogma, y éste, una vez alcanzado traería el desarrollo social y, con las reformas políticas adecuadas, se distribuiría mejor la riqueza generada. Los países latinoamericanos, como el resto del llamado Tercer Mundo, se endeudaron en cuantiosos prestamos ofrecido por la banca internacional, inundada con los dineros de los petrodólares. Lo anterior dio origen al problema del pago de la deuda externa de los años 80, a crisis fiscales y severos programas de ajuste ordenados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y a la adopción de políticas neoliberales que desplazaron de la agenda pública la responsabilidad del Estado en el desarrollo social de sus ciudadanos.

2. Componentes del viejo paradigma de lo social

La caridad cristiana
La Iglesia Católica como institución fundadora de la civilización occidental dio origen a las primeras entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la educación, la atención de enfermos, huérfanos e indigentes. Los recursos se obtenían de donaciones, legados, testamentos y obras pías. Las llamadas obras de misericordia, materiales y espirituales, fueron la guía de acción para la práctica de la caridad cristiana. Esta asume una relación personal entre el donante y el receptor.
"La visita domiciliara fue la forma principal a través de la cual se prestaba atención a los pobres y la expresión por excelencia de la caridad. Una caridad motivada por la fe católica, conducente a socorrer al desamparado, llevándole el pan y el alimento del alma. En esas visitas, se establecía una relación personal con el pobre, un verdadero parentesco espiritual y era esa interacción entre el que da y el que recibe, el nucleo central de la caridad".[1]
La limosna callejera y el mercado del pobre en parroquias y colegios católicos constituyeron también prácticas habituales del precepto de la caridad cristiana. Las sociedades de San Vicente de Paúl, las cuales son de las más antiguas (la de Bogotá fue fundada en 1857 y la de Medellín en 1882) siguen observando en sus programas y servicios la orientación caritativa. Al contrario del protestantismo cristiano que proclama la fe como única instancia de salvación del alma, la Iglesia Católica pregona, aún, la práctica de la caridad como fuente de redención de los pecados.
La Filantropía Individual
Si el motivo de la caridad es el amor a Dios, la filantropía consiste en “el amor a los semejantes”.
“En su más pura expresión, filantropía individual significa la donación que una persona hace desinteresadamente de sus propios recursos, como una expresión de solidaridad con sus semejantes, incluso extraños. Los verdaderos filántropos no esperan nada a cambio de sus donaciones”.[2]
“La filantropía es toda acción generosa y voluntaria que se realiza en beneficio de la comunidad, sin ánimo de lucro ni interés particular.”[3]
El concepto de filantropía individual fue resultado del pensamiento liberal y de la secularización del Estado y la sociedad siendo sus máximos exponentes los capitalistas adinerados, quienes crearon fundaciones con el doble propósito de realizar obras de carácter filantrópico y perpetuar su memoria.. Al principio de esta oposición entre caridad cristiana y filantropía individual, se afirmaba que esta no conllevaba el establecer una relación directa y personal con el pobre y menos el de participar en forma presencial en las actividades que patrocinaban.[4]
Las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, sean estas laicas o religiosas, han tenido a las empresas privadas como fuente de ayuda económica para sus fines. La filantropía empresarial, fomentada por beneficios tributarios de reducción de impuestos, no es más que la donación en dinero o en especie solicitada por una entidad sin ánimo de lucro. A excepción del certificado de donación no exige ninguna contraprestación ni vínculo institucional con la población, programa, proyecto o servicio receptor de la donación.
La colecta pública, la autorización de débito mensual en una cuenta bancaria y el aporte mediante una beca a la educación y sostenimiento de individuos vulnerables son otras formas de expresión de la filantropía individual. Esta aún constituye una fuente no despreciable de recursos del Sector Social. De acuerdo con hallazgos del Nuevo Estudio del Sector Emergente[5] realizado en 22 países por Salamón Lester y colaboradores, el 11% de los ingresos totales del Sector Social provienen de donaciones privadas de personas, empresas y fundaciones.[6]
La Beneficencia Pública y Privada
Durante la época colonial de América Latina, la Corona Española delegó en la Iglesia Católica la fundación y administración de establecimientos de educación, de salud y de protección. El Real Patronato de Indias fue la figura jurídica acordada por la Santa Sede y el Imperio Español para concederle a las organizaciones eclesiásticas y comunidades religiosas el monopolio de los servicios sociales. Al terminarse la época colonial con la independencia de España y al avanzar en la conformación de los estados nacionales y en el proceso de secularización y separación entre la Iglesia Católica y el Estado se dio inicio en Colombia a la institucionalidad estatal para atender la asistencia social.
“Desde el proyecto de beneficencia y secularización, los gobiernos liberales de mediados del siglo XIX intentaron traspasar las instituciones educativas, hospitales, hospicios y orfanatos a la responsabilidad de los gobiernos municipales. Se proponía que los gobiernos municipales se encargaran de la administración, dotación, organización y dominio de las instituciones que ayudaban a los más necesitados.”[7]
Las Juntas de Beneficencia fueron creadas para la administración de la asistencia pública social, con auxilios oficiales e impuestos locales. En 1869 se crea la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca. No fue tarea fácil para los municipios asumir estas nuevas obligaciones ante la falta de experiencia y la oposición de la Iglesia Católica. De ahí que fué necesario realizar contratos con las comunidades religiosas para su administración, reservándose las Juntas su inspección y vigilancia.
“Esta dependencia gubernamental, en términos de recursos y supervisión, no se tradujo en una presencia igualmente importante en la ejecución de los servicios. La participación de las comunidades religiosas fue fundamental para la administración y para las operaciones diarias de estas instituciones de beneficencia. La experiencia en la prestación de estos servicios por parte de las comunidades y la imposibilidad de una ejecución directa por parte de los funcionarios gubernamentales, condujo a la necesaria complementariedad entre la Iglesia y el Estado para el desarrollo de los servicios de salud y amparo para poblaciones pobres”.[8]
La beneficencia como concepto y organización pública sigue vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. Por disposición legal las beneficencias departamentales tienen el monopolio de la explotación y supervisión de las rifas, loterías y juegos de azar, debiendo transferir los recursos captados a los sistemas departamentales de salud. Otra característica que se mantiene desde el siglo XIX es la contratación entre el Estado y las comunidades religiosas para la prestación de servicios asistenciales a población vulnerable; práctica que se ha extendido a las ONG y a las organizaciones de base como las madres comunitarias.
El Asistencialismo
Si bien la caridad cristiana, la filantropía individual y empresarial, y la beneficencia pública y privada difieren en cuanto a principios, valores y fuentes de financiación se asemejan en el resultado de sus acciones con respecto a los grupos objetivos que atienden. Todos ellos crean y fomentan la dependencia entre el oferente y el receptor de los bienes y servicios. La dependencia impide el crecimiento personal, el fortalecimiento de la autoestima, la búsqueda de la autonomía individual y la autogestión comunitaria; impide, mental, emocional y físicamente el hacerse cargo, con responsabilidad y madurez, del propio destino.
El asistencialismo parte de la premisa de la imposibilidad del cambio de la situación económica, social y cultural de las personas, familias y comunidades. Estas son atendidas en calidad de “beneficiarias”, de elegidas, para ser merecedoras del acceso y disfrute privilegiado de programas y servicios. Las prácticas asistenciales se han dado tanto en las organizaciones públicas como las privadas donde aun persisten bajo el esquema de la focalización y la atención a la población vulnerable.
El Voluntariado
La dedicación que hace una persona de su tiempo, sus conocimientos y experiencias a un trabajo social no remunerado ha sido siempre una característica distintiva de las organizaciones del Sector Social en todo el mundo. Estas integran el empleo remunerado de tiempo completo y parcial con el trabajo no pagado de los voluntarios. En las organizaciones pequeñas y en las etapas iniciales la vinculación de voluntarios es decisiva; en la medida que la organización crece y se consolida va disminuyendo la participación del voluntariado. Peter Drucker señala su importancia:
“Pocas personas se han dado cuenta de que el sector sin ánimo de lucro es el mayor empleador en los Estados Unidos. Uno de cada dos adultos, o sea un total de 80 millones y pico de personas trabajan como voluntarios, y, en promedio, le dedican cinco horas semanales a una o varias organizaciones sin ánimo de lucro. Esto es igual a 10 millones de empleo de jornada completa. Si a los voluntarios les pagaran sus emolumentos, incluso con salario mínimo, ascenderían a unos 150.000 millones de dólares, o el 5 del PIB.”[9]
Otro elemento que caracteriza el voluntariado es su alta composición femenina la cual se explica por la asignación cultural de la mujer al cuidado, atención y protección de las personas en estado de dependencia o indefensión; de ahí la profusión de organizaciones como las Damas de la Caridad, las Damas Grises y otras similares que se ocupan de asistir a personas enfermas en las instituciones de salud.

3. Componentes del paradigma emergente de lo social

La Economía del Desarrollo tuvo su origen en la década de los años 70 del siglo xx el cual se denominó “El otro desarrollo, el desarrollo alternativo” y fue publicado en 1977 por The Dag Hammarskjöd Foundation. Su máximo exponente es el premio nobel de economía Manfred Max Neef. El desarrollo a escala humana pretende el logro de la satisfacción de las necesidades básicas humanas, materiales e inmateriales, y no solo las de la acumulación de capital. Comenta Antonio Hidalgo:
“El origen intelectual de esta nueva concepción de desarrollo hay que buscarlo, por un lado, en el fracaso de las teorías de modernización, de la dependencia (estructuralista y neomarxista), para solucionar efectivamente el problema del subdesarrollo, y por otro, en el auge del movimiento ecopacifista, de los países desarrollados y de las filosofías gandhiana, budista, indigenista, islamista y de la negritud en muchos países subdesarrollados. Este nue-vo enfoque dará pie al surgimiento de la cooperación al desarrollo a través de los movimientos solidarios y las organizaciones no gubernamentales, que de esta forma ven la posibilidad de jugar un papel significativo en el desarrollo del sur”.[10]
Otro hito importante en la evolución del concepto fue Desarrollo Humano. Informe 1990 del PNUD DE LAS Naciones Unidas. Según el PNUD:
“El objetivo central del desarrollo humano es el ser humano, ya que dicho desarrollo es un proceso por el cual se amplían las oportunidades de éste. Dichas oportunidades, en principio pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo; sin embargo las tres oportunidades más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultaran inaccesibles. Pero el desarrollo humano comprende otras muchas dimensiones tales como la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos humanos(...)



