Luis
Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista
y Magíster en Ciencias Sociales
Magíster
en Ciencias de la Educación
Director
Ejecutivo de la Fundación Bien Humano
Medellín -
Colombia
El presente ensayo argumentativo
tiene como propósito exponer tesis,
planteamientos e incitar al debate acerca del papel que tienen y deben
tener, en Colombia, el llamado Tercer Sector y, en especial, las ONG en la creación
estatal de instituciones políticas y económicas incluyentes. Para cumplir dicho
propósito trataremos asuntos como: lo que se entiende por exclusión social, las
cifras y magnitud de la exclusión social en Colombia, las nuevas formas de
exclusión, el tipo de Estado que tenemos y sus implicaciones, la
caracterización de las ONG y el Tercer Sector, sus relaciones con el Estado y
la definición e importancia de las instituciones políticas y económicas
incluyentes para el desarrollo del país.
¿Qué se entiende por exclusión social?
En la cancha de futbol de una
institución educativa, un viernes por la tarde, después de terminar la jornada
escolar. Alumnos del grado quinto, salón A y salón B, se reúnen para jugar un
partido de futbol amistoso. Carlos del salón A y Jorge del Salón B obran como
capitanes de equipo, ambos delanteros y
goleadores natos, tienen el poder de seleccionar los jugadores de cada equipo y
de imponer las reglas del juego. Los criterios de selección de los jugadores
son una mezcla de amistad, conveniencia, interés y talento. A Pedro, Mauricio,
Sergio, Antonio y Julián les gusta el futbol pero nunca son elegidos
por Carlos y Jorge. No juegan porque Pedro es bajito, no es capaz de cabecear con el balón,
Mauricio, porque es miope, usa gafas, Sergio, por obeso, se cansa al correr,
Antonio es tartamudo, se impacientan con cuando habla, y Julián tiene fama de conflictivo, discute por
todo. A Este quinteto de niños diferentes le toca ver los partidos en las
gradas, no tienen cabida en los equipos, se los excluye siempre; al igual que
un grupo de niñas que ha manifestado el deseo de jugar con los niños. Los niños
se resisten y no les permiten hacer parte del juego.
Todos en algún momento y
circunstancia de nuestra vida hemos sido excluidos, como personas, de
participar de una fiesta, de un paseo, de una celebración, de un viaje, de
acceder a un trabajo, de hacer parte de un grupo de pares. Todos sabemos lo que
se siente ser discriminado rechazado, desaprobado o negado. La exclusión, en el
sentido sicológico es un ejercicio de
poder que hiere la dignidad, baja la autoestima, aísla a las personas y
debilita su confianza básica. La
exclusión tiene su origen en creencias de superioridad y prejuicios de raza, de
cultura y de clase. En momentos históricos de algunas sociedades, como
Sudáfrica y los Estados Unidos, la exclusión política y social hacia
determinados sectores de la población estuvo refrendada por la Constitución y
las leyes.
El diccionario de Acción Humanitaria
y Cooperación al desarrollo define el concepto de exclusión social como el:
“Proceso mediante el cual los individuos o grupos
son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en
la que viven” (European Foundation, 1995:4). Tal proceso, opuesto al de
“integración social”, da lugar a una privación múltiple, que se manifiesta en
los planos económico, social y político”
La exclusión social se relaciona con
otros factores próximos y asociados como la pobreza, el índice de desarrollo
humano, las capacidades y titularidades, la vulnerabilidad, el capital social y la ubicación urbana y
rural de la población en el territorio. En
las áreas rurales vive la población más pobre
y excluida del país.
¿Quiénes excluyen e impiden la
participación plena de individuos y grupos en la sociedad? La exclusión como
fenómeno visible es la concurrencia de estructuras socieconómicas,
instituciones políticas, colectivos y
actores sociales cuyos intereses particulares priman sobre el bienestar
general.
Las causas de la exclusión no solo son internas de un país
obedecen también a factores externos. Con la globalización los centros
financieros de poder, las multinacionales y los mercados no regulados excluyen
países y regiones enteras de los beneficios de la integración social. Estos agentes se sitúan fuera de la órbita de
control de los gobiernos imponiendo sus condiciones y los términos de
intercambio comercial afectando así las condiciones de producción y vida de
amplios sectores de la población mundial.
Las políticas públicas para la
superación de la pobreza extrema tienen como finalidad sacar a los individuos,
familias y grupos excluidos y colocarlos en el umbral de la pobreza mediante la
ejecución de programas y proyectos de intervención directa y con subsidios
condicionados. Sin embargo no todos
ellos logran salir siempre y en forma permanente de la pobreza. En el programa chileno Ingreso ético
Familiar, por ejemplo, una de cada tres familias vuelve a su situación inicial
de pobreza extrema. Es lo que se conoce
como reversibilidad.
La pena privativa de la libertad,
la reclusión y el confinamiento solitario son medidas legales de exclusión que
un Estado de Derecho impone a las personas que infringen la ley. En otras
esferas de la vida como en el futbol, por ejemplo, las infracciones a la norma
se sancionan con medidas de exclusión, como las de no permitir a un jugador jugar varias fechas.
Las prácticas deliberadas de
exclusión son un riesgo latente en cualquier relación humana, en cualquier
grupo u organización. Afecta y vulnera tanto los Derechos Humanos como los
Derechos de los Pueblos. La inclusión,
en todas sus manifestaciones, se alcanza como objetivo superior de una sociedad
cuando se emprenden procesos de transformación de las creencias e imaginarios
colectivos, con leyes antidiscriminación que combatan prejuicios arraigados y
con mayores niveles de educación y de oportunidades.