El desarrollo humano va más allá de la satisfacción de las necesidades básicas ya que compagina la producción y distribución de bienes de consumo con la expansión y uso de las capacidades humanas, incluyendo además un proceso dinámico de participación social, lo que lo convierte en un concepto válido tanto para países desarrollados como subdesarrollados”.[11]
Este nuevo enfoque del desarrollo cambió la concepción y valoración de lo social en la academia, las agencias internacionales de cooperación como el Banco Mundial, en las políticas públicas de los Estados y en las organizaciones nacionales e internacionales del Sector Social. La conclusión más sobresaliente y en la que hubo consenso es que no era suficiente invertir solo en proyectos productivos, infraestructura y crecimiento económico de los países para superar la pobreza y la desigualdad, sino que, además, había que empezar a invertir en acrecentar el capital humano y social, ya que estos proveen las condiciones y el contexto favorable para el desarrollo económico.[12]
El desarrollo a escala humana y el desarrollo humano son propuestas, entre muchas otras como la del endodesarrollo, el desarrollo autónomo y ecodesarrollo, objeto de estudio de la llamada Economía del Desarrollo. ¿Qué es entonces el desarrollo social? ¿Qué lo distingue y asemeja de las propuestas arriba mencionadas?
No existe, en sentido estricto, una teoría consolidada acerca del desarrollo social. Antes que la comunidad académica han sido los funcionarios de las ONG, de la OG y de las organizaciones internacionales, las personas que más han trabajado sobre las implicaciones teóricas y prácticas del desarrollo social. El tema de la pobreza y las alternativas a su superación es quizá el que ha posibilitado una mayor reflexión y conceptualización teórica acerca de las implicaciones y alcances que su empleo tiene en el análisis de la realidad. La noción de desarrollo social surge, además, como crítica a la noción de desarrollo económico en el sentido de que este, per se, es insuficiente para lograr equidad en el acceso a las oportunidades, la distribución de los excedentes y en la mejora de la calidad de vida de la población.
El trabajador social Antonio Elizalde Hevia propone:
“Asumiremos como definición de el Desarrollo Social aquel tipo de desarrollo que logre generar los mayores niveles posibles de sinergia entre necesidades humanas fundamentales vivenciadas y actualizadas a nivel individual y de armonía de estas, con los requerimientos que surgen de la reproducción ampliada de los grupos humanos y de las sociedades en que ello conviven.”[13]
Para el economista Libardo Sarmiento:
“El desarrollo social implica el acceso a un mayor bienestar entendido como el aumento de la disponibilidad y accesibilidad de bienes sociales y económicos”.[14]
En palabras de Alfredo Sarmiento, Ex-Director de la Misión Social, DNP:
“En cuanto al concepto de desarrollo social, no estoy de acuerdo con que la búsqueda del desarrollo es búsqueda del crecimiento económico con equidad, lo que nos ha faltado precisamente para mirar lo económico y lo social es mirarlo como un solo conjunto, no se puede hacer desarrollo económico si no se hace desarrollo social. La economía, los bancos están descubriendo que la gente existe y que la participación puede llegar a ser importante para el desarrollo y los economistas institucionales descubrieron lo que ya hacia mucho tiempo habían dicho los sociólogos, que además del desarrollo individual se requiere el capital social, o sea la acción comunitaria; la única cosa que nos han dejado los 30 – 40 años de investigación sobre el desarrollo es que usted debe capitalizar si quiere desarrollarse, y esto en términos económicos quiere decir capacidad de ahorro y de inversión; pero en términos sociales quiere decir talento humano capitalizado, individualmente como personas más educadas. Y también socialmente en instituciones, en organizaciones, en solidaridad (...) Si no se hace capitalización de la integración social y del talento humano, no hay ni desarrollo económico ni social, porque no son dos cosas, son lo mismo. Se debe capitalizar en el hombre, hacer mejores personas, si lo logramos estamos desarrollados, y si no, no, así tengamos mucha acumulación de capital como los árabes y mucha integración como algunas tribus indígenas, pero si no se tienen las dos cosas al tiempo no se tiene desarrollo social”.[15]
Según el Banco Mundial:
“¿Qué quiere decir lo social?
Tiene varios significados. Se puede referir a educación y salud, como en el Sector Social; reducción de pobreza y política que benefician a los pobres y a los más necesitados. También se puede referir a las relaciones e instituciones dentro de una sociedad como cuando se habla de capital social; o a las condiciones históricas e institucionales que afectan los resultados de proyectos y políticas, en términos del contexto social de desarrollo.
¿Qué quiere decir desarrollo social?
Hay muchas definiciones, como se desprende del punto anterior. Señalo dos que son bastante utilizadas.
Significado positivo. Se refiere a las condiciones de la gente: nivel de educación, calidad de vida y sostenibilidad de sus relaciones e instituciones. No presupone el deber sino que describe lo que es.
Significado normativo. Visto con un lente normativo, desarrollo social también significa metas y objetivos sociales. Por ejemplo en las cumbres sociales los gobiernos hicieron una declaración apoyando inversiones de la reducción de la pobreza, el desarrollo de recursos humanos la creación de empleo y otros objetivos normativos tales como: democracia, justicia social, no violencia y equidad. Además se comprometieron a apoyar el desarrollo participativo centrado en la gente, que tiene en cuenta la diversidad, es pluralista y tiene en cuenta el género, promueve transparencia y rendición de cuentas en el gobierno; y construye o fortalece la capacidad de los actores del desarrollo incluyendo el Estado, el Sector Empresarial y el Sector Social.”[16]
De las definiciones anteriores se colige que el desarrollo social es un pensamiento y una práctica que articula diversas dimensiones de una realidad compleja que requiere ser vista y tratada en forma integral. Desde la dimensión política, la tarea es participar en la construcción de lo público, contribuir a formar ciudadanía, y en el ejercicio de una gobernabilidad democrática de las organizaciones y de las relaciones con otros sectores. Desde una dimensión económica, tener capacidad de ahorro e inversión, alcanzar la sostenibilidad de los proyectos y distribuir con equidad los beneficios del crecimiento. Desde una dimensión cultural, respetar, reconocer y afianzar la diversidad de las formas de pensar y obrar de las personas, grupos, familias y comunidades en los procesos de transformación. Desde una dimensión social, fortalecer los lazos de solidaridad y de cooperación para el logro de una mayor integración.
El nuevo paradigma emergente del desarrollo social se abre paso en la agenda del Estado, las agencias de cooperación internacional, las uni-versidades, las ONG y la opinión pública. Todos estos actores redefinieron sus enfoques y apropiación de lo social. El Estado, en la formulación de la política social y su aplicación en los planes gubernamentales de desarrollo; las agencias de cooperación, en lo relativo a la reorientación de los recursos y fijación de nuevas exigencias y prioridades; las universidades, en cuanto a la redefinición teórica del conocimiento científico de lo social y la formación de profesionales sociales; las ONG y demás organizaciones del Sector Social, en la revisión de su modelo paternalista y asistencialista así como la adopción de la gerencia social en su gestión. En cuanto a la opinión pública, ella empezó a ser informada y sensibilizada acerca de la importancia de incluir el tema de lo social en los debates.
El desarrollo social presupone la articulación de lo individual con lo colectivo en términos de procurar el progreso y bienestar de todos los miembros de una sociedad; implica, también, la adopción de un enfoque integral en la concepción y realización de políticas, programas y proyectos. Sin embargo este último propósito ha resultado ser un mero enunciado ante la hegemonía y predominio de los enfoques sectoriales en la formulación de políticas sociales públicas y acciones de intervención. En los planes de desarrollo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, los componentes del desarrollo social resultan agrupados en sectores: Salud, educación, vivienda y hábitat, medio ambiente, equipamento comunal, cultura, ocio, recreación, grupos poblacionales (familia, infancia, juventud, mujer, y tercera edad), grupos vulnerables (adultos indigentes, menores de la calle, discapacitados, minorías étnicas y población desplazada). En la mayoría de los casos no se establecen vínculos intersectoriales primando lo sectorial. Si a lo anterior le sumamos el predominio de las acciones institucionales sobre las interistitucionales tenemos como resultado la dispersión de recursos humanos y económicos, un bajo impacto de los resultados esperados y comunidades sub o sobre intervenidas.
Un sesgo de la política social y de la concepción del desarrollo social desde el Sector Gubernamental es el de considerar que ambos se dirigen, unicamente, a la población más pobre y vulnerable; tal modo de pensar y obrar limita el alcance de los conceptos e impiden extender los beneficios de la intervención estatal a otras poblaciones en situación de riesgo que de no atenderse con oportunidad entran a engrosar las filas de la pobreza y la indigencia.
Es evidente que la responsabilidad de llevar a cabo el desarrollo social no es responsabilidad exclusiva de las organizaciones del Sector Social; su concepción, formulación, ejecución y evaluación es un asunto de corresponsabilidad de la Sociedad Civil en su conjunto. El cumplimiento de esta misión esta rodeada de dificultades y riesgos.
Dificultades: la complejidad dinámica y cambiante de lo social que incide en formas distintas y contradictorias de comprensión y actuación de los actores del desarrollo; la heterogeneidad, dispersión y cuantía de las organizaciones del Sector Social que impiden establecer, de manera concertada, objetivos y metodologías de intervención; la conversión de lo social en ideología y doctrina, lo cual impide la objetividad y el debate científico de la realidad. La mezcla indiscriminada de componentes del viejo paradigma y del nuevo paradigma emergente en la formulación de políticas y diseño de programas sociales por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Riesgos: la imposibilidad de llegar a acuerdos y consensos en las políticas macrosociales; la imposición unilateral del Estado en cuanto a la fijación de prioridades y asignación de recursos en los casos de crisis económicas y déficit fiscal; la falta de continuidad y de persistencia en mantener las políticas y metas sociales en el mediano y largo plazo por cambios de gobierno o de recomposición de las fuerzas políticas.
Las dificultades y los riesgos del desarrollo social no pueden hacernos ignorar los logros alcanzados en los últimos años por el Sector Social. El mayor logro ha sido el de haber logrado incluir en la agenda pública el tema de lo social con el énfasis e importancia que se merece. Por décadas lo social estuvo relegado a un segundo y tercer plano. Lo social era “aquello” que la Iglesia Católica y las entidades sin ánimo de lucro hacían con los pobres. Lo social tenía, además, una connotación netamente femenina, era “aquello” de lo que se ocupaban las primeras damas y las mujeres de la alta sociedad. No es gratuito que la mayoría de las entidades de beneficencia fueron creadas y presididas por ellas. Lo social era un tema sin visibilidad y valoración. En la actualidad las cosas han cambiado. Lo social es considerado como un asunto prioritario de la Sociedad Civil, de los planes gubernamentales de desarrollo, de los medios de comunicación y de las agencias internacionales de cooperación.
El posicionamiento de lo social ha implicado nuevos retos a los actores y a las organizaciones de la Sociedad Civil. Estos retos guardan relación con los compromisos y responsabilidades ante las metas a lograr en el tercer milenio.
No hay un imperativo mayor al desarrollo social que el de propiciar el acceso y disfrute de bienes y servicios a la población pobre e indigente de la sociedad. La pobreza, en todas sus dimensiones y manifestaciones, es un obstáculo al bienestar pleno de las personas, familias y comunidades. La gestión del desarrollo social tiene como propósito la coordinación del trabajo institucional, interinstitucional e intersectorial de movilización de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que contribuyan a la disminución de los índices de pobreza e indigencia. El aumento de ésta, o su mantenimiento, es prueba de las debilidades estructurales del desarrollo social. Es necesario profundizar, persistir y ampliar los beneficios de la estrategia de las alianzas público - privadas.
Según datos del Departamento Nacional de Planeación el conflicto armado interno causa una perdida anual equivalente al 2.5% del PIB, mientras que las muertes violentas suman 25.000 personas al año. La guerra y la violencia son, de por sí, destructoras de capital físico, huma-no y social. La sostenibilidad y el impacto que pueden generarse por programas de desarrollo social se ven limitados por las acciones nocivas de los actores armados, en especial en las zonas rurales. En estas condiciones la población civil solo puede ser objeto de la ayuda humanitaria de emergencia ya que se impide a al Sociedad Civil hacer presencia para apoyar y/o acompañar procesos de cambio social en las comunidades afectadas, o en el mejor de los casos, se le imponen condiciones restrictivas. De acuerdo con informaciones de la Conferencia Episcopal, por causa del conflicto armado hay cerca de 2.000.000 de personas desplazadas de sus lugares de residencia, la mayoría sin ningún tipo de atención por parte del Estado y la sociedad; excluidos del desarrollo social.
En un país como Colombia donde existe un conflicto armado interno aun sin resolver, con profundas desigualdades sociales y económicas, que tiene al 60% de la población en estado de pobreza e indigencia, es imposible para las organizaciones de la Sociedad Civil sustraerse a la responsabilidad de mantener vigentes y hacer respetar los derechos humanos. Ninguno de los 30 artículos de la declaración de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, le son ajenas al objeto social contenido en sus estatutos. Sin embargo, los medios de comunicación han hecho creer a la opinión pública, en una versión sesgada, que su respeto y aplicación competen únicamente a los Estados y a un sector específico de las ONG. ¡Nada más equivocado! Los Derechos Humanos no son únicamente aquellos que tienen relación con la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y religión, o los relativos a la libertad de reunión, de asociación, asilo, nacionalidad, libre circulación o protección ante los abusos del poder. Los Derechos Humanos tienen, también, que ver con el acceso a la seguridad social, al trabajo, a la protección contra el desempleo, al descanso, a la salud, la educación, la recreación, la alimentación, la vivienda; a las oportunidades de crecimiento personal y social, y a participar de la vida política y cultural de la sociedad en que se es ciudadano.
La gestión que en pro del desarrollo social realizan las organizaciones de la Sociedad Civil no puede estar de espaldas o sustraerse a este mandato. Es un deber ético estar observantes de su correcta interpretación y aplicación en las actividades realizadas con las comunidades y demandar ante las instancias públicas pertinentes su violación. Nuestro país esta señalado como uno de los que más viola, de manera continua y sistemática los Derechos Humanos. Es este un serio obstáculo para la consecución de un verdadero desarrollo social.
Para el avance de un país, cuenta mucho si este dispone de suficientes y adecuadas instituciones (entendidas como normas, leyes, valores, reglas, códigos de conducta), organizaciones (grupos de personas que interactúan formalmente para el logro de objetivos comunes) y capital social ( un conjunto coordinado de instituciones y organizaciones). Jesús Balbín Álvarez, Coordinador del programa “Justicia, Conflicto y Derechos Humanos” del Instituto Popular de Capacitación, IPC, de Medellín plantea 4 escenarios prospectivos por los que atravesaría el país en los próximos años: el de la negociación política del conflicto armado; el de la pacificación o triunfo de los actores que están por la defensa del Estado actual; el de la intervención extranjera de fuerzas militares; el escenario de una guerra irregular endémica sin salida a la vista, o más de lo mismo; y la insurgencia de la sociedad civil. Veamos en detalle los términos de este último escenario:
“Variables y sujetos claves:
Cansada de la violencia, la población y la Sociedad Civil organizada desarrolló una amplia movilización inicialmente contra el secuestro, las masacres, las desapariciones, los atentados contra la infraestructura pública y la toma de poblados.
Concientes de su potencial, se dedicaron los esfuerzos a la construcción de un nuevo país, basado en las regiones, en la superación de la corrupción y de la impunidad; en recuperar la economía y en promover la participación ciudadana y la convivencia.
Esta movilización le restó campo a la acción armada y permitió el trámite de los diversos conflictos sin tener que recurrir a las armas. Además, llevó al gobierno a un presidente que sin venir de los partidos tradicionales contó con una mayor legitimidad.
Se produjo una reconstrucción de la organización social, de la noción de lo público y la ciudadanía y del ejercicio democrático. Todos entendieron que sin un propósito común no era posible sostenerse en el largo plazo, empezando a resolver las grandes brechas existentes en la sociedad.
El proceso de negociación culminó con una amplia y protagónica participación de la sociedad expresándose por fuera de las mesas de diálogo y desarrollando sus propias propuestas.
Al fin, expresiones precursoras como el de la “India” en Cimitarra, las Comunidades de Paz en Urabá, o los barrios de Paz, mostraron su potencial en el país.
Los sujetos dominantes en este escenario son, de un lado, las diversas expresiones organizadas de la Sociedad Civil entre las que sobresalen las iniciativas de paz y derechos humanos y los movimientos sociales; los gremios; los partidos y movimientos políticos democráticos; y del otro, podemos resaltar la Sociedad Civil internacional y la comunidad internacional, especialmente la europea.