Además de la dimensión social
y económica de la exclusión, está
también puede ser política. En Colombia
durante la época conocida como el Frente Nacional 1958 – 1974 solo podían
participar en las elecciones y ocupar cargos públicos personas pertenecientes a
los partidos liberal y conservador.
Cualquier otra opción política no estaba permitida por la ley, situación
que dio justificación ideológica a la lucha armada en el país.
La inclusión, como concepto
antagónico a la exclusión, es todo acto o manifestación de ser aceptado, de
hacer parte de un grupo, familia, asociación o comunidad. El llamado sentido de pertenencia es una
percepción subjetiva, individual y colectiva, de compartir con otras personas
valores, principios, creencias, costumbres y modos de ser comunes. La
inclusión es sinónimo de integración.
Es un referente de identidad. En un Estado Social de Derecho la
inclusión es un deber ético que tiene que concretarse en políticas públicas de
cohesión social.
El economista Ricardo Hausmann ha
señalado que en la era digital y de las tecnologías de información el no tener
acceso a las redes es una nueva forma de exclusión. La conexión y permanencia a
las redes implica pagar la conectividad y sufragar costos fijos, o sea tener
capacidad de pago. Una política de
inclusión debe hacer posible que la vinculación y permanencia a las redes para
la población de más bajos ingresos sea subsidiada por el Estado.
Las cifras de la exclusión social en Colombia
Disponemos de cifras y de fuentes
confiables para dar cuenta de la magnitud cuantitativa de la exclusión social:
- Pobreza y pobreza extrema: De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP desde el 2010 hasta el 2013 la pobreza por nivel de ingreso cayó 4.5% al pasar del 37.5% al 32.1%. La pobreza extrema pasó del 12.3% al 10.4%. En números absolutos Colombia tiene 14.600.000 personas en situación de pobreza y 4.500.000 personas en situación de indigencia. Todos los gobiernos que se precian de democráticos quieren acabar con la pobreza extrema pero no dicen, ni proponen acabar con la riqueza extrema…
- Concentración del ingreso: el índice GINI de concentración del ingreso que mide la desigualdad entre ricos y pobres es de 0.58 en una escala que va de 0 a 1, siendo uno el mayor valor. (Banco Mundial, 2012). Colombia está considerado uno de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.
- Concentración de la tierra: 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15 de la población. (Informe de Desarrollo Humano. PNUD. 2014).
- Propiedad accionaria: 2.280 accionistas son dueños del 93% de las acciones de las sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Valores, mientras que 7.430.365 de personas solo son propietarias del 7% del total de acciones. (Comisión Nacional de Valores, 2014).
- Concentración de la tierra: 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15 de la población. (Informe de Desarrollo Humano. PNUD. 2014). Se estima que son 250.000 familias de campesinos sin tierra. (Alejandro Reyes Posada. La paz territorial posible. El Espectador, 22/06/ 2014).
- Analfabetismo: La tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años es del 5.9%, esto representa alrededor de 2.300.000 de personas que no han tenido acceso al derecho a la educación. Es como si toda la población de Medellín fuese analfabeta. En el sector rural la tasa de analfabetismo es del 13.6%. Personas que son también analfabetas digitales. El analfabetismo impide el reconocimiento de la Dignidad Humana y los demás Derechos Humanos. El analfabeta es excluido y se autoexcluye de participar a plenitud de la vida política, social y económica. Es de anotar que Colombia fue el último país de América Latina en garantizar la gratuidad en la educación básica y media.
- Vivienda: Reconociendo los esfuerzos oficiales en el tema de construcción de vivienda, el déficit cuantitativo es de 5.540.087 hogares. (Diario La República, abril, 2014)
- Desempleo e informalidad laboral: Desde el 2010 se ha pasado al registro de un digito en la tasa de desempleo. Para el mes de junio del 2014 era de 8.97%. 2.929.770 de la población económicamente activa no disponen de un empleo formal. (Boletín de indicadores económicos del Banco de la República). El 49% de los empleos son informales. Todavía estamos muy lejos de cumplir con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT en lo que respecta al Trabajo Decente. (Revista Dinero, edición 448, 2014).
Las anteriores cifras nos
muestran un panorama de las dimensiones cuantitativas de la exclusión social en
Colombia. A estas cifras debemos sumarle
las que ha generado los 50 años continuos del conflicto armado interno. Después de una investigación de seis años el
Centro Nacional de Memoria Histórica
presentó el informe ¡Basta Ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad. El
estudio narra acontecimientos y presenta cifras de la magnitud del fenómeno que
ha afectado el 90% de los municipios del país, ha desplazado de su lugar de
residencia a 5.700.000 personas, que representan el 12% de la población total,
convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo, después de Siria, con el
mayor número de personas desplazadas. 220.000 han sido los muertos causados por
los actores armados: guerrilla,
paramilitares, narcotraficantes y miembros de las fuerzas armadas. A
este registro hay que sumarle las estadísticas de los secuestros, las
desapariciones, las masacres, los
atentados terroristas, las víctimas de las minas antipersona, las violaciones y
el reclutamiento de menores. (Las cifras exactas se encuentran en el mencionado
informe).