Estrategias:
Convergencia del movimiento por la paz y los derechos humanos entre sí y con el movimiento social.
Alianza con la Sociedad Civil organizada de Europa, los EEUU. Y América Latina”.[17]
En la medida en que las iniciativas de paz y de convivencia pacífica propuestas por la Sociedad Civil movilicen la opinión pública y ganen espacio político se abonará el terreno para establecer alianzas público - privadas de desarrollo social que tengan por objeto la superación de la pobreza y el mejoramiento en las condiciones de vida de la población excluida. Toda acción tendiente a incrementar el capital social y la confianza fortalece la Sociedad Civil.

Una decidida y efectiva acción política del Sector Social

Anteriormente habíamos señalado como la Constitución de 1991 abrió a las organizaciones del Sector Social la posibilidad de participación democrática en las instancias de contratación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública; y cómo se ampliaron los derechos individuales, sociales, económicos y culturales de los ciudadanos, incluyéndolos como servicios a cargo del Estado en cuya prestación pueden intervenir las organizaciones sociales. Extendió la participación de éstas en las actividades de formulación y veeduría de los planes gubernamentales de desarrollo; en una palabra, las hizo corresponsables de la gestión pública.
Si bien el Estado ha carecido de voluntad política para promover a fondo la participación ciudadana, el Sector Social, a su vez, no se ha apropiado a cabalidad del enorme potencial de acción política y legal que la Constitución de 1991 ha puesto en sus manos. La expedición de la norma no garantiza ni hace efectiva de por sí la vigencia de un derecho. Las organizaciones del Sector Social y la Sociedad Civil, en su conjunto, están en el deber ético y en el compromiso legal de imprimirle alcances políticos a la gestión social. El poder social no basta, es insuficiente para remover estructuras injustas, hay que transformarlo en poder político y movilización ciudadana que den acceso a ingerir en la toma de decisiones en los niveles ejecutivo y legislativo del Estado. Esto implica un trabajo arduo del Sector Social para cambiar mentalidades, concepciones, actitudes y conductas de las personas y organizaciones que lo conforman; especialmente de sus cuadros directivos. Implica, además, involucrarse activamente en el juego electoral y hacer elegir sus representantes en los cargos públicos, evitando caer en la politiquería y el clientelismo. De esta manera, se lograría que las propuestas de desarrollo social elaboradas por el sector fuesen tenidas muy en cuenta en los programas de gobierno y los planes de desarrollo; sin embargo, es menester que el Estado modifique su concepto tradicional de planeación y avance en la adopción del enfoque de Planeación Estratégica Situacional, PES, el cual parte de reconocer la noción de problema como una situación insatisfactoria para un actor o conjunto de actores, donde no podemos conocer todos los elementos y variables que lo componen, ni predecir con exactitud relaciones determinísticas; de ahí que el PES recomiende la técnica de construcción de escenarios donde se consideren los intereses de todos los actores sociales y políticos involucrados.[18]
El desarrollo social no es sólo un asunto de discursos sino, también, de recursos. Discursos sin recursos, igual demagogia. La gestión social requiere de cuantiosos y crecientes flujos de dinero para cofinanciar proyectos, programas y alianzas. Los dineros de inversión social de los gobiernos, de las agencias y organizaciones internacionales, de los Sectores Empresarial y Social son insuficientes. La donación en dinero, en especie, en tiempo, en conocimientos y en recursos intangibles por parte de personas naturales y empresas privadas siguen siendo indispensables. Es preciso continuar la promoción de la filantropía pero reorientándola al fortalecimiento de procesos exitosos de gestión social ajenos al paternalismo asistencial. Es consustancial al género humano reaccionar en forma espontánea y solidaria ante el dolor y la tragedia. Los Estados, las sociedades y la gente del común reaccionan ante los efectos nocivos que causan los desastres naturales como terremotos, inundaciones y sequías. La hoy denominada ayuda humanitaria no es otra cosa que la expresión colectiva del valor de la filantropía. La gestión que compete a los actores del desarrollo social es estimular la práctica filantrópica mediante estrategias innovadoras de mercadeo social y movilización efectiva de la opinión pública. La filantropía, en el buen sentido, es una forma pacífica y voluntaria de redistribuir en la sociedad la riqueza generada en el Sector Empresarial.
Este desafío no es otro que el de la modernización de la gestión administrativa y social de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales responsables del desarrollo social. En el pasado, bajo el viejo paradigma, bastaba con “desear hacer el bien”, “con aportar granitos de arena a la solución de los problemas”. El cambio de paradigma hace inaceptable tales propósitos. El voluntarismo, la dispersión, la descoordinación, la falta de eficiencia y profesionalismo, la precariedad de recursos, la discontinuidad en los procesos, la ausencia de planeación, monitoreo, evaluación e indicadores de impacto no tiene cabida en el modelo de la gerencia social. Tanto el Estado, como las agencias de cooperación, los donantes y la misma comunidad exigen a las organizaciones sociales resultados concretos y efectivos de la ejecución de sus programas y proyectos. La falta de transparencia y la no rendición de cuentas conlleva el cuestionamiento público y la pérdida de confianza. En las ONG el impulso a la gerencia social deberá provenir del cambio positivo de mentalidad y actitudes de los dirigentes en el funcionamiento de las Juntas Directivas y Direcciones Ejecutivas, y en la renovación de estilos de liderazgo más acordes con el ciclo de vida de la organización y con las demandas externas.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en marzo de 1995, con la asistencia de 134 jefes de Estado y de Gobierno, propuso el fomento de la integración social como un programa de acción, así:
“El propósito de la integración social es la creación de una sociedad más justa para todos, en la que cada persona, con sus propios derechos y responsabilidades tenga una función activa que desempeñar. Una sociedad tan integrada como esta debe basarse en el respeto de todos los derechos humano y todas las libertades fundamentales, la diversidad cultural y religiosa, la justicia social y las necesidades especiales de los sectores vulnerables y desfavorecidos, la participación democrática y el imperio de la Ley”.[19]
La revolución francesa, la cual hemos mencionado varias veces, propuso la fraternidad entre los ciudadanos como un valor a tener en cuenta en la convivencia social. La verdad ha sido que esta solo es posible lograrla en grupos humanos reducidos como la familia, los amigos o los pares generacionales. El fomento de la integración social es un objetivo más viable de alcanzar para la sociedad. Por eso el desarrollo social debe apuntar hacia ella, en el contenido de sus propuestas, tales como el procurar espacios para el encuentro de los géneros y generaciones, las familias, los vecinos y las comunidades, lo mismo que de aquellos sectores y grupos que están en situación de riesgo y marginalidad.
La integración social positiva se logra con la búsqueda de la cohesión, la no discriminación, la práctica de la tolerancia, el respeto a la sociodiversidad, y la promoción de la solidaridad, la participación democrática, la justicia y la equidad. Cuando esto no sucede, surge y se instala la integración social perversa la cual genera problemas muy serios de ilegalidad, violencia y delincuencia de grupos y sectores que no hallan cabida en la sociedad formal.
La superación de la pobreza y el crecimiento económico sostenido son condiciones necesarias más no suficientes para el logro de la integración social. En los países desarrollados, por ejemplo, la prosperidad no ha generado la integración social esperada sino fenómenos de exclusión. Allí, problemas como la inmigración de personas y etnias del Tercer Mundo han vuelto a revivir expresiones de violencia, xenofobia y discriminación, las cuales se manifiestan en movimientos políticos neofascistas. La globalización económica mundial se está convirtiendo en un nuevo obstáculo para la integración social. Manuel Castells afirma que el ascenso del capitalismo informacional trae consigo el aumento de la desigualdad y la exclusión en todo el mundo. Define la exclusión social como:
“El proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado. La exclusión social es un proceso no una condición. Por lo tanto sus fronteras cambian, y quien es excluido puede variar con el tiempo dependiendo de la educación, las características demográficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las políticas públicas. Es más, aunque la falta de trabajo regular como fuente de ingreso es en última instancia el mecanismo clave en la exclusión social, son muy variadas las vías que conducen a la indigencia y que colocan a los individuos y grupos en una situación de dificultad/imposibilidad estructural para procurarse el sustento. No es sólo una cuestión de falta de preparación o de no ser capaz de encontrar un empleo... Además el proceso de exclusión en la sociedad informática afecta tanto a personas como a territorios, de suerte que, en ciertas condiciones, países, regiones, ciudades y barrios enteros quedan excluidos, abarcando en esta exclusión a la mayoría o a toda su población”.[20]
Si como lo sostiene Castells “...la falta de trabajo regular como fuente de ingreso es en última instancia el mecanismo clave en la exclusión social”, ¿qué tipo de Estado, de sociedad y de modelo económico tenemos en Colombia que producen 3.000.000 millones de desempleados, 6.000.000 de trabajadores informales, 26.000.000 millones de pobres y 9.000.000 de indigentes?[21] Ciertamente el desarrollo social que enunciamos y practicamos, desde los distintos sectores, ha fracasado. Dice Alfredo Sarmiento al respecto:
“Por otro lado tendemos a pensar que el desarrollo social se identifica con la pobreza, y que las actividades sociales son las que tienen subsidio implícito, que nos preocupamos por los pobres, no, ellos no son un problema solamente del Sector Social, son un problema de todos (...) ¿Y como se sale de la pobreza? Capitalizando humanamente en lo individual y en la integración social, no es regalando comida, ni distri-buyendo subsidios como se hace el desarrollo ni económico ni social”[22]
En el mismo sentido apunta la socióloga Isabel Licha:

lunes, noviembre 05, 2001

LA SOCIEDAD CIVIL: UNA RELACIÓN ENTRE SECTORES

Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magister en Ciencias Sociales
Magister en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano



“El elemento más fundamental de la Democracia es la Sociedad Civil, como gusta decir hoy. Pero no hay duda de que , sin Estado, la sociedad civil es inexistente. La sociedad civil supone al Estado. Pues si es cierto que en la sociedad civil cada individuo es un fin para sí mismo y los demás no son nada para él, también lo es que, sin la relación con los demás, ningún individuo puede alcanzar sus fines. Los otros son, en definitiva, medios para el fin de cada uno”.

“Debemos esta explicación nada menos que a Hegel a quien debemos, a su vez, la consolidación de la diferencia entre Estado y Sociedad Civil. Para dicho filósofo, el Estado es el ámbito de la coacción y la Sociedad civil el de las libertades. En el estado se da la universalidad mientras en la sociedad civil se manifiestan las particularidades. Pero no hay particular sin universal, diferencia sin unidad, no hay libertad sin coacción. En sí misma la particularidad es solo libertinaje y falta de medida, imperio de las necesidades, de los deseos o de las privaciones sin control ni límite alguno”.

Esta cita de la filósofa española Victoria Camps nos ubica lo esencial de la relación histórica entre el Estado y la Sociedad Civil el cual siempre ha considerado la existencia de ambas realidades por separado. El enfoque de los tres sectores, propuesto por Salamon Lester posibilita no solo una mejor comprensión del fenómeno sino que, además, permite acceder a referentes empíricos para su contrastación. Dice Salamón:

“En el presente se encuentra muy difundida la idea que identifica a la sociedad civil con el sector social. Esta idea es inadecuada, porque asimilar al sector solidario con un monopolio y definir a la sociedad civil por un sector es una contradicción. La nueva reconceptualización de la sociedad propone que ésta no debe ser concebida como un sector específico sino como una relación entre sectores, relación, relación en la cual dichos sectores se respetan entre sí, valoran su derecho de existencia y cooperan y asisten mutuamente. Según esta reconceptualización, en la sociedad civil puede verificarse la existencia de al menos tres sectores distintos: el gubernamental que promueve las leyes; el económico, que promueve la rentabilidad de los negocios; y el social, compuesto por las personas y organizaciones que persiguen objetivos comunes. La sociedad civil se encontraría determinada entonces por la existencia y la cooperación entre los sectores y por el trabajo en conjunto para promover sus capacidades de respeto mutuo y mejoramiento de la calidad de vida”
Acogiendo la propuesta de Salamon se desarrollará una descripción analítica de cada uno de los sectores y de como la interrelación entre ellos crea la Sociedad Civil.

Primer Sector: Lo Gubernamental

Hace mención al Estado como aquel sistema organizado de normas, leyes, instituciones y organizaciones que portan la representación legal y legitima de los intereses públicos de una sociedad particular asentada en un territorio específico. Además de ejercer el monopolio de las armas, administrar justicia y asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento de una economía de mercado, al Estado le compete la producción de los bienes públicos y de ciertos servicios sociales como la educación y la salud. Lo público es entendido como aquello que es de todos y al cual se puede acceder en forma libre y gratuita.

En las democracias liberales occidentales los partidos políticos son quienes regulan el ejercicio del poder estatal por la vía de la elección, nombramiento y ejercicio de los cargos públicos. El Sector Gubernamental tiene como función principal la administración de lo público estatal de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política y en los programas y planes de desarrollo. En el ordenamiento jurídico del estado colombiano las Organizaciones Gubernamentales, OG, que producen bienes públicos y servicios sociales son: la Nación, los departamentos, los municipios, los institutos descentralizados y los establecimientos y empresas públicas. Las normas de descentralización y de competencias y recursos señalan las responsabilidades de cada OG en la producción de bienes y de servicios públicos. La fijación de prioridades y la inversión en ellos es determinada por los programas de gobierno y los planes de desarrollo de cada período administrativo. La Gerencia Social es el instrumento para llevar a cabo la política social. Entre los fines del Estado que aquí nos interesa resaltar están los de asegurar e incrementar el capital físico, el capital humano y el capital social; así como el de posibilitar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades con el propósito de mejorar la calidad y el nivel de vida de la población de un país.
Una clave importante para comprenderla dinámica de relaciones entre los tres sectores la constituye el desplazamiento de la matriz estadocéntrica a la matriz sociocéntrica. En la primera el Estado regula la economía, sustituye parcialmente al sector privado en la producción de bienes y servicios e interviene en el mercado con la fijación de subsidios y precios. El Estado se erige en la doble condición de interventor y proteccionista del sector privado; en el único formulador y responsable de la política social y el bienestar de la población, entendida esta como la satisfacción de sus necesidades básicas. En America Latina la adopción de la matriz estadocéntrica aseguro las condiciones para el despliegue del modelo cepalino de sustitución de importaciones y creación de mercados internos en los países de la región.

El agotamiento de este modelo y la crisis de gobernabilidad de los Estados latinoamericanos, particularmente en la década de los años 80 del siglo XX con el problema de la deuda externa, hace emerger la matriz sociocéntrica y a dar un cambio en las relaciones de lo público y lo privado. En palabras de Maria Teresa Uribe:

“En el viejo modelo de la matriz estadocéntrica los ámbitos de lo político y lo público eran más visibles y reconocibles, no solo porque estaban delimitados jurídica e institucionalmente sino porque las identidades políticas se aglutinaban unívocamente en torno al sistema de partidos, con sus modelos de acción y representación de intereses colectivos. (...) Bajo este modelo, entonces, lo público y lo privado terminaron por coincidir.

La matriz sociocéntrica se caracteriza por la irrupción de los movimientos sociales y de la participación ciudadana en el escenario público, el cual deja de considerar lo público como una prerrogativa del Estado. La politización de la Sociedad Civil se manifiesta en la movilización de las organizaciones sociales en torno a nuevos espacios de participación diferentes a lo electoral o burocrático, y a la consideración de los ciudadanos como sujetos libres e iguales. El sociólogo Cándido Grzybowaski enuncia los campos de actuación y los mecanismos de acción política de los nuevos actores:

  • Las campañas cívicas
  • La construcción de redes, foros y plataformas
  • Los debates públicos
  • El lobbying (cabildeo)
  • Presión de despachos
  • Participación en comisiones y consejos paritarios
  • Monitoreo independiente de políticas públicas
  • Veedurías ciudadanas
  • La movilización social


El reconocimiento y empoderamiento de las organizaciones sociales tanto del Estado como de la sociedad escindió el concepto de lo público en dos áreas complementarias: Lo publico estatal y lo público no estatal. La primera como escenario del poder y de los intereses oficiales y partidistas en la conducción del Estado y la segunda como expresión de los ideales, utopías e intereses de la sociedad.

Concebir a la Sociedad Civil como una relación entre sectores exigue un cambio del Estado y de la forma de gobierno. El enfoque del Buen Gobierno postula que éste debe ser receptivo a las demandas de la comunidad, del Sector Empresarial y del Sector Social para que se de el bien común. En palabras de la socióloga Isabel Licha:

“Esto requiere dos transformaciones fundamentales: una en el Estado, para alcanzar la eficiencia, eficacia y equidad en sus acciones, lo cual significa modernización pero a su vez democratización. Por otra parte, se requiere fortalecer la Sociedad Civil, entendiéndose por esto la creación de condiciones para que la sociedad se organice en distintos grupos que representen sus intereses y a partir de los mismos se produzcan asociaciones, articulaciones, reclamos, afirmación y reafirmación de derechos. (...) La idea es pues que la política social no depende exclusivamente de las ideas que se formulen, sino que depende de la fuerza de la comunidad, del desarrollo de la Sociedad Civil, en sus relaciones con el Estado, ante la cual éste tiene que canalizar dichos intereses y darles respuesta. Mediante esas nuevas relaciones la sociedad crea y legitima al Estado y éste atiende, regula, protege y defiende los intereses dela comunidad”.

La apertura del Estado hacia el Buen Gobierno es prerrequisito para que pueda concretarse en la realidad la propuesta del profesor Salamon de una Sociedad Civil como una relación entre sectores. Es preciso, además, que el Estado deje de considerarse como el “actor principal y único representante de lo público”, rol desempeñado en la matriz estadocéntrica, y se equipare, en igualdad de condiciones, a los otros actores. Por su parte las organizaciones de la Sociedad Civil deben vincularse a la dimensión pública y a la gestión social orientada por definiciones públicas. Lo público, tanto el estatal como el no estatal, se convierte en un espacio común de mediación e interlocución de todos los actores. De esta forma la Sociedad Civil se convierte en sinónimo de lo público, de lo que pertenece a todos. Pero en los gobiernos no todos están de acuerdo con este tipo de propuestas; existen fuerzas políticas y tecnocráticas que se resisten al cambio y que ven la participación ciudadana y el fortalecimiento de la Sociedad Civil una amenaza a sus intereses y supervivencia. En consecuencia se oponen, soterradamente, a dejar de ser “el actor principal”.

En la medida en que la Sociedad Civil organizada tome conciencia de la influencia y el poder que proporciona el reconocimiento y la legitimidad de sus acciones públicas, será cada vez más difícil a estas fuerzas, políticas y tecnocráticas, gobernar bajo un estilo autoritario y excluyente.

Segundo Sector: Lo Empresarial

La democracia liberal es el régimen político vigente y legitimo del sistema de producción y acumulación capitalista, siendo el proceso de globalización (mercados, informática, comunicaciones, homogenización cultural) un resultado de su desarrollo histórico. La empresa es la expresión material y social de la relación entre el capital y el trabajo asalariado. La propiedad privada sobre los medios de producción es la norma jurídica, reconocida y garantizada por el Estado, la cual asegura el acceso y disfrute particular de las ganancias. Estas se obtienen de la producción de bienes y servicios privados para su distribución, circulación y consumo mediante el mercado. El dinero es el medio legal por el cual los consumidores acceden a ellos. El fin que se persigue al producir una mercancía o servicio no es el de satisfacer una necesidad humana o material sino el de obtener un lucro personal, el cual es legal y legitimo en una democracia liberal. Otros resultados de la actividad productiva privada son los de incrementar el capital (financiero, comercial e industrial), y contribuir al desarrollo económico y tecnológico de la sociedad. El ambito natural de actuación del sector privado es el Mercado.

Las luchas sindicales y la presión de diversos movimientos sociales como el feminismo, las ligas de consumidores y los ambientalistas, por ejemplo, obligaron a los estados de las democracias liberales a expedir normas y a crear OG de control al sector privado con el fin de mitigar los efectos perversos del capitalismo salvaje. Lo anterior unido a una mayor información de los consumidores y de la opinión publica, mediante los medios de comunicación, ha obligado a las organizaciones empresariales,OE, ha realizar acciones de tipo social. Herramientas como el balance social y estrategias innovadoras como el mercadeo social dan cuenta del concepto de responsabilidad social empresarial. Dicho concepto implica no solo la generación de empleo, el cumplimiento de la legislación laboral o el pago de impuestos al Gobierno; implica tomar decisiones de inversión para el desarrollo social de comunidades marginadas, incrementar el capital social, establecer alianzas estratégicas con el sector gubernamental y el sector social para canalizar recursos y ampliar la producción de bienes públicos y de servicios sociales.

La trabajadora social Clara Inés Restrepo Vélez en su libro Compromiso Social y Liderazgo Empresarial reseña algunas definiciones acerca del concepto de responsabilidad social “La obligación moral que adquiere una organización de contribuir a la satisfacción de las expectativas creadas, a partir de su relación con otros sectores con los cuales debe interactuar para el cumplimiento de su razón social”

“La respuesta de la empresa a las expectativas y derechos, generados en los sectores con los que tiene relación en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse”

“La obligación que tiene toda organización en razón de su naturaleza social, de reconocer en forma sistemática todo aquello que el entorno requiere y de garantizar su satisfacción en forma prioritaria, la cual se debe reflejar a través de una política social definida, que incluya el nivel de competencia y el ámbito de aplicación que asume”

Los investigadores Constanza Jaramillo y Juan Alejandro Ángel en su trabajo: Responsabilidad social empresarial en Colombia concluyen:

“Responsabilidad social es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, sus familias y la comunidad en general.”

El auténtico concepto de la responsabilidad social empresarial supera las acciones puntuales de tipo moral, asistencial, paternalista o filantrópico, prácticas arraigadas de larga tradición de las élites empresariales, exige, además, la extensión de programas y proyectos sociales a personas y familias distintas a la de sus empleados e inclusive el abordar la dimensión de lo político, según Carlos Arturo Ángel, expresidente de la ANDI, “Pero de todas las novedosas responsabilidades que se han señalado, tal vez la más compleja y exigente es la que tiene que ver con la dimensión política, puesto que alude directamente a la capacidad de intervención de sus organizaciones en la definición de un proyecto de sociedad, ausencia significativa en nuestro medio. Esto no puede hacerse sólo sobre la base de redefinir las relaciones con el Estado, participando activamente en las decisiones públicas. Implica, igualmente, asumir una actitud frente al cambio y la solución de los problemas del país. Exige la redefinición del papel de los gremios, la reconstrucción de su representatividad y legitimidad, su democratización. En suma, exige realizar una labor más propositiva, más abierta a la participación y a la concertación.

Es ya un imperativo impostergable que todos los empresarios, sin excepción alguna, trabajen por crear una conciencia y unas prácticas de acción social y política responsables, y una cultura de las responsabilidades compartidas. De ello dependerá, en buena medida, el futuro de la Nación.

La creación de fundaciones empresariales

que aportan y apoyan procesos de autogestión comunitaria en poblaciones vulnerables son una respuesta concreta a la responsabilidad social de los empresarios y se enmarca en la esfera de “lo público no estatal”; ellas hacen parte del conjunto de organizaciones sociales privadas sin fines de lucro dedicadas a la producción de bienes y servicios públicos. Las fundaciones empresariales responden al reto de asumir una actitud frente al cambio y la solución de los problemas del país. No pueden concebirse como una acción dirigida a “privatizar lo público” tampoco presupone la desresponsabilización del Sector Gubernamental en los compromisos oficiales y constitucionales de hacer efectivos los derechos sociales de la población.
El Tercer Sector: Lo Social
Es el conjunto de organizaciones civiles sin ánimo de lucro, de iniciativa privada, que propende por el desarrollo humano y social de personas, grupos, familias y comunidades.
Las organizaciones que conforman el Tercer Sector son personas jurídicas como asociaciones, corporaciones, fundaciones, partidos políticos, entidades eclesiásticas, gremios, cooperativas, ONG, Cajas de Compensación Familiar, sindicatos y juntas de acción comunal entre otras.