Las dificultades de integración
para la población desplazada continúan en las ciudades a donde llegan para
instalarse y preservar la vida luego de haber perdido su patrimonio. En un diagnóstico realizado por la Unidad de
Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, en el 2014, de 1.361
declarantes jefes de hogar, 1.097 de ellos no percibe ningún ingreso. Solo 33 tenían un empleo formal. Los empleadores no los contratan porque creen que siguen
involucrados en el conflicto armado y son un riesgo para la empresa. Ni a Ley 387 de atención a los desplazados, ni la
Ley de Víctimas pueden garantizar la restitución
del trabajo o cuantificar la pérdida del negocio o patrimonio. El desplazado y
su familia quedan atrapados en el círculo de la exclusión social. Su única
alternativa es depender de la beneficencia o la mendicidad. (Al desplazamiento de víctimas se suma una
vida sin empleo. Periódico El
Colombiano. 1/06/ 2014. Pág. 23).
El Instituto para la Economía y
la Paz IEP, una ONG internacional independiente, sitúa a Colombia en su Índice Global de Paz en la
posición 150 entre un grupo de 162 países.
Este Instituto calcula en $96 billones, US 50.670 millones de
dólares, al año el costo en pérdidas
económicas para el país. Según Steve Killela
del IEP:
“El potencial de paz de un país se determina por muchos factores
positivos, entre ellos la solidez de sus instituciones, la funcionalidad de su
gobierno, los bajos niveles de corrupción y
un entorno favorable a las
empresas…construir la paz es un prerrequisito del desarrollo económico y
social”
(La violencia le arrebata a Colombia $96 billones. Periódico El
Colombiano, 23/06/ 2014. Página: 17).
La importancia de las organizaciones e instituciones políticas y
económicas incluyentes para el desarrollo de un país.
Los economistas y profesores de
la Universidad de Harvard Daron Acemogli y James A. Robinson son autores de un
libro revelador: Los orígenes del poder,
la prosperidad y la pobreza: Por qué fracasan los países. Dicen en la
contra solapa del libro: “Por qué
fracasan los países responde a estas y otras cuestiones con una nueva y
convincente teoría: la prosperidad no se debe al clima, a la geografía o a la
cultura, sino a las políticas dictaminadas por las instituciones de cada
país. Debido a ello, los países no
conseguirán que sus economías crezcan hasta que no dispongan de instituciones
gubernamentales que desarrollen políticas acertadas”.
Los países que han prosperado y
salido de la pobreza son porque han creado instituciones políticas y económicas
incluyentes: “las instituciones
económicas inclusivas que hacen respetar los derechos de propiedad crean
igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas
tecnologías…Denominamos instituciones políticas inclusivas a aquellas que están
suficientemente centralizadas y que son pluralistas. La iniciativa privada, la
libertad de contratación e intercambio, los mercados, los servicios públicos,
la creatividad, la educación, los seguros, el acceso a la tecnología y las
redes operan como incentivos en la sociedad para crear instituciones
inclusivas. Cuando falle alguna de estas
condiciones, nos referiremos a ellas como instituciones políticas
extractivas”…Estas impiden el desarrollo económico y son extractivas porque
tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para
beneficiar a un subconjunto distinto.(Op. Cit. Páginas: 96, 100, 103, 106 y
501).
El economista, historiador y
premio Nobel de economía Douglas C. North es el autor fundante de la teoría del
nuevo institucionalismo. Para North las instituciones son el enlace entre el régimen político y la estructura económica,
son: “las reglas del juego en una
sociedad, o, más formalmente, los constreñimientos u obligaciones que le dan
forma a la interacción humana”. La teoría de las instituciones explica
porque un conjunto de instituciones favorece el desarrollo económico, al ser
instituciones inclusivas y otro no, por ser instituciones extractivas.
North hace una distinción
conceptual entre instituciones y organizaciones: “Las instituciones son normas formales e informales que definen y
limitan las elecciones de los individuos, mientras que las organizaciones son
grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacia ciertos
objetivos”.
Para North: “el origen y la evolución de las organizaciones depende del marco
institucional, así las organizaciones son creadas, justamente, para aprovechar
las oportunidades generadas en el marco institucional (un ejemplo es, en
Colombia, la ley 100 de 1993 que creó el sistema de seguridad social integral;
la ley es la institución, las empresas promotoras de salud EPS y las
instituciones prestadoras de salud IPS son las organizaciones prestadoras de
servicios de salud). Así mismo, conforme
las organizaciones evolucionan, van modificando a las instituciones y
organizaciones, siendo diferentes se retroalimentan mutuamente y coinciden en
proporcionar estructuras para la acción humana”.
(Instituciones, cambio
institucional y desempeño económico.
Douglas C. North. Fondo de Cultura Económica. México. 1993. Pág.:
190)
Entre las instituciones
económicas y políticas se establecen relaciones sinérgicas, de doble vía, ya sea para crear o mantener
instituciones incluyentes o extractivas que pueden repartir el poder y la
riqueza para unas élites o para la sociedad en general. Instituciones políticas incluyentes dan
origen a instituciones económicas incluyentes.
Instituciones políticas extractivas crean instituciones económicas
extractivas.
Un tipo de institución extractiva
es la corrupción. En Colombia, la
Contraloría General de la República la define como:
“El conjunto de actos mediante los cuales los funcionarios públicos y
sus asociados en el sector privado, utilizan su poder institucional y económico
para hacer un uso indebido de los recursos públicos en beneficio propio”
La misma Contraloría estima, para
el 2011, en $10 billones las pérdidas
que deja la corrupción en el país.