Dice Adela Cortina:

“En principio, El Tercer Sector es aquel en el que se realizan actividades sin ánimo de lucro, es decir, actividades en las que ninguna parte de los beneficios netos va a parar a ningún accionista individual o persona particular o, dicho con una fórmula legal, las que no pagan impuesto, porque se entiende que tienen como meta acrecentar de forma desinteresada la calidad de vida de las personas. (...) En realidad este sector es el más antiguo en todas las sociedades y en todas ellas se ha mantenido como una constante a lo largo de la historia”.
Según Nuria Cunill Grau:

“El denominado Tercer Sector remite, de hecho, a todo aquel tejido asociacional cuyas prácticas sociales se fundan en la solidaridad y que se traducen en la constitución de ámbitos públicos voluntarios de interrelación social capaces de auto-organizarse para la satisfacción de necesidades colectivas, su germen es el asociasonismo voluntario -el voluntariado-, pero incluye además todo el conjunto de instituciones privadas de servicio público, así como las prácticas concretas de solidaridad desarrolladas a traves de instancias informales e instituciones tradicionales. El tercer sector así considerado y, en general, las prácticas sociales que involucran la producción de bienes públicos con base en la solidaridad, constituyen el cimiento social de la ampliacion de la institucionalidad pública que da cabida a una pluralidad de instituciones de participación”[3]

El objetivo del Tercer Sector es procurar la vigencia de la ciudadanía social promulgada por el Estado Social de Derecho, es decir que además de los derechos civiles y los derechos políticos, los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, y la recreación entre otros. El valor que moviliza las acciones del Sector Social es el de la solidaridad, entendido este como el interés real de un grupo de personas por alcanzar un objetivo común de beneficio colectivo, sin que medie imposición u obligación legal. La solidaridad nace del querer no del deber, es espontánea, no puede ser forzada.

Dos distinciones son fundamentales de tener en cuenta entre el Sector Social y los otros dos sectores: Con el Gobierno, el origen no oficial y con la empresa privada la no obtención de lucro y la práctica de la solidaridad en la producción de bienes y servicios. Del Estado, el Sector Social demanda s su reconocimiento legal y de la empresa privada recursos económicos. Como fortaleza del Tercer Sector, a nivel mundial, se reconoce su número creciente y magnitud; como debilidad su excesiva heterogeneidad, atomización y dispersión, lo que impide la construcción de consensos, la concertación y la unidad de enfoques, criterios y metodologías de intervención.

El fin de la guerra fría, la incapacidad de los Estados por cumplir las metas del desarrollo, la crítica al neoloberalismo, la resistencia a los fenómenos perversos de la globalización (exclusión social, integración perversa), la consolidación de regímenes democráticos en Occidente con énfasis en los procesos de participación ciudadana, han contribuido al empoderamiento y reconocimiento del Tercer Sector en los escenarios nacionales e internacionales. Al constituirse este en actor social y protagonista, redefinió sus fuerzas ante el Estado y fue adquiriendo conciencia de su poder en el desempeño de su rol y responsabilidades. Las organizaciones sociales del Tercer Sector mo solo han venido incrementando su número y presencia, además han conformado redes de comunicación e integración. Su fortalecimiento institucional tiene manifestaciones en diversos frentes: El gremial, en lo relativo a la representación y defensa de sus intereses sectoriales; el de la gestión social, por llevar a la práctica propuesta innovadoras de desarrollo social; y el político, en la medida que sus acciones gremiales y programáticas tienen efectos en el diseño, formulación y ejecución de los planes gubernamentales de desarrollo.

La democracia es el entorno más propicio para el la expansión y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de ahí que ellas estén alineadas en su defensa y garantía. Su acción política, en general, no esta enmarcada en competir o suplantar ni al Estado ni a las comunidades. La acción política del Sector Social no esta enmarcada en competir o suplantar la que ejercen los partidos políticos, tampoco en deslegitimar al Estado o abrogarse la representación de las comunidades ante éste. La acción política del Sector Social reside en la construcción y mantenimiento de espacios colectivos y democráticos para hacer posible la participación social en los debates y las políticas públicas acerca del desarrollo humano y social.

Dado que el Tercer Sector halla su razón de ser en el ejercicio pleno de sus relaciones con los otros sectores es necesario definir, con precisión, el alcance del concepto de participación.

¿Qué es la participación?

“Es una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos”
Se señalan dos tipos de participación: las que operan desde la esfera privada y las que lo hacen desde la esfera de lo público. A la primera pertenecen la participación social y la comunitaria; a la segunda; la participación ciudadana y la política. Nuestro interés se centra en la participación social, la cual :

“Se refiere al proceso de agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses”

El tamaño y heterogeneidad del Sector Social, no sólo en Colombia sino en el resto del mundo, inciden en forma negativa en el logro de unidad de criterios y de acción por la complejidad de intereses en conflicto. Cuando los intereses de las organizaciones del Tercer Sector no traspasan el ámbito de lo gremial y de lo sectorial y estos se limitan a defender o a imponer, a ultranza, prerrogativas y beneficios la acción de estas organizaciones se inscribe en la práctica nociva de “privatizar lo público”. En cambio cuando los intereses sectoriales se articulan en el plano de lo intersectorial e interinstitucional se ejercita una práctica benéfica de “construcción de lo público” desde lo no estatal. La participación es un instrumento clave para contribuir a crear capital social y ampliar los espacios democráticos de una sociedad. No puede entenderse como un medio para descargar al Estado de sus obligaciones y responsabilidades para que estas sean asumidas por el Sector Privado y el Sector Social. Mediante la participación estos sectores pueden y deben ampliar la capacidad de influencia sobre el proceso de toma de influencia de las decisiones públicas, las cuales se dan en la formulación de políticas, programas y proyectos de desarrollo social.

La constitución política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

La definición del país como un Estado social de derecho, abrió a las organizaciones del Sector Social un amplio espacio de participación democrática en las instancias de contratación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública. Los entes territoriales, como los municipios y los departamentos, quedaron facultados legalmente para fomentar la participación ciudadana y comunitaria de personas y organizaciones en los asuntos públicos. El artículo 103 de la Constitución es explícito al respecto:

“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”
En cuanto a los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos, la constitución los incluyó como servicios a cargo del Estado, en cuya prestación pueden participar las organizaciones sociales. La educación, la recreación, la cultura, la vivienda, la salud, el saneamiento ambiental y el bienestar social).

Para la filósofa Adela Cortina el Estado social de derecho es una exigencia ética:

“(...) El Estado social de derecho consiste en incluir en el sistema de derechos fundamentales, no sólo las libertades clásicas, sino también los derechos económicos, sociales y culturales: la satisfacción de ciertas necesidades básicas para todos los miembros de la comunidad se presentan como exigencias éticas a las que el Estado debe responder. Y es desde esta exigencia ética básica desde la que cobra su sentido que se difuminen los límites entre sociedad civil y Estado y que este último vea como forma legitimadora suya también la protección de los derechos de la segunda generación –los derechos económicos, sociales y culturales-, lo cual le obliga a convertirse en Estado interventor”.

Si el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar los derechos y las libertades civiles en mas de 250 años de vida republicana, ¿ como puede extender los derechos de segunda generación a sus ciudadanos? Diez años después de la constitución de 1991, donde se consagro el Estado social de derecho en Colombia, los resultados en esta materia no son los mejores. La crisis fiscal, de gobernabilidad y de legitimidad de Estado colombiano ha impedido la concreción de esos derechos a la mayoría de la población, el recorte de las transferencias de los recursos de salud y educación a los municipios es una medida regresiva al mandato constitucional. En países como Colombia, no sólo debe intervenir el Estado sino la Sociedad Civil en su conjunto para avanzar en tal sentido. La exigencia ética es extensiva a todos.

Los escenarios de actuación más propicios para el fomento de la participación de la Sociedad Civil son lo local y lo regional. El capítulo 3 de la constitución política de Colombia trata del régimen municipal. El artículo 311 dice:

“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes.”

El municipio ha sido el ente territorial privilegiado de la reforma institucional del Estado colombiano. La descentralización administrativa y política, el reordenamiento territorial, el régimen fiscal y la planeación han sido asuntos de numerosas Leyes, Decretos y Actos Legislativos desde los años 80 del pasado siglo. (Guzmán, Fernando, 1994). La intención, tanto del poder ejecutivo y legislativo, ha sido la de conceder mayor autonomía administrativa, recursos fiscales y capacidad de gestión a los municipios.

Por su tamaño, recursos y cobertura la mayoría de las organizaciones del Sector Social realizan proyectos y programas unicamente en el municipio donde tienen su domicilio. El operar, preferentemente, en un nivel local da a las organizaciones sociales un conocimiento de primera mano acerca de las necesidades y problemas de la comunidad. Lo anterior determina el interés de dichas organizaciones por participar, cada vez más, en la formulación de políticas públicas, en la contratación de servicios, en las veedurías ciudadanas y en movimientos cívicos que buscan acceder al poder político.

El municipio es, también, el escenario donde las empresas que ejercen la responsabilidad social realizan sus acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Las alianzas exitosas y con mayor sostenibilidad son aquellas que se constituyen y desarrollan en contextos municipales y regionales, por cuanto que es en esos ámbitos donde es mas fácil identificar un objetivo común, mantener relaciones y crear confianza.

El municipio es, en consecuencia, expresión del gobierno local donde se trazan las políticas, se planea el desarrollo y se realizan las inversiones para mejorar las condiciones de vida de la población.

EL SECTOR SOCIAL EN COLOMBIA

El profesor Salamon Lester y un grupo de colaboradores del Instituto de Estudios políticos y del Centro de Estudios sobre la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos realizó un estudio comparativo del Sector no Lucrativo en 22 países del mundo, entre ellos Colombia.

Entre sus objetivos estaban la descripción del sector, su tamaño, estructura e ingresos y la evaluación que el impacto de estas organizaciones tienen así como los aportes que realizan. Rodrigo Villar fue el investigador responsable por Colombia y publicó los resultados en el libro: El Tercer Sector en Colombia: Evolución, dimensión y tendencias, algunos de los cuales son:

En Colombia existen 135.599 entidades sin ánimo de lucro en las cuales trabajan 286.681 empleados de tiempo completo, los cuales representan el 2.38% del empleo total no agrícola; y 90.756 personas están como voluntarios de tiempo completo.