Funcionarios públicos y asociados en el sector privado se ponen de acuerdo,
fijan unas reglas de juego ilegales, para apropiarse de dineros públicos para su beneficio particular. Dineros que se dejan de invertir en proyectos
sociales y de infraestructura. He ahí la
importancia de las instancias de control, las veedurías y la rendición pública
de cuentas para denunciar y sancionar a los corruptos. El principio de la transparencia, entendido
como aquella cualidad del poder que deja ver su ejercicio, es clave para
combatir toda práctica ilícita entre actores público privados por capturar
ingresos y rentas producto de actividades ilícitas como el contrabando, la
falsificación de facturas, las exportaciones ficticias, el lavado de activos,
el descuento ilegal de costos, la sobrefacturación, la evasión al IVA, entre
muchas otras modalidades extractivas contra los ingresos y patrimonio del
Estado.
¿Qué
tipo de Estado es el colombiano?
El actor más importante en la
creación de instituciones políticas y económicas incluyentes en un país es el
Estado. Como bien lo expresan Acemoglu y Robinson:
“La política
es el proceso mediante el cual una sociedad elige las reglas que lo
gobernarán…las instituciones políticas determinan quien tiene el poder en la
sociedad y para que fines puede utilizarse. En lugar de concederlo a un
individuo o a un pequeño grupo, el poder político debe residir en una amplia
coalición o pluralidad de grupos”. (Op. Cit. Pág.103)
El liderazgo en la orientación y
guía del desarrollo económico y social
de un país corresponde al Estado, en todos sus niveles
territoriales. Mediante la fijación de
políticas públicas y planes de desarrollo el Estado fija y determina en qué áreas, territorios y
poblaciones ejecutará los recursos, programas y proyectos. El marco jurídico, la institucionalidad, el
capital social e institucional también son factores que influyen y determinan
el desarrollo económico de un país. En
una real democracia la ciudadanía ejerce su derecho a manifestar y participar
en la construcción de las políticas públicas; no se limita a avalar o legitimar
aquello que los partidos políticos y los funcionarios oficiales creen que es lo
más conveniente para la sociedad. Los Estados “fallidos” o donde campea la
corrupción no son aquellos que cuentan con una sociedad civil fortalecida y
organizada, como tampoco lo son las sociedades donde la abstención electoral
supera el 50%.
Las instituciones políticas y
económicas de una sociedad dependen del tipo de Estado que la regula. Veamos que ocurre con el Estado colombiano.
La constitución política de Colombia
afirma que nuestro país está regido por un Estado Social de Derecho. Alguna de las características y atributos de
dicho Estado son:
Respetar y hacer respetar la
Dignidad Humana como principio fundamental de la convivencia.
Respetar y garantizar la vigencia
de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y
ambientales del conjunto de una población asentada en un territorio definido
por fronteras ciertas.
La preeminencia del interés
general sobre los intereses particulares.
Propiciar la cohesión y la
solidaridad entre la ciudadanía para reducir la exclusión y la marginación
social y las desigualdades.
Fortalecer las instituciones
democráticas en todas las instancias y espacios de la sociedad.
Redistribuir los ingresos y
facilitar el acceso a la propiedad individual y colectiva.
Intervenir la economía y las
reglas del mercado en beneficio de las mayorías. La consigna es: “tanto
mercado como sea posible, tanto Estado
como sea necesario”
Atender y regular el acceso de la
ciudadanía a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la recreación y
la seguridad social.
Proteger y reconocer los derechos
de las minorías.
Una cosa es lo que la
constitución política afirma del deber ser de nuestro Estado Social de Derecho
y otra muy distinta la realidad concreta. Los atributos que se asignan a un
Estado moderno como la legalidad, la gobernabilidad, la legitimidad y la
soberanía son aún precarios. El Estado colombiano aún no tiene control político
y militar sobre todo el territorio nacional, no tiene el monopolio de las
armas, tiene grupos armados que impugnan su legalidad y legitimidad, tiene
diferendos de fronteras con países vecinos y una repetida y alta abstención
electoral cercana al 60% de su censo electoral. La corrupción y la falta de
transparencia en el ejercicio del poder y la desconfianza de la ciudadanía ante
sus partidos políticos son factores que debilitan su legitimidad.
Confluyen y se oponen en el Estado colombiano
instituciones políticas y económicas incluyentes y extractivas. El Estado colombiano,
como formación política, es una república unitaria que alberga una democracia
representativa restringida de corte presidencialista donde es, también,
precaria el equilibrio entre las ramas del poder público. Es un Estado que
guarda “las formas democráticas”, con algunas características de lo que se
conoce como un “Estado fallido”, un Estado donde la ciudadanía es apática a la
participación política y propensa a evadir y eludir la Ley, donde permea la
ilegalidad en las relaciones y transacciones sociales y comerciales. Un Estado
que es fuerte con el débil y débil con el fuerte. Un Estado que en vez de partidos políticos de
verdad es controlado por maquinarias clientelistas y electorales. Un Estado que
incumple sus responsabilidades constitucionales, que falla en ser garante de
los Derechos Humanos. Un Estado carente de una ciudadanía con formación
política democrática. Un Estado permeado por todas las formas posibles de
prácticas corruptas entre sus funcionarios y agentes del sector privado. Un Estado
donde la justicia es ausente y selectiva en su aplicación. Un Estado incapaz de
atender las demandas sociales, falto de liderazgo para propiciar y mantener
alianzas con público privadas. Un Estado
acosado por la insurgencia y cooptado por mafias de todo tipo. Un Estado con baja institucionalidad
pública. Resumiendo. Colombia es un país con más territorio que
Estado.
Muchos cambios y nuevas
realidades son menester en el Estado colombiano para procurar un ambiente más
habilitante en la creación y mantenimiento de un real Estado Social de Derecho con instituciones políticas y económicas
incluyentes y donde el poder resida en una más amplia coalición y pluralidad de
grupos.