Los gastos operativos del Tercer Sector se aproximan a US 1.7 billones, equivalente a un 2.1 del PIB de 1995.

En cuanto a la composición del Sector, de los 12 grupos de la clasificación internacional para entidades sin ánimo de lucro, el primer lugar lo ocupa la educación (26.1), luego la salud (17.5%), los gremios (15.1%), los servicios sociales (14.6%) y el desarrollo (13.1%).

La importancia del trabajo voluntario en todos los grupos de actividades de las entidades sin ánimo de lucro.

Las fuentes de ingresos del Sector Social provienen de:

a. Recursos del gobierno vía contratos, transferencias, subsidios, o pagos indirectos.
b. Donaciones privadas individuales, empresariales o de fundaciones.
c. Ingresos privados derivados del pago realizado por beneficiarios de los servicios, pago de cuotas en organizaciones de membresía, por venta de productos o por ingresos derivados de inversiones.

En Colombia predominan los ingresos privados mientras que los recursos gubernamentales tienen una baja participación. Se destaca la importancia de la filantropía individual y empresarial en los campos del desarrollo y medio ambiente.

El estudio citado señala la tendencia del Tercer Sector en el fortalecimiento de la Sociedad Civil y de la institucionalidad pública en Colombia:

“(...) Lo que si parece ser nuevo como fenómeno social, es el creciente número de organizaciones y la pluralidad de las mismas que actúan hoy en día en el espacio público, así como el grado de autonomía, en relación con el Estado y el sistema político, adquirida por alguna de estas. El grado de conformación horizontal de las organizaciones civiles y la ampliación de su cooperación para el desarrollo de proyectos y agendas comunes, parece ser otro elemento nuevo en el panorama reciente. Igualmente novedosa, es la importancia que las organizaciones han adquirido en las estrategias de desarrollo, así como el discurso y en los programas de agencias nacionales e internacionales. Esto se ha traducido en esquemas de alianzas para el diseño y gestión compartida de programas sociales entre el Estado y las entidades sin ánimo de lucro, así como en mayores niveles de contratación de entidades sin ánimo de lucro por parte del Estado para la ejecución de programas de beneficio público.”

El estudio resalta el papel de las organizaciones del Tercer Sector en la construcción de “lo público no estatal” y de la gobernabilidad democrática en todas las esferas de la vida económica, política y social del país; también se destaca la mayor autonomía y pluralismo de las organizaciones del Sector Social frente a la “tutoría” del Estado en su promoción y orientación, igualmente las organizaciones han avanzado en la conformación de redes, alianzas estratégicas, consorcios y proyectos colectivos con el fin de ganar posicionamiento ante los otros sectores. Por último se afirma como la función sociopolítica de las organizaciones del Tercer Sector ha obtenido un mayor reconocimiento:

“En un contexto de redefinición de la política y en medio de un proceso creciente de democratización y participación de las organizaciones civiles en los espacios públicos la función sociopolítica de las organizaciones del sector ha tenido más aceptación. De un sector identificado básicamente con las funciones de asistencia social, la prestación de servicios o de sus aporte puntuales al desarrollo, se ha ido pasando al reconocimiento de un sector múltiple en sus funciones, donde se combinan los servicios sociales y la acción política y donde se valora la importante labor en la movilización de intereses y perspectivas sociales, la deliberación en la arena pública, la influencia en la política pública y en los asuntos de interés colectivo.

Otros autores plantean que es necesario unificar el Sector Social en asuntos relativos a acuerdos, pactos colectivos o toma de decisiones frente a los otros sectores; se afirma que se precisa de “una visión compartida, fines concertados y acciones integradas”, lo cual puede lograrse mediante las siguientes estrategias:

- “Consolidación de redes de apoyo, alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales que maximicen los esfuerzos del Sector Social.

- Mantener la claridad y transparencia en el quehacer del Sector Social como principios generadores de confianza y credibilidad.

- Buscar mayores impactos en las áreas de intervención social.

- Establecer intereses colectivos y responsabilidad social frente al desarrollo social, por encima de criterios individualistas, institucionales o sectoriales.

- Diseñar planes estratégicos y prospectivos que permitan superar la visión cortoplacista y las acciones coyunturales como producto de los problemas del presente”

LA SOCIEDAD CIVIL, EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

En los últimos años la Economía del Desarrollo y las organizaciones internacionales de cooperación y financiamiento vienen propiciando la discusión acerca de las diversas formas de entender el concepto de Capital. Escribe Bernardo Kliksberg al respecto:

“Según análisis del Banco Mundial hay cuatro formas básicas de capital: el natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; el construído, generado por el ser humano que incluye diversas formas de capital: infraestructura, bienes de capital, financiero, comercial, etc,; el capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud, y educación de su población, y el capital social, descubrimiento reciente de las ciencias del desarrollo. Algunos estudios adjudican a las dos últimas formas de capital , un porcentaje mayoritario del desarrollo de las naciones a fines del siglo XX. Indican que allí hay claves decisivas del progreso tecnológico, la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno, y la estabilidad democrática”.

Investigadores sociales como Robert Putman, Francis Fukuyama y John Sudarsky han estudiado el tema del capital social y contribuido a su definición:

Robert Putman:

“El capital social consiste en un conjunto de lineamientos de la organización social tales como: los sistemas, las normas y la confianza que facilitan la coordinación y la cooperación para beneficio mutuo”

Francis Fukuyama:

“El capital social es la capacidad que nace a partir del predominio de la confianza en una sociedad o en determinadas sectores de ésta. Puede estar personificado en el grupo más pequeño y básico de la sociedad, la familia, así como en el grupo más grande de todos, la nación, y en todos sus grupos intermedios. El capital social difiere de otras formas de capital humano en cuanto que, en general, es creado y transmitido mediante mecanismos culturales como la religión, la tradición o los hábitos históricos.”

John Sudarsky en su investigación: El capital social en Colombia, la medición nacional con el Barcas, afirma que el concepto de capital social comporta cuatro elementos teóricos fundamentales para su análisis y comprensión, ello son: el desarrollo de la Sociedad Civil, la participación ciudadana, el capital cívico institucional y la confianza , este último como elemento preconceptual del orden social. Para Sudarsky : “la sociedad civil es el ámbito de mayor impacto en la generación de capital social y la posibilidad de su desarrollo a través de organizaciones voluntarias no religiosas es un camino claro para hacerlo”.

En la medida que los intereses, propósitos, metas y objetivos de las organizaciones de los tres sectores confluyen en el ámbito de la Sociedad Civil, ésta se fortalece por el incremento de la participación (en todas sus dimensiones), de la confianza y solidaridad y, por ende, del capital social. La Sociedad Civil, así formulada, no es una mera entidad abstracta sino que puede y debe concretarse en la realidad.

Ante los fracasos de los Estados, las agencias internacionales, el mercado y las organizaciones sociales por superar las pobrezas de los países en vías de desarrollo, el Banco Mundial, con el apoyo de la Fundación Interamericana y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve en América Latina el Programa de Alianzas para la Superación de la Pobreza; dicho programa pretende que las empresas, las organizaciones sociales y comunitarias y los organismos del gobierno trabajen entre sí con el objetivo común de superación de la pobreza. ¿Qué es una alianza público-privada?

“El programa entiende las alianzas como una relación abierta entre socios distintos, cuya fortaleza radica en los aportes diversos pero complementarios que cada uno hace para alcanzar un objetivo común acordado por todos. Los rasgos constitutivos implícitos o explícitos en esta definición son: (...) un objetivo común, socios activos, interdependencia de aportes, autonomía de los socios, y relaciones abiertas”

En Colombia el programa Alianzas entre Sector Privado, Gobierno y Organizaciones Ciudadanas para la Superación de la Pobreza se viene realizando desde 1996 con la documentación de casos exitosos para su premiación, reconocimiento y divulgación. Escribe Guillermo Carvajalino:

“Por fortuna, están ocurriendo cambios en el entorno socioeconómico y político que facilitarán el afianzamiento de las alianzas como instrumento de gestión: cada vez más se reconoce que la complejidad de nuestros problemas requiere una combinación de capacidades y fortalezas diversas y por lo tanto, una mayor participación de distintos actores. Los gobiernos buscan aliados para hacer frente a la progresiva escasez de recursos financieros y la necesidad de aligeramiento de la estructura pública. El sector privado incrementa su participación en el desarrollo social. La descentralización avanza y con ella, se amplían las oportunidades de relacionamiento y cooperación entre gobiernos, ciudadanos y empresarios locales”.

la Sociedad Civil, asumida como una relación activa entre sectores, se ve fortalecida con la concepción y práctica de alianzas como la descrita anteriormente; además contribuyen a generar e incrementar el capital social al operar en un medio basado en la confianza, el respeto a las normas y los acuerdos, a la vez que reafirma la autoestima colectiva y la eficacia en el empleo de recursos para el logro del objetivo común. La alianza implica, necesariamente, una relación abierta y democrática entre los actores donde se ejercen liderazgos y responsabilidades de acuerdo a los aportes, conocimientos, experiencia de cada uno de ellos:

“Así, las organizaciones no gubernamentales traen con frecuencia una perspectiva gerencial; los actores privados, buena administración de recursos escasos; los académicos y grupos especializados, soluciones técnicas efectivas; y las comunidades y sus pobladores, fuerza talento y saber acumulado”.

La propuesta del profesor Lester Salamon cuestiona, además, el paradigma del conflicto entre el Estado y la Sociedad Civil al considerar que si bien hay intereses y objetivos diferentes también hay espacios y propósitos comunes mediante la cooperación y la participación; cuando esto sucede, como en el caso de una alianza público-privada, el Estado entra a formar parte junto con el Sector Privado y el Sector Social de la Sociedad Civil. El Estado como integrante de la Sociedad Civil se despoja de su papel coercitivo y dominante y se convierte en un actor social que aporta conocimientos, experiencia y recursos a la consecución de un objetivo común. Sin embargo el Estado no se agota por su participación en la Sociedad Civil, el sigue siendo necesario para el cumplimiento de funciones indelegables como la administración de justicia, la defensa del territorio, el monopolio de las armas y la conciliación de intereses de sectores antagónicos. A una Sociedad Civil fuerte le correspondería un Estado fuerte con legalidad, legitimidad y gobernabilidad. No es esta la realidad colombiana. El Estado es débil, sin presencia en grandes porciones del territorio nacional; y así como hay vacío de Estado hay, también, vacío de Sociedad Civil en esos mismos territorios.

Los tres sectores en cuanto Sociedad Civil tienen la misión de trabajar por la construcción colectiva de lo público democrático. De ahí que el asunto a ocuparse no es el de marcar las diferencias o defender a ultranza los intereses sectoriales sino, por el contrario, el de propiciar la convergencia, las alianzas y el mutuo fortalecimiento con miras a conseguir una sociedad de bienestar, conformada por ciudadanos libres, autónomos, solidarios con todos sus derechos garantizados; donde haya democratización del ingreso y de la propiedad; políticas públicas para enfrentar la pobreza; programas sociales específicos para grupos sociales y regiones más afectadas por la pobreza y la exclusión social; fortalecimiento del aparato productivo en una economía mixta, sostenible y competitiva; y, adecuaciones institucionales que permitan la vigencia del Estado Social de Derecho, con participación, concertación, descentralización y desarrollo social integral.

Tarea común a los tres sectores es también la creación y distribución justa de los llamados bienes sociales:

“Las sociedades cuentan con bienes que podrían llamarse materiales, como el alimento, el vestido, la vivienda, las prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad, pero también con bienes que cabría calificar de inmateriales o espirituales como la educación, la cultura, el cariño, la esperanza, la ilusión y la gracia divina. Son todos éstos bienes que nadie posee en exclusiva, como si alguien fuera capaz de producirlos por sí mismo, sino bienes de los que disfrutamos por recibirlos de la sociedad, incluso de la gracia divina, que se distribuye a través de la familia y la comunidad creyente. Distribuir los bienes sociales a todas las personas, porque todas son dueñas de tales bienes, es el primero y más elemental principio de la justicia. Excluir de los bienes materiales e inmateriales a muchas personas, a lagunas o a una, es palmaria injusticia .(...) De ahí que para distribuir unos y otros con justicia resulte indispensable la aportación de los tres sectores de la sociedad: del sector social, del económico y del político. Sin el concurso de todos ellos la distribución será irremediablemente injusta”.

Este principio de la corresponsabilidad en la creación y distribución justa de los bienes sociales es de suma importancia por cuanto deja sin piso el los argumentos de que a lo sectores político y empresarial no les compete asumir las consecuencias negativas y excluyentes de un modelo económico que genera acumulación y ganancias para unos pocos y pobreza para la mayoría; asignándole al Sector Social la mitigación del sufrimiento y el acceso a unas condiciones mínimas de vida para los marginados de la propiedad, el conocimiento, la riqueza y las oportunidades. El Estado pierde legitimidad al pretender renunciar a la protección de los bienes sociales básicos al Tercer Sector; la empresa pierde reconocimiento, productividad y competitividad y deja de generar capital social si solo se ocupa de generar utilidades para sus accionistas renunciando a su compromiso de responsabilidad social. Sin el concurso de los otros sectores, el Sector Social sigue tentado a continuar en la practica nociva del paternalismo y el asistencialismo impidiendo la autogestión y la autonomía de las personas, grupos y comunidades. La propuesta de trabajar por el fortalecimiento de la Sociedad Civil desde una opción de libertad, respeto, objetivo común y alianza entre sectores es la de asumir, con conciencia y pleno conocimiento, que la corresponsabilidad es el mejor camino, la estrategia mas conveniente y exitosa para garantizar el cumplimiento de una ciudadanía política, económica y social con acceso justo a los derechos y bienes sociales.

Elementos Históricos del concepto de lo público. Victoria Camps. En: Lo Público, una pregunta desde la Sociedad Civil. Memorias del V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector. Pag: 51. Bogotá , 2001.

Replanteamiento del concepto de Sociedad Civil. En: Empresa privada y responsabilidad social. Ediciones Útopica. Bogotá. 1996. P.117

El Ciudadano y la política, en: Nación, Ciudadano y Soberano. María Teresa Uribe de Hincapié. Corporación Región. Medellín. 2001. Pags: 126-141. En este texto la autora profundiza en las relaciones e implicaciones entre ambas matrices y sus consecuencias en el caso colombiano: “En Colombia, la instauración de la matriz estadocéntrica y su vigencia por algo más de media centuria no estuvo asociada como lo piensan algunos neoliberales criollos con un alto grado de dirigismo estatal, con un fuerte intervensionismo o con un gran despliegue de políticas sociales orientadas hacia el bienestar. Por el contrario, lo que en realidad operó fue una alta discrecionalidad pragmática en el manejo de la política económica. En lo que a bienestar se refiere, en nuestro medio no habría Estado para desmantelar,pues, contrario a lo que sucede en el capitalismo avanzado, el gasto social ha sido mezquino, por decir lo menos, y las políticas sociales una quimera. Las altas tasas de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas convierten en retórica la pregunta por un Estado de bienestar en Colombia.”

Ibid, pág:137

Presión política, movilización social, lobbying. Candido Grzybowfi. Ibaje. Documento.
Gerencia Social: ámbitos y perspectivas. Isabel Licha Salomón. En: Políticas Públicas y Gestión Social: Una mirada desde la Gerencia Social. Municipio de Medellín. 1997. Págs: 124 y 125

Un ejemplo claro de esta tendencia fue la intención de la administración del alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, de modificar el acuerdo 43 de 1996 sobre planeación participativa con el pretexto que la comunidad ya había participado, en su elección, con el voto programático a su programa de gobierno. Afortunadamente la movilización de las organizaciones sociales lograron que dicho proyecto fuera retirado del Concejo Municipal.
Compromiso Empresarial y Liderazgo Empresarial. Clara Inés Restrepo Vélez. Fundación Corona. Bogotá. 1994. Págs: 22 - 23

Responsabilidad social empresarial en Colombia: resultados de una investigación. Constanza Jaramillo, Juan Alejandro Jaramillo. Centro Colombiano de Filantropía. Universidad de los Andes. ANDI. Bogotá.1995. 60

La responsabilidad de los empresarios colombianos frente al desarrollo de la sociedad. Carlos Arturo Ángel. En: Empresa Privada y Responsabilidad social. Centro Colombiano de Filantropía. Bogotá. 1996. Pág 27 – 28.

En Colombia las fundaciones empresariales inician sus actividades en los años 60 del siglo XX, con la Fundación Carvajal (1961), la Fundación Corona (1963); otras fundaciones importqantes son: Fundación Social, Fundación ProAntioquia, Fundación Dividendo por Colombia, Fundación Bancolombia, Fundación Éxito, Fundación Compartir, Hocol. En Colombia existen 97 fundaciones empresariales, Ver: El caso de lasFundaciones Empresariales Filantrópicas en Colombia. Resultados preliminares. Rojas, María Cristina y otros. Corporación Centro Regional de Población. 1999.

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía. Adela Cortina. Alianza Editorial. Madrid. Pág:126. 1997.

[3] Repensando lo público a traves de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social..

Centro Latinoamericano de administración para elDesarrollo, CLAD. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela.1997. 318p

Manual de participación y organización para la gestión local. Esperanza Gonzalez. Ediciones Foro por Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá. 1996. Pág:17

La Corporación Región y la Fundación PARCOMÚN fueron coautoras de la investigación: Visión panorámica de la participación ciudadana en la ciudad de Medellín 1990 – 1999. En ella se exponen las estrategias más relevantes y los temas de la movilización ciudadana de ese período en Medellín, que tuvieron alguna forma de visibilidad en los medios de comunicación o en la realidad social o política de la ciudad; así como los actores gestores y promotores de nuevas formas de participación ciudadana. Se destacan como ejes de movilización: opinión ciudadana sobre asuntos de interés público; movilización contra la violencia o por la paz; la participación ciudadana en la gestión pública; la promoción de la organización juvenil y comunitaria; y, las iniciativas de participación electoral.

Para una definición detallada de dichos conceptos, véase: Manual sobre participación y organización para la gestión local. Op.Cit. Páginas 18 y 19.

Ibid, pág:18

Ibid. Pág: 25
Ciudadanos del mun
do: hacia una teoría de la ciudadanía. Ibid. Pág: 77

Constitución Política de Colombia de 1991. Editora Lesi. Bogotá. 1992. Pág: 86
En el departamento de Antioquia la Federación Antioqueña de ONG es la organización gremial que fomenta en sus asociados en la formulación de políticas públicas y la participación en los programas de desarrollo municipales.

Ver: Alianzas para la Superación de la Pobreza. Op.Cit.

Nuevo Estudio del Sector Emergente. Resumen. Salamon Lester, Helmut Anheier y colaboradores. Fundación BBV. Center for Civil Society Studies. Baltimore. 1999.

El Tercer Sector en Colombia: Evolución, dimensión y tendencias. Rodrigo Villar. Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales. Bogotá. 2001.
Ibid. Pág: 101
Ibid. Pág: 118
Ibid. Pág. 126
Hacia una conceptualización en torno a la Gerencia Social. En: Gerencia social: Hacia un Nuevo modelo de Gestión Social. Municipio de Medellín. 1997. Págs: 68 y 69

Capital social y cultura. Claves olvidadas del desarrollo. Bernardo Kliksberg. Banco Interamericano de Desarrollo – Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. INDES. Documento. 1999. Págs: 9 y 10

Capital Social, crecimiento económico y políticas públicas. Piedad Restrepo. En: Revista , Lecturas de Economía N° 48. Universidad de Antioquia. Medellín. 1998. Pág:40.
Ibíd.. pág:4

El capital social en Colombia, la medición nacional con el Barcas. John Sudarsky. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 1998. Págs: 170 y 171.

Alianzas para la Superación de la Pobreza. Banco Mundial. Fundación Corona. Fundación Interamericana, Universidades y Centros Regionales de Investigación. Bogotá. 1998. Págs: 25 y 26.

Ibid. Prólogo.
Ibid. Pág: 27

El desarrollo Social: una mirada intersectorial. Sector ONG. Jorge Bernal. 7° Jornada de Reflexión. Octubre 11 de 2000. Federación Antioqueña de ONG.

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de a ciudadanía. Ibid. Págs: 257 y 258