¿Qué tipo de ONG somos?
Las ONG y el Tercer Sector
cumplen un papel, ya sea por acción u omisión, en influir sobre el Estado y las
instituciones políticas y económicas, sean estas incluyentes o
extractivas. Miremos quienes son, que
hacen, que dejan de hacer y que deberían de hacer.
Las ONG hacemos parte del llamado Tercer Sector o sector social. Nacemos de la iniciativa y la libertad de
asociación entendida como un derecho humano que los Estados deben promover y
respetar. El ámbito misional de las ONG reside en propiciar el cambio humano y
la transformación social de personas, familias y comunidades. Los valores que
promovemos son los de la solidaridad y la cooperación. Las ONG a las que pertenecemos
son las que acatamos el ordenamiento jurídico y actuamos en la legalidad; Nos consideramos un Bien Público.
Las ONG de primer piso*, que son
la mayoría, somos pequeñas, de menos de 15 empleados y con dificultades
permanentes de financiación y sostenibilidad.
Nuestro campo de acción es lo local, pocas veces lo regional y más
escaso lo nacional. Nuestras misiones
son o muy focalizadas o muy dispersas.
La integralidad que tanto
pregonamos suele ser más un discurso que una realidad. Estamos más preocupados en la consecución de
los recursos que aseguren nuestra perdurabilidad, propósito loable, que en
generar impactos sostenibles en las comunidades. Generalmente cuando cesa la
intervención, cesan los efectos positivos en la vida comunitaria.
El Estado neoliberal logró alinear
y cooptar a la mayoría de ONG, de primer
piso, como prestadoras incondicionales de servicios y operadoras obedientes de
los programas y proyectos gubernamentales. A su vez ellas encontraron en el Estado una fuente
importante de recursos económicos para asegurar su funcionamiento ya que la gestión
propia de recursos es insuficiente para sufragar los costos fijos. El Estado
impone a las ONG condiciones
desventajosas en la contratación, las somete a oprobiosos términos de
supervisión y auditoria. Por obtener dineros oficiales renuncian a soñar y
realizar proyectos propios, alternativos.
Priman, entonces, los tiempos de la contratación sobre los tiempos de
los procesos sociales. Ejecutar el proyecto firmado en el contrato así no se asegure
la continuidad de los procesos es lo que, en últimas, importa; por eso la
temporalidad de los proyectos es de corta duración, tres, seis meses, si acaso
un año. La discontinuidad de los contratos aborta los efectos tempranos
positivos de las intervenciones
.
El Estado privilegia la cobertura
geográfica y poblacional sobre el cumplimiento efectivo de los objetivos. En muchas
ocasiones la precariedad de los estudios previos, que realizan los funcionarios
gubernamentales, como requisito de la contratación incide en la elaboración de
términos de referencia que no apuntan a la solución de las problemáticas que se
pretenden transformar.
Preocupadas como estamos, las ONG
de primer piso, por el transcurrir del día a día y “la noche que llega” no hay tiempo, voluntad y recursos para
realizar la gestión del conocimiento, los debates, la reflexión crítica al
continuo hacer y deshacer. Registramos en forma copiosa, en los informes de
gestión, los resultados de los proyectos
en sus cifras: monto de dineros invertidos número de beneficiarios, horas de
capacitación, cobertura geográfica, productos entregados, pero poca es la
evidencia real de la evaluación de los impactos positivos que generamos por la
ejecución de los proyectos en las comunidades.
Por falta de conciencia gremial,
que nos lleva a una baja afiliación, las ONG seguimos sin comprender que sólo
con un gremio fuerte y de amplia base podemos hacernos oír del Estado y
demandar de él políticas, legislación y
medidas que no lesionen nuestros intereses económicos y jurídicos. Carecemos de un registro oficial calificado
que acredite ante el Estado y la sociedad quienes somos, que hacemos, con quien
y donde trabajamos, que cuantía de recursos movilizamos y de donde proceden.
Es de anotar que las ONG grandes,
de primer piso, no son ajenas a la situación descrita de las pequeñas. En
muchos casos su situación de dependencia de la contratación estatal es mayor
por cuanto requieren para el sostenimiento de su abultada nómina de un flujo
permanente de caja de los dineros oficiales. Se han convertido en una bolsa de
empleo y han asumido para sí las cargas y los riesgos laborales que el Estado,
sagazmente, les ha endosado. El riesgo mayor de ser solo
operadoras-contratistas es pasar de ser organizaciones no gubernamentales a convertirnos
en organizaciones neogubernamentales.
Muy pocas ONG de primer piso, tanto
grandes como pequeñas, poco le apostamos a la continuidad y culminación de los
procesos, al diseño y ejecución de programas propios, a la primacía de la
autonomía programática y conceptual, a la gestión del conocimiento, a la
retención del talento humano. Las que insisten
y persisten en dicho propósitos es porque se trata de ONG que han logrado
constituir un patrimonio propio y la mayoría de sus ingresos proviene de la
rentabilidad del mismo. Cuando en una ONG la prioridad y la estrategia están centradas
más en asegurar ingresos públicos para sostener la estructura administrativa que
incidir en el cambio, en desarrollar su propia propuesta, esa ONG pasa el
umbral e inicia la ruta del extravío y
la desnaturalización de su misión.
Aunque la cooperación
internacional al desarrollo está en retirada y á disminuido sus cuantías
monetarias, ella también impone no solo sus discursos ideológicos “primermundistas”
sobre el desarrollo sino, además, sus prioridades de agenda temática a las ONG
que buscan su financiación; financiación que logran, en el mejor de los casos,
negociando su autonomía programática y conceptual.
Al respecto opina el profesor de
la Universidad de Navarra, Nicolás F. Molina S., PHD:
“Las organizaciones del Tercer Sector no pueden reducir su accionar a
los meros hechos de apalancar recursos financieros para implementar proyectos
en las comunidades, lo que les permite a ellas mismas seguir existiendo,
implementar el proyecto, obtener unos resultados inmediatos, visibilizarlos,
rendirle cuentas a los financiadores y cerrar el proyecto. Si permanecen encerrados en este tipo de
dinámicas, descuidando la generación de aprendizajes relevantes y la generación de impactos significativos,
fácilmente pueden ser calificadas de “maquilladoras” de proyectos”.
(Una mirada crítica a la responsabilidad social: un camino necesario
para enfrentar sus retos. Nicolás F. Molina S. PHD. Centro de Pensamiento Social. Documentos de trabajo. N° 16.
Edición electrónica. 2013).
Cuando en el gobierno del
presidente Andrés Pastrana (1998-2002) llegaron los dineros del Plan Colombia
para ejecutar proyectos sociales en las zonas de conflicto se registraron en la
Cámara de Comercio de Bogotá alrededor de 700 nuevas ONG. ¿Qué queda de ellas? Y para ejecutar los proyectos
socioeconómicos de restitución a las víctimas del pos-conflicto, una vez
acordada y firmada la paz ¿Cuántas ONG
se crearan? ¿Conviene este fenómeno de oportunismo, por allegar recursos
públicos, a la buena reputación organizacional y transparencia del Tercer
Sector? De ninguna manera; pero tampoco
puede coartarse el derecho constitucional a la libre asociación. Es aquí donde
debería operar la autorregulación del Tercer Sector y los criterios de
reconocida idoneidad y experiencia de las ONG existentes por parte del Estado
al adjudicar los contratos.
No se trata aquí de desconocer los
valores humanos de las personas que trabajan con auténtica mística y sentido de
pertenencia en las ONG; tampoco negar la importancia del beneficio que las ONG
especializadas en prestación de servicios dan a la sociedad en los sectores de
la educación, la salud, la cultura, la recreación, la vivienda y a los
distintos grupos poblacionales como la infancia, la juventud, el adulto mayor,
las mujeres entre otros. Satisfacer
necesidades colectivas y aportar al bienestar general son acciones positivas,
necesarias, pero insuficientes mientras no se remuevan las causas que originan
la pobreza y la exclusión. Las ONG, muy a pesar de sus discursos y misiones
mesiánicas, actúan más sobre los efectos, procurando mitigar, no erradicar, los
sufrimientos causados por las situaciones de injusticia e inequidad de las instituciones
extractivas.
Triste destino a la que nos vemos
sometidas las ONG de primer piso: pasar por alto la dignidad institucional y renunciar,
por insuficiencia de recursos, a realizar nuestros propios ideales para llevar
a cabo los intereses, deseos y caprichos de terceros…
¿Existe y opera un Tercer Sector organizado en Colombia?
El antropólogo Rodrigo Villar es
quien más á investigado la dimensión, estructura y fuentes de ingresos del
Tercer Sector colombiano. El año que se
toma como línea base es 1995. A partir de
esa fecha hasta el presente no disponemos de cifras actuales y confiables. Urge
su actualización.
“En las 135.599 entidades sin ánimo de lucro incluidas en el estudio
encontramos que trabajan 286.861 empleados de tiempo completo o
equivalente. Esto representa un 2.38%
del empleo total no agrícola del país.
En estas mismas organizaciones aportan su tiempo para el desarrollo de
las actividades el equivalente de 90.756 voluntarios de tiempo completo. Esto significa que entre empleados
remunerados y voluntarios, el país contaba en 1995 con 377.617 personas
trabajando de tiempo completo o equivalente de las entidades sin ánimo de lucro. Este número corresponde al 3.11% del empleo
no agrícola del país…Basados en esas cifras, estimamos el peso del sector en el
la economía. Los gastos operativos
calculados para el conjunto de las organizaciones del sector nos arrojan una
cifra aproximada de US 1.7 billones. Esto equivale a un 2-1% del total del PIB
de 1995. Si se valora el trabajo
voluntario, este porcentaje asciende a 2.4%...predominan las entidades
dedicadas a la educación.”
(El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimensión y tendencias.
Rodrigo Villar. Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales.
Bogotá. 2001. Pág. 96 – 98).
En Colombia el Tercer Sector**
los conforman las fundaciones, las corporaciones y las asociaciones sin ánimo
de lucro, de origen privado, independiente del sector público, respetuosas de
la ley y el ordenamiento jurídico y a las cuales tienen acceso libre las comunidades
de acuerdo al estatuto tributario especial. El término ONG es ante todo
sociológico no tiene reconocimiento jurídico.
El Tercer Sector hace parte de la
sociedad civil pero no la representa en su conjunto. La sociedad civil incluye todo tipo de
organizaciones sociales no estatales con y sin ánimo de lucro. Su ámbito de
actuación son los legítimos intereses privados tanto de las personas naturales
como de las personas jurídicas. Lo
público estatal es el campo de lo gubernamental, lo público no estatal es el
campo del Tercer Sector. En el derecho
público el Estado y los servidores
públicos solo pueden hacer lo que la Ley les permite, mientras que en el derecho privado las personas y la sociedad civil pueden
hacer todo aquello que la Ley no les prohíbe. Esta diferencia en el pensar
y el actuar del Estado, la sociedad civil y el Tercer Sector es esencial para
no confundir las fronteras y las interrelaciones entre la institucionalidad y
los actores.
No puede afirmarse que en
Colombia existe un Tercer Sector fuerte, organizado que represente, defienda y
controvierta tesis ante el Estado o el sector privado. Es un conglomerado heterogéneo, disperso, fragmentado donde voces aisladas y
necesitadas de protagonismo tratan de expresar argumentos a favor o en contra
de una tesis o propuesta. El Tercer Sector colombiano carece de una instancia articuladora
que vincule a las universidades privadas, a las cajas de compensación, a los
gremios sociales, a las ONG, a las organizaciones comunitarias y de base, una
instancia que sea capaz de expresar ante otros actores sociales y políticos la
unidad de la diversidad del Tercer Sector, como si lo tiene el sector
privado.
¿Qué tanto contribuimos las ONG y el Tercer Sector en la creación de organizaciones e
instituciones políticas y económicas incluyentes?
Si bien la constitución política
de Colombia ordena al Estado el fortalecimiento de las organizaciones sociales
aún se carece de políticas públicas, territoriales y sectoriales, que den
cumplimiento efectivo al mandato constitucional. Sin embargo hay que reconocer
la incidencia política que sectores de la sociedad civil organizada han tenido
frente al Estado en temas como los Derechos Humanos, el fin del conflicto
armado, el marco jurídico para la paz,
el desplazamiento forzado, el derecho al reconocimiento y la reparación de las
víctimas, la restitución de tierras, el acceso a los servicios públicos, la
atención a grupos poblacionales, y los consejos territoriales de planeación, entre
otros. Y cuando la incidencia política y
la acción pública logran su cometido frente al Estado, surgen nuevos temas y
problemas sociales que ameritan del Tercer Sector su reflexión, pensamiento y
movilización ante el Estado para que
este inicie la formulación de una política pública. Como ya expresamos, las intervenciones que
hacemos las ONG son generalmente de carácter local o regional, meritorias para las comunidades que viven en esos
territorios pero que no trascienden e impactan al conjunto de una sociedad o un
país. ¿En que contribuimos las ONG y el
Tercer Sector, por ejemplo, a reducir el coeficiente Gini de la desigualdad en
el ingreso nacional? ¿Habrá forma de medirlo acaso?
Ningún país del mundo, que se
tenga noticia, ha superado la pobreza y reducido la desigualdad de su población
por la acción única de las ONG, del Tercer Sector, de la empresa privada, de la
cooperación internacional o del Estado. Es la acción conjunta, coordinada y
constante de todos los actores la que evita el fracaso y asegura el éxito de un
país.
El capital institucional del Tercer
Sector y de las ONG es ante todo
simbólico, en términos económicos no supera el 3% del PIB nacional; pero es un
capital simbólico que también es un poder ÉTICO, como nos lo dice la filósofa
Beatriz Restrepo Gallego, son un patrimonio moral de la sociedad que se guía
por los más altos valores e ideales humanos.
He aquí un elemento diferenciador de la acción del Tercer Sector y las ONG frente a otros sectores. Prácticas
como la rendición pública de cuentas y los ejercicios de transparencia son
ejemplos para el Estado y otros sectores de la sociedad. Este poder y
patrimonio ético y moral es el que nos autoriza para insistir en la creación de
nuevas instituciones económicas y
políticas incluyentes y en la reforma de las imperfectas instituciones que
tenemos.
La construcción de viviendas, de
equipamiento comunitario, de centros de salud, de colegios, etc., las debemos
tomar como un pretexto, no un fin, de nuestros objetos sociales. Un pretexto para empoderar a las comunidades,
para construir ciudadanía participante y responsable en los asuntos
públicos. Que en ello diseñemos
metodologías innovadoras y exitosos modelos de gestión, en buena hora, pero no
son las tareas más trascendentes e importante. Continuar con el camino de
seguir siendo ONG “operadoras” de los programas estatales tampoco es la vía. Crear
más ONG, tampoco. El asunto no es solo de gestionar más recursos para ejecutar
más proyectos. Mientras no impactemos en
las causas que originan las problemáticas y las desigualdades nuestro impacto
es limitado, contingente, transitorio y
residual. En el lenguaje del premio Nobel Amartya Sen de lo que se trata es de
acompañar a las comunidades en la generación de capacidades y libertades antes
que prestarles servicios pagados por terceros para tratar de disminuir
situaciones de pobreza. Se hace imprescindible escribir un nuevo guión que redefina el que hacer de las ONG.
La Encuesta de Cultura Ciudadana
de Medellín 2013 entrevistó a 2.219 personas. Una de sus preguntas indagaba
acerca de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones: la iglesia con
el 54%, los maestros con 53% y el
ejército con 44% encabezan la lista de
20 instituciones. Las ONG registraron un 23% en el municipio, 24% en el
promedio nacional, ubicándose en el puesto 11. Las cifras evidencian que existe
una brecha significativa entre la percepción que tienen las ONG de su trabajo
en las comunidades y la percepción que estas le asignan a ¿Sobrevaloramos nuestras acciones sobre las poblaciones y los
territorios? ¿Si gozamos de suficiente credibilidad? ¿Por qué no estamos
ubicadas en un mejor lugar? ¿Qué nuevas acciones, que nuevos replanteamientos
deben acometer las ONG de Medellín y las del resto del país, para mejorar la
confianza ciudadana? Son algunos interrogantes a los cuales las ONG deberíamos prestar
más atención sí pretendemos aportar a la construcción de instituciones incluyentes. (Periódico El Colombiano, 27/05/2014).
Los buenos padres son aquellos
que acuden más al ejemplo que a las palabras para educar a sus hijos. “La palabra enseña pero el ejemplo arrastra”.
¿Qué tan” incluyentes” somos las ONG con respecto a promover el desarrollo
y la conciliación de los tiempos personales, laborales y familiares de sus
empleados? ¿Qué tan social y familiarmente
responsables somos? ¿Qué tanta coherencia hay entre los discursos
misionales y su extensión a la vida institucional? ¿La prédica de un mundo mejor que alentamos
en las ONG se corresponde con el ejercicio de buenas prácticas internas?
¿Promovemos hacía adentro la gobernabilidad democrática y la convivencia
pacífica que tanto pregonamos hacía el Estado y la sociedad? ¿Aplicamos siempre
los principios del trabajo digno y decente? Preguntas pertinentes que demandan
de nuestra parte respuestas sinceras.
En cuanto al Tercer Sector es
imperativo un mayor fortalecimiento, una mejor coordinación de objetivos y
acciones entre sus organizaciones, y una mayor y mejor articulación con otros
sectores, acordar por consenso unos mínimos de unidad en la diversidad para
hacer conocer el pensamiento y escuchar la voz ante el Estado y otros actores
sociales y políticos. Que no pierda su autonomía ni se deje cooptar, tanto sus
organizaciones como sus dirigentes, por los ofrecimientos del Estado. Que delibere más en los escenarios sobre los
asuntos públicos. Que mantenga el pluralismo ideológico, la defensa de los
bienes públicos y la profundización de
las instituciones democráticas. El
Tercer Sector debe entender que si no incide en la transformación de la
concepción y el ejercicio de la política no aportará, en realidad, al cambio de
las normas, reglas e instituciones extractivas del país. Las instituciones no son creación divina, no
son inmutables, las crea, las mantiene y las cambia la sociedad. El Tercer Sector y las ONG tienen que ser más
conscientes del poder que detentan y representan en cuanto a información,
transparencia y opinión ilustrada. La timidez, los temores, la ausencia de
liderazgo y la descoordinación nos impiden ejercer a fondo tal poder.
La pregunta general que nos
debemos formular es si las ONG y el Tercer Sector contribuyen a que el Estado
cree y preserve las suficientes organizaciones e instituciones incluyentes que
erradiquen la pobreza y aseguren el desarrollo socioeconómico y prosperidad general. ¿Cómo es posible preservar y crear
organizaciones e instituciones incluyentes,
para todos, en medio de un prolongado conflicto interno que destruye vidas,
infraestructuras, atenta contra el medio ambiente y desintegra la confianza y
el capital social? ¿Cómo es posible que 15.000.000 millones de colombianos y
colombianas que habitan en las regiones rurales
y ocupan la tercera parte del territorio del país vivan al margen de las
instituciones incluyentes, sometidos al expolio de instituciones extractivas? ¿A
quiénes interesa preservar las actuales organizaciones e instituciones
extractivas que concentran el poder, mantienen la pobreza para una mayoría y
limitan la prosperidad para unos pocos?
El crecimiento y desarrollo
económico de un país no es “per se” el
objetivo principal del Tercer Sector y de las ONG. Tal como vimos no disponemos
de los recursos necesarios, ni tenemos el mandato de la ley para ello. Podemos, y de hecho lo hacemos, sumarnos a
las iniciativas estatales y de otros sectores de la sociedad cuando participamos
de alianzas público privadas.
En mi concepto los aportes más
significativos que el Tercer Sector y las ONG hacemos y podemos hacer al
desarrollo del país y a la creación de
instituciones políticas y económicas incluyentes por parte del Estado, son en
las áreas de la acción pública, de la
incidencia política y movilización de la sociedad, en la articulación programática
con otros actores sociales, en la orientación de la opinión pública sobre los
asuntos de interés general y frente a la formulación e implementación de
políticas públicas. Con el poder ético y moral que portamos y como actores
políticos, la tarea, en este sentido, es
mantener vigentes en la agenda pública nacional y en los planes de
desarrollo territoriales los temas de los Derechos Humanos, la equidad, la
convivencia pacífica, las veedurías, la preservación de los bienes públicos y
la inclusión social. No bajar la guardia ni la atención ante los excesos del
mercado, demandar más inversión y compromiso de la empresa privada y seguir
defendiendo y fortaleciendo el Estado Social de Derecho que nos legó la
constitución política de 1991. En palabras de Rodrigo Villar:
“Las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC tienen un papel
sociopolítico fundamental al retar, recrear e influir en la orientación del
sistema político, el Estado y el mercado.
La ubicación del papel central de las OSC en el modelo de
gobernabilidad, implica aceptar su rol como actores políticos y sociales y de
agentes copartícipes en el rediseño institucional”. (Op.Cit. pág: 140).
*ONG de primer piso: son aquellas entidades que ejecutan en forma directa los proyectos acudiendo a la cofinanciación del Estado, la empresa privada, la cooperación internacional y la filantropía. ONG de segundo piso: son aquellas entidades que no ejecutan en forma directa los proyectos sino que cofinancian a las ONG de primer piso.
**En Colombia las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales no hacen parte del Tercer Sector sino del Sector de la Economía Solidaria. Para el 2012 este sector estaba conformado por alrededor de 8.263 organizaciones que representaban el 5.1% del PIB del país, equivalente a $29 billones. Diario La República. Domingo 12 de enero de 2013.
